El precandidato a la Vicepresidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, Pedro Alliana, conversó de manera exclusiva con el canal GEN/Nación Media durante su jornada de campaña en el Guairá, expresando su desacuerdo con las declaraciones realizadas desde la Embajada de Estados Unidos sobre el líder de su movimiento Horacio Cartes.
“Acá no hay ni una sola investigación; acá la gente recuerda a Horacio Cartes como el mejor presidente de la era democrática, con la mejor gestión, sin ningún hecho de corrupción; no tiene ninguna denuncia, y bueno, el veredicto lo vamos a tener el 18 de diciembre”, manifestó.
Por otra parte, aprovechó el momento para presentar su solidaridad y apoyo al ex mandatario, a quien ya considera como el próximo presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), aclarando además que la situación desencadenada por las declaraciones del representante de los Estados Unidos en nuestro país no cambia ni detiene la agenda con la que cuenta el movimiento.
Alliana denunció que la postura tomada por los Estados Unidos ante la persona de Horacio Cartes y que afecta además a su familia es resultado de un lobby político. “La gente viene haciendo lobby, especialmente la del Senado, el presidente y el vicepresidente, tratando de golpear a Horacio, vienen inclusive amenazando ya hace un tiempo con esto”, aseguró. Manifestó también que los adversarios de Cartes buscan golpearlo políticamente porque se dan cuenta de que en las elecciones no tienen oportunidad de ganar como sí la tiene el empresario.
“Hoy nosotros nos enfrentamos a un gobierno exageradamente corrupto, que ha dejado en ruinas a la República del Paraguay, el gobierno de Mario Abdo y Hugo Velázquez es un gobierno extremadamente corrupto”, opinó Alliana, remarcando que las pruebas son las crisis económicas por las que atraviesa el país, además de los vínculos que, según el mismo, mantiene el actual gobierno con narcotraficantes de los que hasta reciben ayuda.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
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Agua y saneamiento: funcionarios se capacitarán en maestría de ingeniería
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó el acto de entrega de treinta becas de Maestría de Ingeniería en Agua y Saneamiento, a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de Essap. En la ocasión, el mandatario valoró el esfuerzo de las instituciones que apuestan al capital humano con capacitación, como un paso fundamental para dar sostenibilidad a las políticas públicas.
Los funcionarios recibieron estas becas para llevar adelante un posgrado en agua y saneamiento, como parte del plan de Gobierno de formar el talento humano. “Este es un paso importante, porque los propios técnicos y funcionarios, mediante esta capacitación, serán los encargados de diseñar los proyectos que se deben llevar adelante para mejorar el sector del agua y saneamiento urbano, porque son los que conocen la realidad”, remarcó el jefe de Estado.
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En el área de agua y saneamiento existe una abundancia de recursos en el país que lastimosamente no son cuidados, dijo el mandatario. Ante esto, es un desafío contar con técnicos capacitados en una combinación de inversión en obras y el conocimiento.
En tanto, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, destacó que el sector de agua y saneamiento inicia un nuevo camino en su proceso de desarrollo. Al mismo tiempo, mencionó que esta es la continuación de una historia que ya comenzó en 2016, cuando 120 ingenieros fueron becados a Brasil.
Además, en esta nueva etapa, el requisito es que, al finalizar, cada cursante deberá presentar un proyecto de saneamiento al MOPC, listo para su licitación y ejecución. “La capacitación marca la diferencia y la inversión en el desarrollo de capital humano impulsa el progreso de nuestra nación”, subrayó la ministra.
Las becas fueron adquiridas gracias a la gestión de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de su apoyo al Estado paraguayo en la formación de sus funcionarios.
En ese marco, destacaron como un ejemplo exitoso el Programa Interamericano de Macroeconomía Aplicada (PIMA) que formó a economistas paraguayos en Chile y fueron los mismos funcionarios que diseñaron las actuales políticas macroeconómicas, destacó Peña.
La Maestría en Saneamiento Urbano será desarrollada en la Universidad Católica de Asunción con una duración de 18 meses. Participaron del acto de entrega la ministra del MOPC, Claudia Centurión, y el presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal.
Siga informado con: Gobierno ya instaló 12 mesas de protección social en 7 departamentos
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Gobierno ya instaló 12 mesas de protección social en 7 departamentos
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó el proceso de instalación de mesas de protección social, que hasta el momento ya se logró en 12 distritos de 7 departamentos. Indicó que todas las instituciones del Estado trabajan de manera coordinada en el plan de la protección social.
“Todas las instituciones que conforman el Gabinete Social trabajan localmente en la mesa de protección social y hacen un diagnóstico de todos los problemas que hacen relación a sus roles y se elabora un plan de acción territorial”, indicó en entrevista a Paraguay TV.
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Este plan de acción territorial establece las prioridades, las necesidades que tiene cada distrito, en todos los ámbitos, de acuerdo a las explicaciones del ministro Rojas.
“Ese plan de acción territorial establece las prioridades de las necesidades que tiene ese distrito, ya sea en programa social, ya sea en agricultura, ya sea en salud, en educación, en caminos, en seguridad, en violencia contra los derechos de la mujer, los derechos del niño, todo lo que hace relación a la vida de la ciudadanía”, mencionó.
Indicó además, que una vez que se haya elaborado en un documento firmado por todos los integrantes de la mesa, este plan de acción territorial se elevará al gabinete social y, posteriormente, el presidente de la República, Santiago Peña, encargará a sus ministros los trabajos que estarán a cargo.
“El presidente en su momento, cuando tengamos todos los planes de acciones territoriales de cada distrito, va a convocar al gabinete y le va dar la misión a cada ministerio para que funcione ese plan de acción se puedan ejecutar las acciones”, detalló el ministro de Desarrollo.
Finalmente, adelanto que “habrán acciones inmediatas, corto, mediano, largo plazo, pero sí enfocarse sobre los problemas y las necesidades más prioritarias que tienen estos distritos”.
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