El senador colorado Enrique Riera opinó sobre la aprobación del Acta N° 2024, que modifica el reglamento para adelantar el proceso de selección del cargo de fiscal general del Estado. Dijo que esta situación denota la urgencia de un sector del Partido Colorado aliado con la oposición, para acelerar la elección de la reemplazante de la doctora Sandra Quiñónez antes del 18 de diciembre porque es sabido que después de eso las fuerzas políticas van a cambiar.
“Me preocupa que se está haciendo una campaña en simultáneo, porque por un lado se acelera ese proceso y por el otro se sigue una tarea de asedio y ataque a la Fiscalía General del Estado, con la cual todos tienen una posición crítica, pero creo que hay más aciertos que errores, e inclusive se miente”, sostuvo en una entrevista con La Nación/Nación Media.
Riera sostiene que es una señal clara de este gobierno usar las instituciones para perseguir a quienes no piensan igual. En este sentido, citó a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y la Dirección Nacional de Aduanas. “Hay un montón de instituciones, pero si lo hacen con órganos administrativos, no me imagino cómo lo podrían hacer con órganos jurisdiccionales, necesitamos una Fiscalía que obedezca la ley y no persiga a nadie”, remarcó.
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IPS: ajuste de carta orgánica plantea aumentar el cálculo jubilatorio de 36 a 120 meses
La gerente de Prestaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanesa Cubas, se refirió al proyecto de modificación de la carta orgánica de la previsional, e indicó que se vieron “obligados” a plantear una modificación que afecta a los fondos jubilatorios, por la situación en que recibieron la institución de la administración anterior, sobre los fondos de enfermedad y maternidad, y pensiones y jubilaciones.
“Son modificaciones, son propuestas de ley, que nos vemos obligados a proponerle al Poder Ejecutivo y al Congreso por la situación en la que hemos encontrado la institución. Esta no es una ocurrencia, esto es algo que heredamos de las administraciones anteriores, encontramos en una situación crítica esos dos fondos”, expresó Cubas, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El Consejo de Administración del IPS aprobó un proyecto de ley, el pasado 25 de abril, que será presentado al Congreso Nacional para estudio correspondiente. La propuesta plantea varias modificaciones, entre ellas, la base reguladora de jubilación. “Implica pasar de calcular hoy la jubilación, considerando solamente los últimos 36 meses de aporte, a pasar a considerar 120 meses de aporte, estamos hablando de considerar 3 años a considerar 10 años”, explicó la gerente.
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Indicó que esta propuesta fue recomendada por los últimos informes actuariales de manera reiterativa. “Estadísticamente, tenemos demostrado que la masa, el promedio de aporte de los 900 mil activos que tenemos hoy es un poco más del salario mínimo, sin embargo, el promedio de haber jubilatorio que pagamos a los 79 mil jubilados hoy está por arriba de dos salarios mínimos”, aseveró Cubas.
Explicó que se encontró datos factibles en los que se puede observar que en muchos casos se da un aumento salarial en los últimos 3 años, con el propósito de aumentar la jubilación, una elevación “artificial”, como lo denominó Cubas. “Esta modificación lo que va a permitir es que una persona se jubile considerando los 10 años de aporte y reflejar de una mejor manera el esfuerzo que hizo al aportar. Eso no solamente va a evitar ese fraude que se hace en contra de las arcas del fondo de jubilaciones y pensiones de la institución”, puntualizó.
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Policía Antisecuestro busca certificación internacional para brindar mayor seguridad
El Departamento Antisecuestro de Personas, dependiente de la Policía Nacional busca obtener una certificación internacional para pasar de una policía reactiva a una por procesos, enfocada en la meta de brindar seguridad a la ciudadanía, informó este miércoles el jefe de dicha unidad, Nimio Cardozo, a Paraguay TV.
El director policial explicó que están trabajando con el financiamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para certificarse en agosto próximo con la Norma Internacional ISO 9001:2015, que tiene que ver con los sistemas de gestión de calidad en general.
En tal efecto, están ajustados a unos estándares internacionales, los cuales significan que todos los procesos investigativos son transparentes, auditables y están sometidos a cualquier empresa internacional que pueda venir a ver que lo que están haciendo se ajusta al estándar de calidad.
“Con este resultado los beneficiarios serán los usuarios finales, es decir, las personas que necesitan de los servicios y de la protección de los agentes. Nosotros tenemos que trabajar enfocados en la ciudadanía. Los policías deben cumplir con las satisfacciones de los ciudadanos que son todos los paraguayos y paraguayas y extranjeros que vivan en nuestro territorio”, expresó.
