El contralor general de la República, Camilo Benítez, se mostró alarmado por los índices de corrupción del Paraguay y afirmó que el sistema de verificación de enriqueci­miento de los funcionarios públicos está construido para que fracase. Por ello urgió cambiar de modelo de vigilancia, para lo que se requiere que la Contraloría acceda a datos claves mane­jados por Tributación y el Ministerio de Hacienda.

“Apostamos por el cam­bio porque los índices de corrupción en el Paraguay son demasiado altos y se mantienen hace demasia­dos años. Y hay que reducir esos índices de corrupción porque vamos a explotar en un día de estos si seguimos con el mismo manejo, con el mismo sistema”, afirmó en entrevista en Unicanal.

Explicó que desde este organismo contralor se busca implementar un pro­yecto de digitalización de la información a través de una fuerte inversión en tec­nología y “que la computa­dora haga el trabajo del ser humano”.

Benítez aseguró que para impulsar el cambio se pre­cisa de voluntad política. Aclaró que ello no implicará una nueva ley, sino sim­plemente se puede dispo­ner la implementación del nuevo sistema a través de un decreto del Poder Ejecu­tivo. Básicamente se quiere realizar un cruzamiento de datos con la Subsecre­taría de Estado de Tribu­tación (SET) del Ministe­rio de Hacienda y con otras instituciones que manejan información del contribu­yente.

VERIFICACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

“El sistema de la verifica­ción del enriquecimiento de los funcionarios públi­cos está construido para que fracase. Porque tradi­cionalmente desde que se creó la Contraloría y que se le dio este mandato de hacer exámenes de corres­pondencia, el promedio anual de exámenes son de 15 al año”, explicó.

Sin embargo, para reali­zar el estudio solamente a los altos funcionarios del Estado se precisan realizar 1.200, todos los años.

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