El Senado elaboró un dossier con 18 casos considerados “emblemáticos” que a criterio de algunos legisladores estarían “durmiendo” en el Ministerio Público y entregaron a Emiliano Rolón, quien el próximo 9 de marzo jura como nuevo fiscal general del Estado. Llamativamente, en el documento no aparecen dos causas claves incluso señaladas en el informe de Gafilat, que tienen que ver con lavado de dinero. Uno tiene que ver con la supuesta participación de entidades financieras, entre ellas el banco Atlas del grupo Zuccolillo, que otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones al tractorista de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, detenido en el Brasil por narcotráfico y el otro relacionado a la denuncia de la Conmebol sobre lavado de dinero del ex dirigente Nicolás Leoz, quien utilizó el banco de la familia Zuccolillo para blindar dinero de origen ilícito.

• Por Jorge Torres Romero

Hasta un minúsculo caso que afecta a una funcionaria de menor rango del Ministerio Público, quien fue sumariada por la institución por haber posteado en redes sociales temas inherentes a la ins­titución, figura entre los 18 casos “emblemáticos” que el Senado elaboró. En ningún lado se mencionan los escan­dalosos casos de lavado de dinero que salpican al banco Atlas de la familia Zuccolillo y que hoy, a pesar de todas las diligencias realizadas, están cajoneadas en la Fiscalía.

De los 18 de casos, en su mayoría tienen un sesgo polí­tico-mediático. Coinciden con los temas que durante todo el período parlamen­tario fueron vociferados por la senadora del PDP Desirée Masi y ventilados por el dia­rio Abc Color, en una abierta campaña de persecución hacia el movimiento Honor Colorado y al Grupo Cartes.

La prueba de que se trata de un informe sectario y que pretende “cuidar” a los ami­gos del poder es que no figu­ran los casos de lavado de dinero del conocido narco­traficante “Cabeza Branca”.

El fiscal Osmar Legal había confirmado que, tras un desprendimiento del caso “Cabeza Branca”, se abrió una causa puntual por lavado de dinero a entidades finan­cieras (entre ellas el banco Atlas) por otorgamiento irre­gular de préstamos.

Explicó que la nueva causa fue un desmembramiento de la carpeta fiscal de la agente Lorena Ledesma, quien investiga el narcotráfico y sus nexos. “Dentro de la inves­tigación (a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca) aparecen indicios de faltas de diligencias de parte de algu­nos bancos para el otorga­miento de créditos y se abre una causa en la que entro yo por los hechos punibles de lavado de dinero”, agregó.

El agente de la Unidad de Lavado de Dinero y Finan­ciamiento del Terrorismo explicó que la carátula de su caso aún es innominada, al ser una investigación inci­piente. “Ya con los técnicos financieros delimitamos una línea de trabajo para ir ali­mentando la investigación. Estamos en una etapa de análisis”, acotó.

Legal indicó que en este caso se debe ver por un lado la res­ponsabilidad penal y, por otro lado, la responsabilidad administrativa. En el caso de corroborar que el banco no hizo la debida diligencia, se deberá determinar quié­nes fueron los responsables del delito, de acuerdo con el entrevistado. “El Banco Central tendrá que ver si se cumplieron las diligencias y podría aplicar medidas con­tra los representantes. Noso­tros tenemos que ver hasta dónde llegan las responsa­bilidades (para imputar a los directivos), no podemos descartar ni confirmar aún”, dijo al momento de subrayar que el lavado posee una pena carcelaria que va hasta cinco años.

Sobre los trabajos que ya se hicieron en el marco de la investigación, el fiscal inter­viniente reveló que libraron oficios para las entidades financieras e instituciones públicas, tal como Senabico. “Estamos colectando las pruebas, tratamos de nutrir­nos de elementos para ver si tomamos la decisión de impu­tar”, expuso.

En su intento de defensa, el propio banco Atlas reco­noció que realizó opera­ciones financieras con una empresa que estaba dirigida, de acuerdo con una investi­gación fiscal, por un presta­nombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, conside­rado el principal inyector de dinero sucio del narcotráfico en el Paraguay.

