El equipo de “La caja negra” develó un intento de negociado que se pre­tende llevar a cabo en la Com­pañía Paraguaya de Comuni­caciones SA (Copaco) a través de Vox. El trabajo de investiga­ción publicado por La Nación/Nación Media y elaborado por los periodistas Jorge Torres Romero y Cinthia Mora des­cubrió que una empresa esta­dounidense desea hacerse con el espectro de Vox-Copaco por valor de US$ 10 millones.

Al respecto, el senador por el Frente Guasu Sixto Pereira sentenció que el Congreso debería tomar una postura ante la intención del Gobierno de entregar el bien público de una empresa estatal.

“Esto es como vender chau­chas y palitos. Si verdadera­mente existen buenas inten­ciones para defender los intereses nacionales, el Con­greso debería intervenir, por lo menos, para dejar senta­das decisiones políticas por cada bancada; desde el Frente Guasu aún no hemos tratado el tema, pero tendremos una reunión para definir una pos­tura a ser asumida desde la nucleación”, refirió.

Recordó que catalogar a Vox como una telefonía estatal fue un esfuerzo desarrollado para facilitar en términos de comu­nicación a la población para­guaya. No obstante, lamentó que el sector económico del gobierno actual solo proteja a sectores privados, por lo cual en lugar de sanear y potenciar la telefonía pública, del mismo modo en el cual se observa en Uruguay, se liquida a las empresas estatales.

La empresa en cuestión es la Rivada Networks Inc., la cual está interesada en la transferen­cia de espectro y colabora­ción comercial con Vox. Este espectro es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas utilizadas para los servicios de telefonía móvil, por lo que es el bien más preciado de la empresa local. La ley de tele­comuni­caciones vigente no prevé el arrendamiento del espectro a terceros.

No existirían garantías legales de que las condicio­nes propuestas sean las ade­cuadas para precautelar los intereses de Vox-Copaco. El monto de US$ 10 millones que se propone resulta ínfimo, ya que no compensa siquiera las deudas que la empresa esta­tal posee solamente con sus proveedores y que ascienden a US$ 15 millones.

De concretarse el plan, Rivada utilizará la infraestructura de Vox para vender señal a otras operadoras y la empresa pública se verá en la necesi­dad de tener que pagar para utilizar las mejoras introdu­cidas a su red, mientras que recibirá alguna compensación si logra alcanzar anualmente los mínimos de suscriptores y pagos fraccionados.