En la jornada de ayer la Justicia Electoral confirmó la aprobación de la Resolución n.° 175 que establece el procedimiento para la presentación de iniciativas populares.
El contenido del Anexo I de la referida resolución tiene por objeto establecer los mecanismos para la recolección de las firmas ológrafras y electrónicas que permitan impulsar proyectos de ley u ordenanzas municipales por vía de la iniciativa popular.
Asimismo, se pretende establecer los procedimientos para su validación, certificación y posterior comunicación a las autoridades correspondientes.
La tramitación de proyectos de ley por vía de la iniciativa popular será efectuada a través de la comisión promotora conformada para el efecto, la cual deberá estar integrada por cinco electores, según lo establecido por el TSJE.
Posterior a la redacción del proyecto, los promotores deberán presentar una solicitud por escrito al Tribunal Electoral de la capital de turno para tener autorización para la recolección de firmas, tanto manuscritas como electrónicas.
Tras culminar la etapa pertinente en la Justicia Electoral, la misma comisión promotora tendrá a su cargo remitir el proyecto de ley impulsado ante el Congreso Nacional para su respectivo estudio.
Todas las disposiciones emanadas del documento están a disposición de la ciudadanía y se encuentran disponibles en la página web del TSJE.
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Diputados pide informe sobre límites entre Ñeembucú y Misiones
La Cámara de Diputados aprobó esta semana dos proyectos de resolución que piden informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Dirección del Servicio Geográfico Militar (Disergemil), sobre la demarcación de límites entre los departamentos de Misiones y Ñeembucú.
El pedido fue promovido por los diputados Carlos Arrechea (ANR-Misiones) y Arnaldo Valdez (PLRA-Misiones). La Cámara de Diputados logró el acompañamiento del plenario en la última sesión extraordinaria. El objetivo es investigar los límites reales entre ambos departamentos de manera a dirimir el conflicto que existe entre los municipios de Yabebyry, Misiones, y los municipios de Laureles y Cerrito, del departamento de Ñeembucú.
De acuerdo al documento aprobado, se solicita al Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente a la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, remitir los antecedentes históricos de los últimos 12 años con relación a los límites distritales de los municipios de Yabebyry, Laureles y Cerrito.
A su vez, piden que sean remitidos los planos actualizados de los mencionados distritos, con sus correspondientes coordenadas georreferenciales y detalles de los instrumentos jurídicos que certifican y aprueban la delimitación departamental entre los departamentos de Misiones y Ñeembucú. Asimismo, requieren los datos específicos de los instrumentos jurídicos que certifican y aprueban la delimitación distrital entre los citados municipios.
El otro proyecto de resolución aprobado requiere a la Dirección del Servicio Geográfico Militar la remisión de instrumentos jurídicos que certifican y aprueban la carta topográfica de los límites departamentales de los departamentos de Misiones y Ñeembucú. Además, solicita remitir la carta topográfica actualizada de los departamentos de Misiones y Ñeembucú. Se establece un plazo de quince días para la contestación de los documentos solicitados.
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Piden justicia para paraguayo asesinado en Argentina por guardia de estación de tren
Familiares de Miguel Morínigo, paraguayo residente en Argentina, que fue asesinado el 2 de diciembre del 2023 mientras volvía de su lugar de trabajo por un guardia, denunciaron este martes que hasta ahora las investigaciones no avanzan y que el supuesto autor sigue libre con total impunidad.
El terrible hecho quedó grabado en imágenes de cámaras de seguridad de la estación de Villa Lugano, donde se puede ver como la víctima, de 46 años, iba caminando sobre la vereda en una parada de trenes y fue interceptado por el guardia Elías Colmán. El hombre se desempeñaba como albañil y estaba regresando de su lugar de trabajo.
El guardia de la estación aparentemente lo increpó, pero la víctima decidió seguir su camino, al ser ignorado, el atacante decide empujarlo, pese a que Miguel estaba rengueando y con dos bolsones en las manos. Tras ser empujado y agredido, Miguel intentó lanzar algunos golpes para defenderse, pero el funcionario le da un golpe fatal a la altura del rostro, lo que hace que la víctima se desplome. Morínigo quedó tendido en el suelo y presentó muerte cerebral, mientras el acusado alegó que lo encontró en el banco.
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Piden cambio de carátula
“Estamos pidiendo que se cambie la carátula del caso de mi hermano. La causa ahora está en la Cámara 5 de Apelaciones y pedimos que se haga justicia por Miguel”, explicó Lucy Morínigo, hermana de la víctima, en entrevista con La Nación/Nación Media.
La familia, que se encuentra en el vecino país, se reúne todos los días y sale a las calles para pedir justicia, para que el supuesto autor de crimen sea puesto tras las rejas. Lucy afirmó que las pruebas están a la vista y que el hombre igual mintió a las autoridades con relación a cómo ocurrieron los hechos.
