El pasado 24 de junio, el propio titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Cona­tel), Juan Carlos Duarte Duré, hacía una invitación masiva a una fiesta de San Juan en un club de la ciudad de Asunción. A esto se suma que la página institucional de la Conatel brinda explíci­tamente un apoyo a la cam­paña del vicepresidente de la República, haciéndose eco en sus redes sociales del prose­litismo de Hugo Velázquez.

Este hecho desnuda una vez más el discurso mentiroso del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien se llenó la boca en su informe de gestión ante el Congreso Nacional de que uno de los ejes de su gobierno siempre fue defender la instituciona­lidad.

De hecho, el mandatario es fuertemente cuestionado por utilizar las instituciones del Estado como garrote polí­tico para atacar a sus adversa­rios con miras a los comicios internos partidarios previs­tos para el 18 de diciembre de este año. En parte de su discurso dijo que el “legado primordial” que su admi­nistración se propuso dejar desde el primer momento es “la consolidación de la con­ciencia moral democrática”, asegurando que es uno de los aspectos más “valiosos” que tenemos los paraguayos, el “respeto a la instituciona­lidad”.

Uno de los últimos aconte­cimientos que dejan en evi­dencia esta situación fue la filtración de informa­ción confidencial a ciertos medios de comunicación por parte de la Seprelad, encabe­zada por Carlos Arregui, en la que se hizo alusión a un supuesto esquema de lavado de dinero y hechos ilícitos dentro del Grupo Cartes, salpicando al ex presidente de la República.

La información fue utili­zada por el mandatario y su entorno en el marco de su campaña electoral en busca de la titularidad de la Junta de Gobierno del Partido Colo­rado, hecho que termina por tumbar totalmente su dis­curso sobre el respeto a la ins­titucionalidad del país.

A todo esto hay que men­cionar la innumerable cantidad de despidos injustificados de funcio­narios de distintas insti­tuciones del país por no sumarse a las campañas que emprende el vicepre­sidente de la República, quien utiliza estos espacios y a los funcionarios para el proselitismo, la mayoría de las veces a la fuerza y bajo amenazas.