La débil lucha del Gobierno contra la inseguridad y el crimen organizado. El gobierno de Mario Abdo Benítez cierra este 2022 con una calificación negativa en cuanto a la seguridad en las calles y el manejo del sistema penitenciario, en que la mafia tomó el control y se dieron varios casos importantes de motines y fugas de prisioneros de peso pesado.

• Fuente: “La caja negra”.

Algunos de los casos más sonados fue­ron la fuga del capo narco César “Gor­dito Lindo” Ortiz vestido de mujer, la treintena de internos que escaparon del penal de Misiones con una soga improvisada, el motín en Concepción que dejó un muerto y varios heridos, y los tres peligrosos inter­nos de Tacumbú que hace poco lograron salir del lugar donde guardaban reclusión.

Los criminales manejan a su antojo las penitencia­rías ante el débil manejo del Gobierno, tal como pudo visualizarse con la presión hecha por la epepista Car­men Villalba, para poder despedirse de su hermano abatido Osvaldo Villalba, cuyo féretro ingresó al Buen Pastor, generando un sinfín de críticas por esta concesión irregular.

Este grave desliz del Gobierno le terminó costando el cargo al recién asumido ministro de Justicia, Édgar Taboada. En su reemplazo asumió Daniel Benítez, quien luego admitió ante la prensa que Carmen Villalba gozaba de un trato privilegiado con la extensión de sus horarios de visita tras las rejas e incluso se divulgaron videos de ella arengando a sus compañe­ras en el centro de reclu­sión. Recién luego de que se desatara el escándalo, se dispuso que la criminal del EPP vuelva al régimen anterior.

El descuido generalizado que se da en las peniten­ciarías del país también se traslada a la política de combate a la criminalidad en las calles. Tal es la cri­sis actual que la ciudadanía trabajadora debe comenzar a tomar recaudos para tra­tar de evitar formar parte de las cifras de inseguridad. Como una medida de prevención, por ejemplo, los conductores de las pla­taformas de viajes anun­ciaron que ya no ingresa­rán más a los bañados de Asunción y ciertos barrios de Itá, Capiatá e Itauguá por ser zonas rojas ante los constantes asaltos y la nula protección de parte de los organismos de seguridad.