Las denuncias sobre persecuciones políticas son una constante durante el tramo de proselitismo actual. La mayoría de las denuncias provienen de funcionarios de ministerios y entidades claves como es el caso del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
La denuncia, realizada en este caso por instructores asignados a la extensión educativa ubicada en Capiatá y que por temor a represalias pidieron que sus identidades permanezcan anónimas, sostienen que las persecuciones y pedidos de apoyo se iniciaron con la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, aspirante al Congreso por el movimiento Fuerza Republicana, pero que se agudizaron cuando Verónica Ayala, una de las directoras del SNPP, se candidató para presidenta de seccional por el mismo movimiento.
Una de las denunciantes cuenta con 14 años como instructora y desde agosto no es asignada a ningún curso a pesar de contar con todos los requisitos. La misma asegura que esto se debe a que su nombre se encuentra en una lista de funcionarios que no cumplieron o se negaron a pedidos de la directora Ayala, quien les exigía llenar buses para las campañas proselitistas con familiares y estudiantes del centro de formación.
