Alrededor de las 10:00 de ayer, se confirmó la partida del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, junto con su esposa Silvana López Moreira, primera dama de la nación, rumbo a Inglaterra para participar de la coronación del rey Carlos III, mañana sábado 6 de mayo.
Desde la Presidencia habían señalado en primera instancia que el viaje se había cancelado por la crispación social tras las elecciones generales, causada por Paraguayo “Payo” Cubas y sus adherentes, se reanudó por la calma que se observa luego de dos días tensos. Decidió viajar pese a las innumerables críticas y cuestionamientos en redes sociales por la situación social.
La ceremonia de Carlos III y Camila tendrá lugar mañana sábado en la Abadía de Westminster en el centro de Londres. Se espera contar con más de 2000 personas entre jefes de Estado, reyes y miembros de las diversas monarquías del viejo continente, según informó la agencia de noticias AFP. El jefe de gabinete del Palacio de Gobierno, Hernán Huttemann, indicó que el regreso del mandatario está previsto para el domingo.
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La salud de Carlos III se estaría “deteriorando progresivamente”
El pasado 5 de febrero el Rey Carlos III anunciaba al mundo, a través de un comunicado, que había sido diagnosticado de “una forma de cáncer”, descubierto tras someterse a una operación por agrandamiento de próstata varios días antes.
Dicho texto, en el que no se daban detalles del tipo de tumor -aunque sí se aclaró que no sería de la próstata- se informaba que el monarca había decidido hacer pública su enfermedad para “evitar especulaciones” y con la “esperanza” de poder “ayudar a todos aquellos afectados por el cáncer”.
Desde entonces han pasado casi 3 meses, en los que el hijo de la Reina Isabel II, de 75 años, ha cancelado casi por completo su agenda oficial para someterse a un tratamiento contra la enfermedad.
Más detalles del cáncer ni del tratamiento no se conocen, aunque se especula con que no sería ni quimioterapia, ni radioterapia, sino un método pionero y menos agresivo.
A pesar de que sus apariciones han sido contadas en este tiempo, y es evidente que ha perdido peso, lo cierto es que se le ha visto con muy buen estado.
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La última fue el 21 de abril -día en el que la Reina Isabel hubiese cumplido 98 años- cuando se dejó ver al volante de su propio coche con la Reina Camilla asistiendo a un servicio religioso en una iglesia cercana al Palacio de Balmoral, en Escocia.
Una imagen tranquilizadora que contrasta con las informaciones que se han dado en las últimas horas sobre el estado del Rey Carlos en medios de comunicación como el New York Post, donde se han atrevido a aventurar que la salud del soberano británico se estaría “deteriorando progresivamente”.
Según dicho periódico, la situación sería tan preocupante que Buckingham habría puesto en marcha la maquinaria para el “inminente funeral” del padre de los príncipes Guillermo y Harry.
Y es que a pesar de que continúa su batalla contra el cáncer, fuentes cercanas habrían revelado que se encuentra “mucho peor de lo que dejan entrever, realmente mal”.
De ahí que los preparativos para su funeral -que se pusieron en marcha por protocolo al día siguiente del entierro de Isabel II-, denominado “Operación Puente Menai” y planeado desde hace mucho tiempo, se estarían “actualizando activamente”.
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Esto para que todo estuviese perfectamente detallado si el desenlace fuese próximo como especula la prensa norteamericana, ya que la británica mantiene un silencio absoluto sobre este tema.
Mientras los rumores sobre el empeoramiento de Carlos III no dejan de aumentar, nada se sabe del estado de Kate Middleton y de cómo está sobrellevando el tratamiento contra el cáncer que hizo público, acabando con las especulaciones, el pasado 22 de marzo en un vídeo que conmovió al mundo.
Alejada del foco mediático y centrada en sus hijos y en su recuperación, la Princesa de Gales cuenta con el apoyo incondicional del Príncipe Guillermo, que ha reducido considerablemente su agenda para estar al lado de su mujer en estos durísimos momentos.
Fuente: Europa Press
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Claves de la operación “garrote” montada por Abdo y su gavilla
La causa penal abierta contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete posee un cúmulo de pruebas presentadas por la Fiscalía. Testimonios, pericias y varios documentos sustentan la denuncia por persecución política alegada por el denunciante, el expresidente Horacio Cartes.
Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chicanas presentadas por los abogados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pendiente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual diputado, Mauricio Espínola.
Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, principalmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcionarios que colaboraron para esclarecer el caso.
La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fiscal atacando a los fiscales que investigaron el caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
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La extitular de Petropar, primera condenada del entorno de Abdo
Patricia Samudio, extitular de Petropar, fue condenada a cuatro años de prisión por las compras irregulares durante la pandemia de coronavirus. De esta manera se convirtió en la primera del entorno del expresidente Mario Abdo Benítez en ser condenada por hechos de corrupción.
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió ayer en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
SUPUESTA COIMA DE NARCO
Otro de los procesados del entorno de Mario Abdo Benítez es el exsenador y exministro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio.
El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que alquiló una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marques.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
OTRO AMIGO DE NARCOS
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.
Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY. En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
ABDO, ARREGUI, FERNÁNDEZ, GIUZZIO Y ESPÍNOLA
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.