El Banco Nacional de Fomento (BNF) quedó básicamente sin cobertura tras una medida cautelar sin precedentes que emitió el Tribunal de Cuentas 2ª Sala, para suspender una licitación ya adjudicada y cerrada de contratación de seguros, arriesgando así unos US$ 420 millones en bienes de la banca estatal, además de afectar las inversiones de varias empresas que participaron del proceso licitatorio.
El Tribunal de Cuentas 2ª Sala está integrado por Arsenio Coronel, Celeste Jara, Edward Vittone, y de manera arbitraria favoreció a la aseguradora Patria de Seguros SA, pese a que el proceso licitatorio ya culminó. La resolución tiene fecha del 14 de junio del corriente (AI N°591) “Patria SA de Seguros y Reaseguros c/ Resoluciones de la DNCP” Expte. 204/22, y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas frenó todos los trámites para no caer en desacato.
La riesgosa situación ya generó un pedido de revocatoria de la resolución judicial por parte del BNF. Mientras la banca estatal se ve en apuros, cabe subrayar que el demandante asume riesgos mínimos, ya que las condiciones y garantías para Seguros Patria rayan lo absurdo en caso de que tenga que responder por daños y perjuicios que ocasione su petición de medida cautelar. La garantía es de G. 100 millones para un riesgo de cobertura por más de US$ 400 millones, solo en lo que hace al lote más grande que se adjudicó.
Cabe recordar que el BNF había adjudicado en mayo pasado a tres empresas la licitación de contratación de seguros por un valor total de G. 15.865 millones. Una de las postulantes que no se adjudicó es Seguros Patria, firma que ya había presentado una protesta ante Contrataciones Públicas para que se cambie un punto del pliego de bases y condiciones que la aseguradora no pudo cumplir.
Contrataciones Públicas rechazó la protesta de Seguros Patria, se cerró el proceso licitatorio con tres empresas adjudicadas y tras esto la empresa perdedora acudió al Tribunal de Cuentas, saliendo favorable en su pedido y así frenar la ejecución de los contratos de cobertura que ya debían entrar en vigencia desde el pasado lunes 20 de junio.