“La caja negra” tuvo acceso exclusivo a correos electrónicos y documentos de carácter confidencial que dejan en evidencia cómo se pretendería torcer un plan de trabajo contra el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, al utilizar instituciones del Estado, como la Seprelad, con el aparente fin de montar causas para perjudicar a adversarios políticos. La maniobra, montada desde la secretaría a cargo de René Fernández, tendría como único fin la persecución al ex presidente Horacio Cartes.

• Por Jorge Torres Romero

Bajo la coordinación de la Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Paraguay se encuentra actualmente en plena tarea de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR). Esta es una medida imple­mentada por recomendación del Grupo de Acción Finan­ciera Internacional (GAFI) y busca identificar las amenazas y vulnerabilidades en cuanto al lavado de dinero y finan­ciamiento del terrorismo. Sin embargo, el apuro y presión que hay en torno a este tra­bajo denotarían que en reali­dad existe otro fin oculto.

“La caja negra” accedió a un correo de fecha 20 de febrero de este año, que fue enviado por la Dirección de Relacio­nes Públicas e Internacionales de la Seprelad a funcionarios y autoridades de institucio­nes como el Banco Central del Paraguay, Senad, Minis­terio Público, Migraciones, Secretaría de Inteligencia, Dinapi, Contraloría, Aduanas, Hacienda, entre otros. Allí se detalla que la evaluación está compuesta de dos fases. La primera consiste en la reco­lección de información hasta el 31 de diciembre del 2022. La segunda corresponde al análisis de los datos que ser­virán para redactar la conclu­sión, cuyo primer borrador debe estar listo el 15 de abril del 2023.

En este documento se puede apreciar la presión que rea­liza la Seprelad para que las instituciones remitan sus informes mediante su plata­forma creada para el intercam­bio de información. Entre los entes públicos que habían sido requeridos estaba la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), a la cual la Seprelad pedía datos sobre procedi­mientos de control aéreo rela­cionado al financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, del periodo comprendido entre el 2019 y el 2022.

Más datos exclusivos exponen que el 31 de marzo del 2023, el ministro de la Seprelad, René Fernández, remitió una nota a Félix Kanazawa, titular de la Dinac, para reclamar que se incumplió con el plazo estable­cido (el 28 de febrero) para que su institución brinde una res­puesta al pedido hecho.

De modo de ejercer pre­sión, Fernández advirtió en su misiva a Kanazawa que la falta de información iba a figu­rar como vulnerabilidad en el documento final y que esa cali­ficación acarrearía consecuen­cias. Por ello, emplazó a que la información sea proporcio­nada a más tardar el 4 de abril del 2023, fecha en que final­mente se cumplió con el envío de las respuestas, según memo­rándum interno de la Dinac.

En total fueron cuatro los pun­tos que la Seprelad requirió a la Dinac, entre los cuales figuró el protocolo que se utiliza cuando se identifican a personas, sean nacionales o extranjeras, que integren vuelos procedentes de o con destino al territorio nacional y que estén identifi­cadas en las listas de las perso­nas designadas por las Nacio­nes Unidas, la OFAC, Interpol, Unión Europea, entre otros.

La Dinac respondió a la con­sulta que no cuenta con regis­tros que coincidan con la lista de los organismos menciona­dos, y aclaró que la institución siempre provee informaciones cuando estas son requeridas por los organismos de seguri­dad del Estado.

Aquí resulta llamativo que la Seprelad incluya la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para pedir informes a la Dinac, cuando esta nómina solo tiene alcance en territorio norteamericano y no existe forma legal de tras­ladar el listado al Paraguay para que tenga consecuencias migratorias. En el plano jurí­dico, no existe convenio en la Dinac para acceder y utilizar dicha base de datos con el fin de detener o retener a una persona o una aeronave (a menos que haya una resolución judi­cial o administrativa).

Entonces, ¿qué pretende la Seprelad al recabar informa­ción sobre procedimientos migratorios y aeroportuarios en relación con personas lis­tadas en la OFAC? ¿Cuál es el verdadero interés de René Fer­nández con este pedido?

Es más, en otro punto de su requerimiento, la Seprelad solicitó a la institución indicar si entre los años 2019 y 2022 fueron identificadas personas designadas en algunas de las listas de sanciones financie­ras relacionadas al terrorismo y su financiamiento. Pidió asi­mismo que se proporcione la totalidad de casos identifica­dos, clasificando la cantidad de personas cada año, especifi­cando la nacionalidad y si tuvie­ron entradas o salidas del país.

Ante este pedido, la Dinac res­pondió que a la fecha no se con­taban con datos estadísticos sobre esa consulta, y además recordó a la Seprelad que en los aeropuertos internacionales se encuentran apostados organis­mos gubernamentales que se encargan del control fronterizo.

Con esta fijación de la Sepre­lad en las listas de sancionados, surge la duda si la institución pretende aplicar una norma de EEUU para que tenga conse­cuencias migratorias en Para­guay o cuál sería el propósito de estos pedidos.

Según fuentes, estas consul­tas hechas por René Fernán­dez estarían ajenas al plan anti­lavado y más bien guardarían relación con la búsqueda de cualquier elemento o infor­mación que pueda ser utilizado para “montar” alguna causa en contra del ex presidente Hora­cio Cartes.

La sospecha cobra fuerza con los antecedentes que existen al respecto. El propio ex ministro de Educación Eduardo Petta confirmó públicamente que, ni bien Mario Abdo Benítez llegó al poder, conformó su gabinete con cinco ex fiscales, citando a Carlos Arregui, Emilio Fús­ter, René Fernández, Arnaldo Giuzzio y él, para dar continui­dad a una investigación contra Horacio Cartes.

Fue así que Giuzzio, ex minis­tro del Interior destituido por presuntos vínculos con inves­tigados por narcotráfico, denunció personalmente al ex mandatario por un supuesto esquema de lavado de dinero y hechos ilícitos dentro del Grupo Cartes sin presentar pruebas fehacientes.

A su vez Fernández, siendo titular de la Secretaría Nacio­nal Anticorrupción, rubricó un informe sobre las empre­sas Tabesa y Tabacos USA, señalando supuestos lavados de activos. En tanto que Arre­gui, como ministro de la Sepre­lad, filtró al Congreso unos documentos donde atacaba al Grupo Cartes, y que fueron calificados como “mamotreto” porque no contenían elemen­tos nuevos, sino que eran frag­mentos del informe de Giuzzio.

La presión con que se está encaminando el nuevo tra­bajo de la Seprelad, de vuelta de la mano de René Fernán­dez, hace sospechar de un entramado orquestado por el Gobierno para un aparente ataque político bajo el ropaje de la lucha contra el lavado de activos, pero que en la práctica sería una tosca maniobra con fuerte tufo a persecución.