La Contraloría General de la República (CGR) presentó ante el Con­greso un informe mediante el cual dieron por aplazada la gestión financiera del 90% de las instituciones. La directora de Control Gubernamental, Gladys Fernández, indicó que hay indicios de mala admi­nistración de recursos, que podrían constituirse en hechos punibles, que superan los US$ 820 millones.

“Ya sea por debilidades del con­trol interno o por la comisión de hechos punibles, a criterio del equipo auditor el balance expuesto no satisface y eso es uno de los elementos que el auditor considera para identi­ficar fraudes”, aseveró.

En comunicación con la 650 AM, la directora de Control Gubernamental detalló que, pese a que se remitió el informe al Poder Legislativo, la Unidad de Auditoría Forense de la Con­traloría evalúa dicha informa­ción de modo de determinar si las irregularidades detecta­das constituyen en indicios de hechos punibles, para remi­tir el expediente al Ministerio Público.

La Contraloría evaluó la ges­tión financiera de varias ins­tituciones públicas y la con­clusión a la que se llegó es un aplazo del 90% de ellas debido al débil control interno. “Tienen una calificación deficiente, eso quiere decir que al evaluar su sistema de control interno no superaron el dos”, manifestó.

El período evaluado com­prende hasta el año 2021 y fue­ron objetos de control: Ande, MEC, Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Secreta­ría de Emergencia Nacional, Senacsa, Essap, IPS, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Instituto Nacional de Estadís­tica (INE), Senatur e Indert, señala el informe.