Enfatizó que lo que buscan con esta certificación internacional es pasar de una policía reactiva a una policía por procesos. “Hoy en día nosotros somos una policía reactiva, lo que pasó en Ciudad del Este, en Encarnación, la policía reacciona ante una situación en especial. En cambio, cuando el trabajo es por procesos, además de adelantar esos escenarios posibles se pueda prever y se pueda tener un plan de contingencia en caso que aparezca”, comentó.
Indicó que esto hará una gran diferencia, y por ello están trabajando en este proceso de transformación, a través de la certificación. “El certificar una norma técnica implica también cambiar la mentalidad y que se vean los resultados. Las certificaciones internacionales respaldan los conocimientos y habilidades tecnológicas, en las programas de productividad, desarrollo y creación de contenido más utilizados y reconocidos a nivel internacional”, concluyó.
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Gobierno ya instaló 12 mesas de protección social en 7 departamentos
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó el proceso de instalación de mesas de protección social, que hasta el momento ya se logró en 12 distritos de 7 departamentos. Indicó que todas las instituciones del Estado trabajan de manera coordinada en el plan de la protección social.
“Todas las instituciones que conforman el Gabinete Social trabajan localmente en la mesa de protección social y hacen un diagnóstico de todos los problemas que hacen relación a sus roles y se elabora un plan de acción territorial”, indicó en entrevista a Paraguay TV.
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Este plan de acción territorial establece las prioridades, las necesidades que tiene cada distrito, en todos los ámbitos, de acuerdo a las explicaciones del ministro Rojas.
“Ese plan de acción territorial establece las prioridades de las necesidades que tiene ese distrito, ya sea en programa social, ya sea en agricultura, ya sea en salud, en educación, en caminos, en seguridad, en violencia contra los derechos de la mujer, los derechos del niño, todo lo que hace relación a la vida de la ciudadanía”, mencionó.
Indicó además, que una vez que se haya elaborado en un documento firmado por todos los integrantes de la mesa, este plan de acción territorial se elevará al gabinete social y, posteriormente, el presidente de la República, Santiago Peña, encargará a sus ministros los trabajos que estarán a cargo.
“El presidente en su momento, cuando tengamos todos los planes de acciones territoriales de cada distrito, va a convocar al gabinete y le va dar la misión a cada ministerio para que funcione ese plan de acción se puedan ejecutar las acciones”, detalló el ministro de Desarrollo.
Finalmente, adelanto que “habrán acciones inmediatas, corto, mediano, largo plazo, pero sí enfocarse sobre los problemas y las necesidades más prioritarias que tienen estos distritos”.
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Cerca de destrabar proceso penal de Abdo y su gavilla
El proceso penal por siete hechos punibles que enfrentan el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, por la filtración de información de la Seprelad, debe destrabarse en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes de la sala son los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diesel.
Los altos magistrados deben resolver la recusación que presentó el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado Carlos Arregui, contra los camaristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Fleitas.
El ministro Benítez Riera es el preopinante en el presente caso y el mismo ya emitió su voto sobre la recusación contra los camaristas. Ahora, el expediente pasó al gabinete del ministro Diesel, quien deberá votar igualmente, ya sea en el mismo sentido o en disidencia, para luego emitir su voto el ministro Ramírez, sobre el planteamiento dilatorio de la defensa del imputado Arregui.
Una vez que se tengan los votos de los tres altos magistrados, se tendrá la resolución sobre la recusación que pesa sobre el Tribunal de Apelación. En caso de ratificarse la competencia de los camaristas, estos deben decidir sobre la recusación de la jueza Cynthia Lovera. Esta, a su vez, una vez que sea confirmada, deberá estudiar doce chicanas más presentadas por los abogados de los imputados en el presente caso.
Hasta el momento, los abogados defensores de los imputados solo se dedican a presentar incidentes dilatorios, debido a que la imputación fiscal está bien elaborada y sostenida, conforme a los elementos de prueba que se recolectaron durante la etapa investigativa.
Entre las chicanas que se presentaron en el referido expediente judicial, se encuentra el recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia de fecha 14 de marzo de 2024, que admite el acta de imputación. Todos los imputados presentaron este recurso que es al solo efecto de dilatar el caso.
IMPUTACIÓN
En el presente caso, están imputados Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola.
Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.