El abogado de Efraín Alegre alegó primeramente que la causa denunciada ante la Fiscalía ya prescribió, luego que su defendido ya fue sobreseído. Sin embargo, en forma irresponsable y con intenciones de confundir a la opinión pública mostró un caso de una denuncia ciudadana que nada tiene que ver con la Auditoría del Poder Ejecutivo (era Lugo) que constató tragada de US$ 37 millones, también ignoró el informe de Contraloría (2009) que evidencia desfalco de US$ 72 millones. Inicialmente, el candidato de la Concertación había negado la existencia de las auditorías, luego su abogado Guillermo Duarte Cacavelos lanzó varias mentiras.

  • Por Jorge Torres Romero.

Mientras Efraín Alegre alega que la acusación de tragada durante su admi­nistración en el MOPC es parte de una ficción, su pro­pia defensa reconoce que los hechos sindicados ya pres­cribieron, al transcurrir varios años de los informes de auditorías. Sin embargo, esta prescripción no anula la existencia de la situación certificada en dos informes de auditorías: una corres­pondiente a la Presidencia de la República y otra a la Contraloría.

La otra mentira del abogado Guillermo Duarte Cacave­los se basó en que supues­tamente su cliente ya fue investigado y sobreseído, pero mostró un escrito rela­cionado a una denuncia ciu­dadana que nada tiene que ver con las denuncias referi­das en la Auditoría del Poder Ejecutivo y a la Contraloría General de la República.

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Primeramente, Alegre negó la existencia de la Auditoría del Ejecutivo.

Bajo la premisa de la pres­cripción, el abogado Duarte Cacavelos lleva adelante la “defensa” del candidato pre­sidencial Efraín Alegre en el marco de la causa abierta en la Fiscalía a raíz de la denun­cia hecha por el senador colo­rado Martín Arévalo contra personas innominadas por la supuesta tragada en el MOPC durante la adminis­tración del liberal.

A través de sus redes socia­les, Duarte Cacavelos esgri­mió que este proceso se rea­liza de manera irregular, ya que no se pueden investigar los hechos prescritos, al estar indagándose hechos que ocu­rrieron en el 2011.

Un aspecto que llamó la aten­ción es que la defensa se cen­tra en el vencimiento del plazo y no así en negar las supuestas irregularidades cometidas durante la ges­tión pública de su cliente, ya que el hecho de que haya prescrito no significa nece­sariamente que el delito no haya sucedido. En contra­partida a esa posición en el plano jurídico, el político insiste mediáticamente en que la supuesta malversa­ción de fondos en el MOPC es una ficción promovida por el cartismo en su contra, lo cual termina contrastando con la línea de defensa asu­mida por su abogado.

El abogado de Alegre, Guillermo Duarte Cacavelos, dijo que el caso contra Efraín ya prescribió confirmando la existencia de la auditoría.

También dicha posición se contrapone al testimonio dado por el propio jefe del equipo de auditores, Héc­tor Godoy, quien es director general de Control Interno de la Auditoría del Poder Eje­cutivo. Este perito confirmó la veracidad del documento que expone irregularidades por valor de US$ 37 millo­nes, los cuales se distribu­yen entre casos de planille­rismo, obras paradas, rapiña de combustibles, maquina­rias, licitaciones amañadas, entre otras “perlitas”.

La Fiscalía, a cargo de la agente Marlene González, ya tiene en sus manos este informe de auditoría de la Presidencia que estuvo cajo­neado por años. La intervi­niente ya anunció que desde esta semana comparecerán a prestar declaraciones testifi­cales los auditores que certi­ficaron la aparente rapiña del dirigente liberal.

Por otra parte, el denun­ciante Martín Arévalo acu­dió el jueves pasado al Minis­terio Público para ampliar su denuncia con base en otra audi­toría realizada por la Contra­loría del ejercicio fiscal 2009, encomendada por el enton­ces contralor liberal Augusto Airaldi, ocasión en la que se detectó un perjuicio de US$ 72 millones, por pagos efec­tuados de más al no compro­bar el avance real de las obras, falencias en los registros con­tables, bienes públicos sin títu­los de propiedad, falta de con­trol para registrar los ingresos de la institución, entre otros hechos de corrupción.

Sumando ambas audito­rías financieras practicadas a la gestión de Efraín Ale­gre durante su paso como ministro de Obras Públicas, se habla de un aparente feroz agujero de US$ 109 millones en solo dos años y medio de administración.

El miércoles pasado, el abogado de Alegre dijo que su cliente ya fue sobreseído y mostró un escrito que no tiene nada que ver con la denuncia y el informe de dos autorías utilizadas para la denuncia ante Fiscalía.

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