“La lucha contra la corrupción es de interés fundamental y un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, y una prioridad en el trabajo que hace Estados Unidos con Paraguay”, expresó Richard Nephew, responsable de la política anticorrupción de la Casa Blanca, en la conferencia de prensa del viernes en la Cancillería.
El coordinador de la Oficina de Anticorrupción Global del Departamento de Estado, designado recientemente por el presidente Joe Biden, hizo una visita a Asunción entre el jueves y viernes “para apoyar los esfuerzos de Paraguay en el combate de la corrupción y la impunidad”.
Destacó que “fortalecer las instituciones contra la influencia de la corrupción y la impunidad es esencial para el desarrollo de una economía sana que atienda las necesidades de toda la población y para atraer la inversión extranjera”.
SEGURIDAD GLOBAL
“La corrupción socava la democracia. La lucha contra la corrupción es parte de la seguridad global”, precisó. Por ello, “tenemos la obligación de revisar documentos, evidencias de casos de corrupción en todo el mundo y de aplicar las acciones previstas por la ley que sean consistentes con esas evidencias”, afirmó.
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Democracia venezolana, al antojo de Nicolás Maduro
- Por Juan Carlos dos Santos
- juancarlos.dossantos@nacionmedia.com
Si ya para el 2018 cuando ganó su segunda elección, por cierto mucho más fraudulenta que la del 2013, Nicolás Maduro controlaba totalmente los poderes en Venezuela, incluido por supuesto al Consejo Nacional Electoral (CNE), para estas elecciones del próximo 28 de julio nadie en su sano juicio esperaría que fuera diferente.
Maduro logró mediante argucias y tecnicismos eliminar a su principal competidora, María Corina Machado, quien contaba, en algunas casos, hasta con el 95 por ciento de las preferencias del sufrido electorado venezolano, atrapado en una dictadura que utilizó a la democracia para permanecer por décadas y que nuevamente va a fingir un acto democrático para perpetuarse en el poder, asemejándose cada vez más al sistema cubano unipartidista que a una democracia como la que antes caracterizaba al país más rico y próspero de América Latina.
El boletín electoral para la jornada del 28 de julio fue presentado la semana pasada por el CNE. Aunque se concreten cambios, estos ya no se podrán apreciar en el boletín. El candidato principal, Nicolás Maduro, ocupa las principales ubicaciones en la papeleta apareciendo en trece lugares, y Edmundo González Urrutia, de 74 años, quien tomó el lugar dejado por la “sancionada” María Corina Machado como el principal candidato opositor, en tres lugares, mientras que en el resto de los lugares aparecen “opositores” que hacen el juego a Maduro. Esto no es del todo incorrecto porque cada lugar representa a un partido o movimiento que participa de las elecciones, pero es una de las tantas argucias que utilizan los chavistas, donde necesitan sin dudar obtener todo tipo de ventajas a sabiendas que en una situación normal, legal y legítima, ya no hubiera podido ganar desde el 2013, cuando venció a Henrique Capriles por solamente dos puntos porcentuales.
La tarjeta de votación es solo el reflejo de cómo la dictadura chavista utiliza a su antojo a todos los poderes, desde la manera de presentar a los candidatos como en la manera que fueron limpiando el camino para dejar a Maduro prácticamente sin oposición real.
En las anteriores elecciones de 2018, Henri Falcón se presentó como candidato opositor, dando un viso legal a aquellos comicios donde la oposición real estuvo ausente y llamó a no participar.
En esta ocasión, el chavismo ha conseguido más adeptos que se suman al perverso juego de ser opositores digitados y de esa manera legalizar aún más a estas elecciones. Quizás un fuerte control externo al CNE venezolano permita unas elecciones normales, algo que para la comunidad internacional parece cada vez más difícil de concretar.
Pero la dictadura de Maduro no da puntada sin hilo y todo está preparado para que el delfín que Hugo Chávez nombró antes de morir en La Habana a comienzos de 2013 concrete un tercer mandato presidencial que culminará recién en el 2030. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es si, en un hipotético caso que los controles funcionen y los votos decidan por Edmundo González Urrutia, ¿estarán dispuestos Maduro y los chavistas a dejar el poder?
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Detienen al hermano de la presidenta de Perú por presunta corrupción
La policía de Perú detuvo este viernes al hermano y al abogado de la presidenta del país, Dina Boluarte, por su presunta vinculación con una trama de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos, anunció la Fiscalía.
Un equipo especial de fiscales contra corrupción “detuvo a Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda y otros investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias”, indicó el Ministerio Público en la red social X.
Boluarte, hermano mayor de la mandataria peruana, fue detenido en su apartamento, en el este de Lima. La Fiscalía lo acusa de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de “dádivas económicas”, según precisó el poder judicial en un comunicado.
Los funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la presidenta y el ministro del Interior. Desde sus cargos captaban “afiliados” para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría Nicanor, de 64 años.
La organización “habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte” asumiera como presidenta el 7 de diciembre, añadió el poder judicial. Boluarte negó los señalamientos mientras era conducido, esposado, a prisión tras el allanamiento a su apartamento. “Niego absolutamente todo, soy inocente”, dijo a los periodistas.
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“Poder de facto”
Junto a Boluarte fue detenido el abogado de la presidenta y seis personas más en distintos operativos realizados en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín. En el marco de esas acciones fueron allanados “26 inmuebles”, dijo por su parte la Fiscalía.