A través de un comunicado, los directivos del banco Atlas (de la familia Zuccoli­llo) alegaron que se está pre­tendiendo supuestamente instalar una situación falsa para desprestigiar a la ins­titución.

Sin embargo, el propio banco reconoce en su escrito dado a conocer a la opinión pública que en el año 2015 otorgó un crédito por US$ 4.238.350,67 a Biocombustible Brasilero SA. Justamente, Gilberto Suárez figura como presi­dente de la empresa y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estan­cia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Este cliente de Atlas es el presunto prestanombre del poderoso narco Luiz Car­los da Rocha, alias Cabeza Branca, según reveló la Fis­calía. A la vez, la estancia ofrecida para ese crédito está a cargo de Senabico tras la intervención fiscal. Se sos­pecha de que el mafioso hacía figurar negocio de ganado sin tener siquiera un animal.

Para Atlas, el destino del cré­dito otorgado por el banco fue la cancelación de un prés­tamo en otra entidad banca­ria y la financiación de un pro­yecto de inversión ganadera.

De acuerdo con la Fiscalía, entre los bancos utilizados para lavar dinero, el narco “Cabeza Branca” hizo tur­bios negocios con Atlas.

En el año 2015, el banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño Luiz Carlos da Rocha. Gilberto Suárez, cliente de Atlas y presunto prestanombre del pode­roso narco, figura como presidente de la firma Bio­bras y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Al incumplirse la devolución de lo prestado, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para rematar el inmueble y recuperar su dinero.

Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Senabico tras la interven­ción fiscal en la causa contra el narco y la veintena de tes­taferros que tenía a su dis­posición.

Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico soli­citó suspender el remate e inició un litigio que sigue pendiente de resolución.

El año pasado, la fiscal Lorena Ledesma, de la Uni­dad Especializada en la Lucha contra el Narcotrá­fico, reveló las conexiones entre el banco Atlas y las per­sonas ligadas al mundo de la droga. Señaló que el banco habría participado activa­mente en operaciones para el “otorgamiento de présta­mos a personas que no reu­nían el perfil financiero, y, de esta manera, contribuir a la integración de sumas de dinero producto del narco­tráfico”.

Al destaparse el escándalo, la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y otros delitos cone­xos (del Congreso) anunció que investigará el negocio del banco Atlas con el narco.

Claudio Lovera, represen­tante legal de la Conmebol, hizo un recuento sobre el caso Nicolás Leoz y el banco Atlas referente al desvío del dinero del fútbol y detalló cuáles son los mecanismos a utilizarse para recuperar la plata.

A instancias de la denuncia presentada por la Confede­ración Sudamericana de Fút­bol (Conmebol), el Ministe­rio Público llevará adelante diligencias para solicitar al banco Atlas, perteneciente al grupo Zuccolillo, que devuelva el dinero obtenido a través de operaciones rea­lizadas por Nicolás Leoz. La figura que aplicará la Fiscalía es la del comiso autónomo, a través de la cual se ordenará que el banco Atlas devuelva las ganancias y beneficios de los contratos de fideicomiso ordenados por Leoz a favor de sus herederas utilizando dinero sucio.

La Conmebol presentó una denuncia por supuesto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas, señalados por supuesta­mente facilitar mecanis­mos para lavar parte de los US$ 200 millones desvia­dos por Leoz de la Conme­bol. La investigación penal se dificulta por una sospe­chosa dilación de parte de la Superintendencia de Bancos y la negativa de los directi­vos de Atlas a colaborar con la Justicia.

En una entrevista con el pro­grama televisivo “La caja negra” (Unicanal), Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, dio a cono­cer mayores detalles al res­pecto. Ante la consulta sobre la investigación en Fiscalía el abogado respondió: “Desde el punto de vista de la infor­mación que accede la víc­tima, en este caso la Con­federación Sudamericana de Fútbol, y haciendo un recuento, en febrero del año 2021 la Conmebol formuló una denuncia penal al Minis­terio Público como conse­cuencia de haber accedido a información”, puntualizó.