La Cámara de Senadores dio media sanción este martes a un proyecto de ley que plantea la creación de un fondo de estabilización que incluye a los emblemas privados expendedores de combustibles.
La iniciativa, que busca mitigar la crisis generada ante la constante suba de los carburantes, será remitida ahora a la Cámara de Diputados para su estudio.
Se trata del proyecto de ley “Que crea el fondo de estabilización del precio de los combustibles derivados del petróleo en la República del Paraguay y se establecen medidas transitorias de contingencia para la importación del diésel/gasoil tipo III/tipo C y la nafta virgen”, presentado por los senadores Arnaldo Franco, Javier Zacarías Irún, José Ledesma, Carlos Zena, Rodolfo Friedmann y Ramón Retamozo.
El proyecto aprobado plantea, además, la derogación de la Ley Nº 6900 del 25 de marzo del 2022 pasado, que había sido puesta en vigencia en medio de manifestaciones y cierres de rutas por parte de gremios de camioneros, y pese al rechazo manifiesto de los empresarios del sector de los carburantes. La normativa vigente establece un subsidio por un plazo máximo de 90 días para el gasoil común y la nafta de 93 octanos que
vende Petróleos Paraguayos (Petropar), pero no incluye a las gasolineras privadas.
Con 28 votos a favor, el Senado dio media sanción a la iniciativa que propone la creación de ese fondo, a través de un préstamo de 100 millones de dólares a ser proveídos por la Corporación Andina de Fomento (CAF). La iniciativa, que apunta a subvencionar el precio de los carburantes de Petropar y de los emblemas privados, será enviada ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y consideración.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el senador colorado Juan Darío Monges, tuvo a su cargo la exposición de los motivos y solicitó que el pleno se constituya en comisión para dictaminar el tratamiento del documento, que ayer martes tuvo su entrada en la Cámara Alta.
La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) recomendó al Poder Ejecutivo y al Congreso a realizar “un estudio de impacto económico” de la normativa vigente.