El contralor general de la República, Camilo Benítez, reivindicó la función constitucional del organismo extrapoder de control, el cual preside, ante la consulta sobre su parecer a la propuesta de elimina­ción de la Secretaría Nacio­nal Anticorrupción. Al res­pecto, manifestó que si bien suena mal, la intención de eliminar un organismo de control, este en particular no responde a normativas constitucionales porque fue creado por decreto presiden­cial y no tiene un sustento legislativo constitucional.

El alto funcionario que acu­dió ayer al Congreso Nacio­nal, fue abordado sobre este tema, en lo que señaló que la Contraloría General de la República es un organismo extrapoder constituido en la misma Constitución Nacio­nal, al igual que fueron cons­tituidos los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legisla­tivo y Judicial. No obstante, aclaró que sus declaracio­nes no las hacía preopinando sobre la pertinencia o no de la propuesta de eliminación de la Secretaría Nacional de Anticorrupción.

“El sistema republicano paraguayo funciona a tra­vés de una Carta Magna, que organiza el Estado en tres poderes, que tienen organis­mos extrapoder; la Contra­loría General de la República es un organismo extrapo­der constitucional y es la entidad fiscalizadora supe­rior del Paraguay. Si bien, la Secretaría Nacional Anti­corrupción es una instan­cia de control, pero no tiene un sustento constitucional que la constituya, ya que fue creada simplemente por decreto hace 10 años y obviamente, nosotros siem­pre sostuvimos que el orga­nismo de control constitu­cionalmente establecido es la Contraloría”, enfatizó.

Al respecto, señaló que desde siempre sostienen una mayor inversión en la institución, que es el organismo constitu­cional de control del Estado. “Suena un poco mal que se eliminen organismos de con­trol, pero este organismo en particular desde el punto de vista legal, analizando el sis­tema constitucional, no res­ponde al ordenamiento jurí­dico constitucional. Para mí no es desatinada la propuesta, ojalá esto traiga como conse­cuencia que el Congreso dé mayores presupuestos a la Contraloría General y, por supuesto, eso no significa que el Gobierno vaya a perder su política de anticorrupción”, remarcó.