Organismos de control del Estado están manejados por cupos opositores que los han convertido en verdade­ros sitios de espionaje contra adversarios y hasta para favo­recer actividades delictivas. El caso de la ola de inseguri­dad en los tiempos del ex fiscal Arnaldo Giuzzio como minis­tro del Interior, mientras este se dedicaba a la caza de los enemigos políticos con infor­maciones sensibles filtradas desde unidades de inteligen­cia en plena etapa de investi­gación, es apenas una parte.

Precisamente, Giuzzio resultó ser un vinculado a sin­dicado capo narco de quien recibió favores y a quien quiso volver proveedor del Estado en el rubro de seguridad.

Instituciones sensibles a la seguridad, la inteligencia financiera, el contrabando, anticorrupción arrastran deplorables resultados, mien­tras sus respectivos titulares se enfocan en intereses polí­ticos antes que los del Estado y en algunos casos, estas estructuras sirven de unida­des de recolección de datos para frustrar procedimientos contra el crimen organizado.

Lo ocurrido en el proceso de investigación de inteligen­cia que derivó en A Ultranza Py, en el que instituciones de seguridad como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio del Interior actuaron prácticamente de informantes de narcos bus­cados, según escuchas tele­fónicas, no solamente deja­ron escapar a los jefes de estas organizaciones criminales, sino que convirtieron en pre­sas de los delincuentes a los propios funcionarios que tenían la tarea de investigar.

La serie de filtraciones irres­ponsables desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepre­lad), manejada por Carlos Arregui proporcionando facturas concernientes a una investigación del Minis­terio Público y cuyos conte­nidos se malinterpretaron, además de desinformar, corrompieron normas de seguridad financiera como de investigación penal que atentan contra los resulta­dos del proceso.

De igual forma en la unidad interinstitucional anticon­trabando, liderada por Emi­lio Fúster han operado tras procedimientos de apriete sistemáticos enfocados en el adversario del oficialismo. Mientras tanto, industria­les y los actores económicos formales piden auxilio por la invasión de productos de contrabando en el mercado.

La Secretaría Anticorrup­ción a cargo del René Fer­nández es otro del grupo de ex fiscales que, en 4 largos años apenas pilló 18 indicios de hechos punibles, pero que ahora encontró en el avión venezolano una motivación de investigación. Mientras tanto, la corrupción car­come al Estado.