Con el nuevo operativo (Pavo Real) el monto de los bienes decomi­sados ascienden a 650 millo­nes de dólares. La legislación que regula los bienes comi­sados señala que su objeto es establecer los procedimientos para la recepción, identifica­ción, avalúo, inventario, regis­tro, administración, man­tenimiento, preservación, custodia y destino de los bie­nes incautados o comisados de interés económico o de valor equivalente bajo los princi­pios de eficiencia y transpa­rencia de la función pública.

Los bienes decomisados son de diversa índole. Van desde casas, mansiones, departa­mentos, terrenos, pasando por otros activos como autos, avionetas, helicópte­ros, embarcaciones, llegando a depósitos de dinero en gua­raníes, monedas extranjeras, bonos, acciones, joyas, mue­bles, maquinarias, etc.

Una de las críticas que se lan­zan en torno a los recursos que se expropian de grupos crimi­nales, es el nivel de moneti­zación de los bienes que se tiene, así como el modo como se transfiere al Estado y de él a los privados que los adquieren, los precios en que se tasan, los procesos de remates, entre otros aspectos.

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La titular de la Senabico, Teresa Rojas, señaló que los largos procesos judiciales que enfrentan los acusados de poseer bienes obtenidos con dinero del crimen, determi­nan en muchos casos que los productos que les son expro­piados, sufran depreciacio­nes por el paso del tiempo y la exposición. Esto, en lo que se refiere a automóviles, mue­bles, maquinarias, etc. En cuanto a inmuebles, también sufren embates que requieren cuidados.

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