El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez, presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

El requerimiento obe­dece a la instalación de un esquema mon­tado en la institución para filtrar informaciones con­fidenciales para el inicio de investigaciones digitadas hacia los considerados ene­migos políticos del gobierno saliente. “Debemos llegar a la verdad porque la Seprelad está siendo utilizada como un garrote político para el terro­rismo de Estado”, dijo a través de sus redes sociales oficiales el parlamentario del Partido Colorado.

Al respecto, el documento que deberá ser aprobado o rechazado en la plenaria refiere que surge tras las rei­teradas denuncias de filtra­ciones de informes de inteli­gencia y el esquema montado por el actual gobierno den­tro de la Seprelad mediante la elaboración de informes secretos, que contienen datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtra­dos para perjudicar a perso­nas físicas y jurídicas ino­centes, con fines netamente políticos.

La solicitud realizada requiere informar sobre la normativa legal que debe considerarse para el procedimiento de codi­ficación de los nombres de los sujetos obligados y de los ana­listas financieros de la Unidad de Inteligencia Financiera Seprelad (UIF). Esto para la elaboración de los informes que deben ser remitidos a los órganos jurisdiccionales y a otras entidades del Estado.

Además el parlamentario soli­cita reportar si existen infor­mes que se hayan elaborado sin ajustarse a las normativas legales. Además, comunicar sobre los requerimientos para iniciar una investigación por parte de la Unidad de Inteli­gencia Financiera y si se per­mite hacerlo de oficio y en qué casos se aplica.

La institución también deberá informar y remitir la nómina completa del per­sonal y los que fueron des­vinculados durante el 2023 (renuncias al cargo, término de comisionamientos, tras­lados, término de contratos).

A la vez deberá detallarse los cargos que ocupaban y las remuneraciones que per­cibían en forma mensual desde el año 2021, 2022, 2023 hasta la fecha, con las copias de todos los documentos res­paldatorios.

También deberá informar sobre los actos de administración y de disposición realizados por la Seprelad. Para la entrega de los datos se establece un plazo de 15 días hábiles para remitir el informe en formato impreso y/o magnético de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Documentos a los que accedió La Nación Media indican que la Seprelad, bajo la adminis­tración de Carlos Arregui, era la que proveía información seleccio­nada dirigida a los enemigos políticos del gobierno.

La viceministra Carmen Pereira figura como la principal operadora, quien ordenaba a sus leales la inclusión de personas en la lista a ser investigadas en total violación a los procedimientos internos de la Seprelad, teniendo en cuenta que ni siquiera se habían generado reportes sospechosos ni pedidos de instituciones como el Ministe­rio Público o la Contraloría General de la República.

En mayo del 2021 ya se había presentado una denuncia por parte del abogado Ricardo Preda.

“Hagan denuncia responsable y yo les voy a atender” fue lo que respondió el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, cuando se le consultó si el Ministerio Público investigaría las filtraciones de informaciones que se dieron desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y sobre la cual ya se hizo una denuncia en el 2021.

En mayo del 2021 ya se había presentado una denuncia por parte del abogado Ricardo Preda, en representación de Santiago Peña, quien en ese momento se desempeñaba en el sector privado, y cuyos datos confidenciales fueron divulgados a través de redes sociales.

Pese a que ya se formuló una denuncia formal, con un recuento de cómo sucedieron los hechos, en conversación con la 650 AM, el fiscal general del Estado no tomó en cuenta este hecho y apuntó contra la prensa por informar respecto a las filtraciones de Seprelad. Además de reconocer que solo lee lo publicado por un medio escrito.

“No tenemos una denuncia oficial en ese sentido, es apenas una información periodística que debe ser cotejada”, manifestó Rolón y señaló que lo publicado por la prensa son apenas menciones genéricas que no sirven al Ministerio Público para actuar de oficio.

“No puedo decir que tiene conductas delictuales sin precisar momentos fechas, evidencias, hay una mención genérica que por de pronto es una información generalizada que no tiene precisión que nos permita afirmar que tenga posibilidad de investigación amplia”, sostuvo.

En contrapartida a lo expresado por Rolón, la denuncia presentada por Preda es específica en cuanto a que las filtraciones sobre los ingresos de Peña como directivo de un banco privado, se pudieron dar a través de la Seprelad, institución que cuenta con dicha información.

En el petitorio se solicita que el Ministerio Público actúe en la brevedad posible, teniendo en cuenta que se adjuntaron evidencias sobre la filtración de información. A pesar de que ya transcurrió más de un año, aún no hay una investigación por parte de la Fiscalía y ante la presión de la prensa, Rolón desmeritó el trabajo periodístico aludiendo a que la insistencia se basaba en una estrategia de la defensa.

“Si es una perspectiva que traza la defensa técnica, que lo ponga procesalmente, no a través de los medios de prensa”, refirió Rolón y añadió. “Yo sé que este es un mecanismo probablemente ideado por la defensa como estrategia, pero son estrategias que deben usar en el proceso”.