Zacarías Irún afirmó que la prioridad del próximo gobierno debe ser lograr beneficios equitativos.
El diputado del Partido Colorado Justo Zacarías Irún, ex director paraguayo de Itaipú, sostuvo que la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú a realizarse en agosto de este año con el Brasil deberá ser la prioridad principal del próximo gobierno con el objetivo de asegurar que los beneficios producidos por la binacional sean equitativos para ambos países.
Mencionó también que el mandatario electo deberá instalar de manera inmediata para el mes de mayo el equipo técnico que deberá impulsar la renegociación del tratado con el vecino país. “Se debe integrar para mayo un equipo que ya represente al nuevo gobierno, y que se sienten ya con los pares brasileños para ver la posibilidad de que la tarifa se vaya debatiendo con criterios de ambos gobiernos nuevos”, mencionó.
Añadió que el mejor resultado es el empate, conseguir un punto de equilibrio para que todos estén contentos. “No se debe buscar la victoria porque eso significará que se le perjudicará al socio. La intención acá no es sacar ventajas, sino que todo el beneficio generado por la central sea equilibrado para ambos. El concepto del anexo C de la entidad binacional era operar y pagar la usina, y ahora tiene que ser operar y generar el desarrollo con ingresos importantes para ambos países”, acotó.
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Suman víctimas fatales por las lluvias en Brasil
Al menos ocho personas murieron y 21 se encuentran desaparecidas por las intensas lluvias registradas en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, según un nuevo balance de las autoridades este miércoles. Las precipitaciones obligaron a desalojar a unas 1.400 personas en más de cien municipios del estado. La mayoría fueron trasladadas a refugios, señaló la Defensa Civil en su informe de las 9:00 locales (12:00 GMT).
El organismo reportó también 11 heridos y 19.110 afectados. “Seguimos trabajando intensamente para localizar los desaparecidos y garantizar la seguridad de las comunidades en áreas de riesgo”, dijo el miércoles el gobernador del estado, Eduardo Leite, en la plataforma X.
“Lamentablemente, todavía hay previsión de más lluvias”. Las persistentes precipitaciones han dejado localidades aisladas por la caída de puentes y el hundimiento de carreteras.
Las autoridades lanzaron un pedido a la ciudadanía de abstenerse de circular por al menos 20 sectores de carreteras del estado por bloqueos o riesgo de derrumbe. Defensa Civil concentra desde el martes sus esfuerzos en el rescate de familias atrapadas en sus viviendas, en muchos casos en los techos.
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Lluvias en Brasil dejan 8 muertos y 21 desaparecidos
Al menos ocho personas murieron y 21 se encuentran desaparecidas por las intensas lluvias registradas en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, según un nuevo balance de las autoridades este miércoles. Las precipitaciones obligaron a desalojar a unas 1.400 personas en más de cien municipios del estado. La mayoría fueron trasladadas a refugios, señaló Defensa Civil en su informe de las 9:00 locales (12:00 GMT).
El organismo reportó también 11 heridos y 19.110 afectados. “Seguimos trabajando intensamente para localizar los desaparecidos y garantizar la seguridad de las comunidades en áreas de riesgo”, dijo el miércoles gobernador del estado, Eduardo Leite, en la plataforma X. “Lamentablemente, todavía hay previsión de más lluvias”. Las persistentes precipitaciones han dejado localidades aisladas por la caída puentes y el hundimiento de carreteras.
Las autoridades lanzaron un pedido a la ciudadanía de abstenerse de circular por al menos 20 sectores de carreteras del estado por bloqueos o riesgo de derrumbe. Defensa Civil concentra desde el martes sus esfuerzos en el rescate de familias atrapadas en sus viviendas, en muchos casos en los techos.
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Leite solicitó al gobierno federal ayuda con aeronaves para el rescate de estos afectados y dijo que están movilizando equipos de respuesta rápida para actuar en situaciones “que presentan riesgo de vida”. Sinimbu, una ciudad de unos 10.000 habitantes en el centro de Río Grande do Sul, se encuentra bajo agua, con calles y avenidas convertidas en ríos, mostraron imágenes en medios locales.
Su alcaldesa, Sandra Backes, dijo que estaban sin internet, agua ni luz y calificó la situación como “una pesadilla”. “Sinimbu está en un escenario de guerra, completamente destruida (...) Todas las tiendas, comercios, supermercados, todos están arrasados”, dijo en un video publicado en Instagram. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó el martes el envío de ayuda y atribuyó la situación de desastre al “cambio climático que afecta el planeta”.
Sin internet ni luz
Las fuerzas armadas dispusieron aeronaves capaces de realizar vuelos nocturnos para emprender rescates en zonas de difícil acceso. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas impiden las labores en algunas localidades. En todo el estado, unas 130.000 personas están sin agua potable y los servicios de teléfono e internet están interrumpidos en al menos 60 municipios.
Los habitantes de la pequeña ciudad de Encantado, otra de las afectadas intentaban transitar a pie o en motos por las carreteras fracturadas y semicubiertas por ríos de lodo, según imágenes de AFPTV. El gobierno de Río Grande do Sul advirtió el martes que las lluvias continuarían en las próximas horas, con previsiones de alcanzar hasta 300 milímetros en algunas áreas. Además, dijo que los ríos están en niveles “por encima de los límites de alerta”. A finales de marzo, fuertes lluvias en el sureste de Brasil dejaron al menos 25 muertos en los estados de Río de Janeiro y Espirito Santo.
Expertos atribuyen los fenómenos extremos y la inestabilidad meteorológica al cambio climático y una agudización del fenómeno de El Niño. Los científicos estiman que las temperaturas globales actuales son alrededor de 1,2º C más altas en general que a mediados del siglo XIX, lo que causa un aumento de inundaciones, sequías y olas de calor.
Fuente: AFP
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.