El pasado 19 de julio, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue impu­tado por lesión de confianza tras un presunto perjuicio patrimonial a la comuna de G. 1.769.790.000 en la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias humildes en abril de 2020.

Ayer miércoles se sumó una nueva denuncia contra el jefe comunal, alegando un daño patrimonial a la comuna de G. 14.243.328.758 durante el ejercicio 2022, aparte de G. 32.298.679.888 de los perio­dos 2019, 2020 y 2021.

Un grupo de ciudadanos pre­sentó una denuncia ante la mesa de entrada de la Fisca­lía de Ciudad del Este. Mani­festaron que el perjuicio se debe a una mala aplicación de los recursos por impuesto inmobiliario, del fondo espe­cial para pavimentación y el fondo de conservación para pavimentos, correspon­diente a varios periodos de ejercicio municipal.

El mencionado grupo había remitido al intendente una nota con las consideracio­nes correspondientes en torno a las irregularidades encontradas, aparte de faci­litar otro documento a la Junta Municipal para que tenga en cuenta las infor­maciones recabadas a la hora de realizar la revisión correspondiente en torno a la ejecución presupuestaria de 2020.

Antes que tomar medidas correctivas, de acuerdo con los denunciantes, se reci­bieron una serie de excu­sas y falta de resoluciones sobre las irregularidades presentadas.

El grupo de ciudadanos consideró además que este tipo de prácticas era común por parte del ahora impu­tado intendente, más aún teniendo en cuenta que en 2022 se repitió la misma situación de notificar a Prieto y a la Junta sobre una irregularidad, sin reci­bir ningún tipo de respues­tas al respecto.

Por otra parte, el juez Hum­berto Otazú ya fijó para el 3 de agosto, a las 11:00, la audiencia de imposición de medidas cautelares para el actual intendente de Ciu­dad del Este. En la citada diligencia judicial se defi­nirá si Prieto va a estar recluido o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.