Castañeda representa a la mandataria peruana en la investigación que enfrenta por unos relojes de lujo que no declaró en su lista de bienes. Según las autoridades judiciales, Nicanor Boluarte sacó provecho del “poder de facto” que le otorgó su hermana para “instrumentar las prefecturas y subprefecturas” en su beneficio.
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Mientras que Castañeda presuntamente cumplía el rol de “operador legal” de la red de corrupción. La mandataria peruana quedó expuesta a un nuevo escándalo tras el proceso que enreda a su hermano. Boluarte, de 61 años, está siendo interrogada por el llamado Rolexgate y enfrenta otra investigación judicial por la represión de las protestas que siguieron a su investidura.
En el marco del primer proceso, la Fiscalía allanó en marzo su vivienda y el despacho presidencial en busca de las joyas que, según Boluarte, pertenecen a un gobernador que se las cedió en calidad de préstamo. La presidenta está bajo sospecha de “enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos”.
El jueves, el gobierno anunció sorpresivamente la disolución de la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que realizó la operación de registro contra la jefa de Estado y detuvo a su hermano, alegando razones operativas.
Si finalmente la Fiscalía decide acusarla, Boluarte solo sería llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución. La mandataria asumió el poder en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso.
Tras su juramentación, estallaron protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública. En las revueltas murieron 50 personas presuntamente a manos de policías y militares. A raíz de ello, Boluarte enfrenta desde enero de 2023 una investigación por presunto “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Fuente: AFP
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Destacan participación de Conmebol en foro continental de lucha contra lavado
Durante la 56° reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se destacó la participación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que incluyó la exposición de su directora de Ética y Cumplimiento, Graciela Garay.
“En Conmebol transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en el fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”, afirmó la directora de Ética.
La declaración fue realizada en Washington, en el marco de esta reunión de Gelavex, organismo de la OEA y principal foro continental de debate sobre las estrategias y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos en América.
Combate
La participación de la Conmebol en este importante foro responde a la política de combate contra la corrupción y el lavado de dinero que la institución sudamericana lleva adelante en forma consecuente desde el 2016. En ese marco, hace apenas unas semanas se había presentado un urgimiento ante la Fiscalía paraguaya para que se adopten acciones concretas y enérgicas en la investigación de operaciones sospechosas entre el expresidente de la confederación sudamericana, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA.
En efecto, el Ministerio Público no impulsó ninguna acción tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada en tiempo y forma por la Conmebol, en fecha 4 de febrero del 2021. Es oportuno recordar que la primera denuncia fue presentada ya en el año 2017, es decir hace más de seis años. Si bien al principio, el Ministerio Público paraguayo llegó a recabar evidencias, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos, poco tiempo más tarde la investigación quedó paralizada por completo.
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Instan a la apertura legislativa para recuperar la confianza, defender la democracia y los DD. HH.
Catherine Juvinao, parlamentaria de Colombia, vicepresidenta por Sudamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, se dirigió a sus colegas congresistas y autoridades e invitados presentes durante la inauguración de la 20. ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas y el 8. ° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto y expuso que la democracia y los derechos humanos están atravesando un periodo de crisis.
“No es una crisis latinoamericana ni del hemisferio, es una crisis global; lo dicen los intelectuales, los estudiosos, los académicos, los medios de comunicación, nosotros mismos, los políticos, pero, sobre todo, lo dicen los ciudadanos”, afirmó. Enfatizó que la democracia no fue capaz de resolver los tres grandes problemas que aquejan a la sociedad, “la pobreza, la violencia y la corrupción”.
Ante este hecho, analizó sobre qué camino seguir para recobrar la legitimidad de las instituciones, y por esa vía sacar a la democracia de la crisis en la que está. “Porque la democracia no es la única forma de gobierno, pero es la menos peor que tenemos hasta ahora”, subrayó.
Reveló que, de acuerdo con el último estudio del Barómetro de las Américas, existe una fuerte asociación entre la confianza en las instituciones, el apoyo a la democracia y una de las ramas del poder históricamente más deslegitimadas, los congresos y parlamentos.
Abrir puertas a la ciudadanía
Asimismo, Juvinao habló de cómo construir esa confianza cuando se abren las puertas de los congresos a la ciudadanía, cuando se generan canales de lo que ahora llaman “la cocreación legislativa”.
“Tenemos que acercar los congresos a los ciudadanos, entre otras cosas para saldar una tarea que también tenemos los parlamentos y que es una de las principales razones de las cuales estamos en crisis, que es la protección y la promoción de los derechos humanos”, aseguró.
Igualmente, manifestó que este último es algo del día a día, de todos los congresos, en materia de seguridad, en materia de acceso a servicios básicos y protección a los ciudadanos en este nuevo mundo digital.
Reiteró que son muchos los retos y en este encuentro compartirán sus experiencias, sus conocimientos y agendas legislativas con el propósito de regresar a cada uno de sus congresos, parlamentos y países, “con ideas, rutas y caminos claros para enfrentar esta crisis de la democracia y enfrentar la crisis de los derechos humanos”, puntualizó.
Finalmente, animó a los parlamentarios a continuar fortaleciendo estos espacios de diálogo y colaboración interparlamentaria para que, “juntos podamos contribuir de manera significativa a nuestras democracias y a nuestras comunidades desde el trabajo que cada uno y cada una de ustedes hacen desde sus parlamentos”, fueron sus palabras al concluir su discurso.
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