Sigue libre
“El autor del terrible crimen de mi hermano sigue libre. Pedimos que Colmán sean acusado por homicidio culposo o alevoso, queremos que sea cambiada la carátula del caso que figura como preterintencional (significa más allá de la intención)”, puntualizó para La Nación.
Agregó que el hombre tras dar el golpe fulminante a su hermano manipuló el cuerpo e incluso le revisó, por lo que sospechan que le sacó la tarjeta de pase para el viaje. Además, llamó tarde a la ambulancia para sus correcta asistencia y mintió a los oficiales que llegaron al sitio.
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Falsifican resolución para amparar a presunto sicario
El beneficiado con ese documento fue el presunto sicario Éder Rolando Giménez Duarte, quien responde a un proceso penal por el fallido atentado que, en marzo del año 2022, sufrió el considerado capo mafioso Ederson Salinas, más conocido en el submundo delictivo como Ryguasu.
De acuerdo a los datos, utilizando una falsa resolución de la Cámara de Apelaciones de la circunscripción judicial de Amambay, el peligroso matón a sueldo levantó la orden de detención que existía en su contra.
La sospecha es que el documento habría sido elaborado por el abogado Esveraldo Dutra Júnior, actuario del Juzgado Penal de Garantías del primer turno de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Tras saltar a luz el hecho, el profesional del derecho presentó formal renuncia al cargo y, como arte de magia, desapareció de la zona.
La maniobra que posibilitó levantar la orden de captura del considerado peligroso sicario Giménez Duarte, saltó a luz después que agentes del departamento contra el Crimen Organizado de la Policía pararon al hombre durante un control de rutina.
Grande fue la sorpresa de los uniformados cuando Éder Rolando exhibió una resolución donde se dejaba sin efecto la orden de captura que existía en su contra. Ante esa situación, lo dejaron que siga su viaje.
Esa situación alertó a los agentes policiales quienes resolvieron contar lo sucedido al fiscal Lorenzo Lezcano, de la Unidad Antisecuestro.
El hecho motivó al representante del Ministerio Público a llamar, por teléfono, al magistrado Luis Alberto Benítez Noguera para consultarle sobre la situación jurídica del presunto sicario.
Fue ahí que se enteraron de que se trataba de una resolución falsa. “Adulteraron mi firma, la de los magistrados Modesto Cano Vargas y Luis Alberto Benítez Noguera”, confirmó el doctor Bartolomé Domínguez, miembro del Tribunal de Apelación de Amambay.
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Autoridades de justicia y fuerzas públicas buscan implementar acciones en políticas criminales
Este martes se desarrolló una reunión entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el ministro del Interior, Enrique Riera, en el marco de la implementación de las acciones de políticas criminales. El objetivo es buscar destrabar y acelerar los procesos judiciales y un trabajo coordinado entre todas las instituciones involucradas en la justicia.
La ministra de la Corte, Carolina Llanes, explicó que con esta reunión se reactivó la cumbre de poderes, con el objetivo de definir los procesos, de manera a que todo el sistema pueda desarrollarse con fluidez y los resultados puedan ser positivos.
“Retomamos la cumbre de poderes que fuera realizada a inicio de la asunción del gobierno del presidente Santiago Peña, a los efectos de poder definir primeramente las líneas de política criminal del Estado paraguayo y establecer las estrategias y las acciones a los efectos de poder cumplir con los objetivos que hemos definido”, indicó tras la reunión.
El ministro del Interior, Enrique Riera, por su parte explicó que se solicitó esta reunión a fin de hablar de los temas que ocupan a estas instituciones. “La Policía es auxiliar de la justicia, en tanto la justicia pueda funcionar coordinadamente, tanto el sector que de alguna manera representa a la sociedad, sostiene y acusa, como los que juzgan”, apuntó. Detalló que la idea es, en el corto plazo, incorporar una mesa interinstitucional en el marco de la seguridad y la justicia, con compromisos puntuales que serán incluidos en el transcurso del desarrollo de la mesa de trabajo.
“También la idea es, en el corto plazo, incorporar e intentar, amparado con ese documento original, que nazcan otros compromisos más puntuales que sería como una mesa interinstitucional por la seguridad y la justicia, en la cual estaría la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Legislativo, el Ministerio del Interior”, expresó.
La ministra dijo que este tipo de reuniones se irán dando periódicamente, también con reuniones rotativas para continuar con este trabajo coordinado e identificar los problemas estructurales de la justicia. A su vez, el fiscal general, Emiliano Rolón, indicó que “la respuesta rápida es que hay intención en el sistema de justicia penal, esencialmente, en las reacciones rápidas en la necesidad de contar con mayor eficacia en la perspectiva de tener mayor operatividad”.
Además de ir formulando entre las instituciones acuerdos y convenios para dar respuesta rápida a la ciudadanía. “La acción concreta es la necesidad de ir formulando acuerdos, convenios marcos, a instalar para que precisamente esa actividad coordinada sea percibida por la comunidad y también por los medios de prensa, que son los vectores y también los informantes de todo lo que sucede”, sentenció.
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