En los últimos tres años se incautaron 47 toneladas de cocaína “paraguaya”, tanto en nuestro territorio como en puertos marítimos de Europa. Un reporte presentado por el senador Enrique Riera señala que del total de droga traficada solamente se incauta el 10%, y calcula que por Paraguay se movieron cerca de 470 toneladas del polvo blanco.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez el crimen organi­zado potenció sus acciones en Paraguay, como lo revela un informe sobre el compor­tamiento del negocio de la droga expuesto por el senador Enrique Riera durante sus reuniones en Estados Uni­dos, detallando cómo nues­tro país pasó de ser proveedor de marihuana a convertirse en base de operaciones para el tráfico de cocaína.

Las evidencias son claras, desde el 2020 hasta la fecha, los organismos nacionales e internacionales incauta­ron 47.538 kilos. Estas car­gas pasaron por los puertos paraguayos sin ser detec­tadas por los controles de la Administración Nacio­nal de Navegación y Puer­tos, la Dirección Nacional de Aduanas, y la Secreta­ría Nacional Antidrogas (Senad).

La cantidad total de “cocaína made in Paraguay” decomi­sada que llegó a 47.538 kilos, tiene un valor de mercado de casi US$ 2.500 millones. Se estima que las incautacio­nes son 10% o menos del valor total exportado; es decir, el comercio de cocaína que pasó por Paraguay en los últimos tres años se calcula en US$ 25.000 millones, pues lo estimado de droga traficada sería 470 toneladas, según el informe.

Para referenciar el alcance del comercio ilícito, el dos­sier señala que el Presu­puesto General de Gastos de la Nación (PGN) es de US$ 13.000 millones. O sea, el crimen organizado movió cargamentos cuyos costos representan un 92% más del presupuesto público para un año, casi el doble. En conse­cuencia, Riera remarca que durante este gobierno se batieron los récords de la nar­coexportación.

En el documento presen­tado por el senador también se destaca unos peligro­sos vínculos de referentes importantes del Gobierno con personas capturadas sospechadas de activar en el negocio ilícito de tráfico internacional de cocaína. Entre ellos el mismo presi­dente de la República.

El legislador recuerda que Abdo Benítez, en plena campaña por la Presiden­cia, supuestamente recibió en su domicilio al presunto capo esteño Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, y cuya imagen fue bastante vira­lizada. Este personaje del submundo delincuencial fue capturado por la Secre­taría Nacional Antidrogas en setiembre del 2018, y desde la fecha se encuentra privado de libertad.

Otro de los casos menciona­dos por Riera es el de Arnaldo Giuzzio, quien tuvo puestos clave para el combate al nar­cotráfico, primero fue minis­tro de la Senad y luego minis­tro del Interior. Recordó justamente que Giuzzio fue removido de la cartera de seguridad tras revelarse su vínculo con el supuesto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en febrero pasado por la Policía Federal en Foz de Yguazú, en el marco del Operativo Turf.

Marqués de Padua, además de prestar la camioneta de su esposa al ex ministro del Interior para que conti­núe su viaje de vacaciones, mantuvo varios encuentros buscando ser proveedor del Estado, incluso la empresa del capo supuestamente rea­lizó mantenimientos a vehí­culos tácticos utilizados por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para la lucha antite­rrorista.

Por último, Riera también resaltó que como titular de la Senad quedó Zully Rolón, una persona que hizo toda su carrera pública al lado de Giuzzio, e incluso fue candi­data a senadora por la misma lista que su ex jefe, Lista 123 por el movimiento Somos Paraguay.

Cabe recordar que ya con Rolón como cabeza de la Senad falló en un importante procedimiento de detención, frustrándose la aprehensión en Paraguay de dos hombres sindicados narcos de mucho interés para el Brasil, Lindo­mar Reges Furtado y Mar­cus Vinicius, quien la noche antes de los allanamientos en nuestro país cruzó la fron­tera y afortunadamente los federales dieron con él.

El informe del senador Enri­que Riera también hace men­ción al asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, quien fue ejecutado en una playa de Colombia durante su luna de miel. Según el presi­dente de Colombia, Gustavo Petro, los autores morales de este horrendo crimen supuestamente son del grupo criminal liderado por el uru­guayo Sebastián Marset, que tenía como aliado estratégico al clan Insfrán, cuyo líder es Miguel Insfrán, alias Tío Rico, hermano del narcopas­tor José Insfrán.

El narcopastor, además de posar en fotografías con el presidente Abdo Benítez, también apareció en varios encuentros como cercano al vicepresidente de la Repú­blica, Hugo Velázquez, decla­rado recientemente como sig­nificativamente corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sin olvidar que el enlace princi­pal era el ex diputado Juan Carlos Ozorio, hoy privado de libertad por sospechas de trá­fico de droga.

Es importante recordar tam­bién que justamente Marset e Insfrán fueron objetivos del Operativo A Ultranza Py, y que según informes de inteligencia sensible revela­ron varias filtraciones de las investigaciones a estos pre­suntos capos del narcotráfico que hasta la fecha no pudie­ron ser capturados.

El análisis de las aproximadamente 500 páginas del informe de inteligen­cia y transcripciones de escuchas telefónicas de la Unidad de Inteligen­cia Sensitiva (SIU) de la Senad, mostró que desde la Senad y el Ministerio del Interior alertaron de las pesquisas a la estruc­tura de Marset. Incluso, se sospecha de un borrón de Lindomar en el esquema, puesto que llamativa­mente el capo brasileño no apareció en el radar de los agentes especiales y su nombre no aparece en el dossier remitido por la secretaría al Ministerio Público.