El abogado penalista Juan Sosa Bareiro se refirió a los hechos ocurridos en la noche del 31 de marzo del 2017, específicamente sobre la quema del Congreso Nacional luego de las movilizaciones que se dieron frente a la sede legislativa.

• Por Silde Oporto
• silde.oporto@nacionmedia.com

El abogado explicó que siguió el caso como ciudadano y como profesional, y a 5 años de lo ocurrido esa noche lamentó que no se haya llegado a los verdaderos responsables del ataque a la sede de uno de los poderes del Estado.

“Me tocó vivirlo muy de cerca por dos razones, una de ellas como ciudadano común que incluso estuve siguiendo día a día los acontecimientos, y otro como profesional por­que fui abogado de algunos congresistas que me pidie­ron específicamente que haga seguimiento a la carpeta fiscal”, comenzó diciendo Sosa Bareiro en una entre­vista para La Nación-Nación Media.

En este sentido, sostuvo que no solo se trató de un ataque a un edificio, sino a un símbolo del Estado, como es el Con­greso Nacional, en un epi­sodio violento en el que ciu­dadanos se manifestaron en contra de la enmienda cons­titucional y la sede legislativa fue avasallada por vándalos contratados por sectores políticos con el objetivo de crear caos y destrucción en ese fatídico día.

“No solamente fue atacado lo edilicio, sino la propia insti­tucionalidad cuando se logró una situación que nunca antes en la historia para­guaya hemos tenido, que es quemar un símbolo de uno de los poderes del Estado. Entonces en esas dos condi­ciones seguí muy de cerca el proceso y conozco bastante lo que pasó y también leí mucho al respecto de información oficial que recibimos y pudi­mos cotejar a partir de lo que aparecía en la carpeta fiscal”, explicó el abogado.

Agregó además que luego de leer todo el expediente fiscal se pudo constatar que, ade­más de ciudadanos autocon­vocados que se manifestaban en su justo derecho, también se constató que existieron personas contratadas única y exclusivamente para reali­zar caos y destrozos tanto en alrededores como dentro del Congreso.

“Si bien existieron ciudada­nos que fueron con las mejo­res intenciones, también tenemos que ser claros y decir que hubo políticos que finan­ciaron esto para generar un escándalo. Esta es una reali­dad que se probó en el expe­diente. Producto de ello tam­bién de alguna u otra forma en la carpeta fiscal existie­ron fotografías y videos que muestran claramente que el objetivo era generar daños y generar caos”, refirió.

Citó además que uno de los procesados en este caso admitió que tanto él como otras personas fueron paga­dos por algunos políticos para sumarse a esta mani­festación y causar disturbios en esa zona, y que finalmente atacaron la sede legislativa.

“Esos dos grupos (ciudada­nos y vándalos) bien deter­minados fueron plena­mente identificados, incluso recuerdo perfectamente que en la carpeta fiscal uno de los que había estado adentro, el famoso que robó el plasma del Congreso, ese hombre había reconocido en el propio expe­diente que había sido contra­tado y que se le había pagado en la Chacarita, en la cancha de Resistencia, a un grupo para que vaya a generar des­trozos”, sentenció.

Por otra parte, señaló que no solo el día del ataque fue sal­picado por cuestiones políti­cas, sino también todo el pro­ceso de investigación sobre lo ocurrido en la noche del 31 de marzo del 2017, y que incluso varios sectores polí­ticos intentaron sacar rédito político de esta situación.

“Lastimosamente esta fue una causa políticamente controvertida, dejó de ser una cuestión jurídica para convertirse en una cuestión política, cada bando político buscó el rédito que le conve­nía y convirtieron una causa penal más que nada en una causa política, y muchos polí­ticos de diferentes partidos se pasaron presionando a muchos jueces y fiscales, y a ministros de la Corte en uno u otro lado para que esto quede como está”, expresó el abogado.

Mientras tanto, indicó que en la actualidad es una pena que ese proceso haya quedado en una gran mayoría en la nada con relación a identificar a los verdaderos responsables de este hecho y que finalmente no permitieron a la Justicia poder trabajar sin la intro­misión política.

“Nunca pudimos tener un análisis libre de contami­nación política, porque aquí existió un daño, exis­tió una institución que fue agredida, existieron perso­nas que lo hicieron adrede, existieron personas que lo hicieron con intenciones de generar una situación de caos y existieron políticos finan­ciando eso. Nunca se llegó a ellos, solamente se llegó a los primeros eslabones en la cadena, pero nunca se llegó a los que instigaron y financia­ron este escándalo jurídico y este daño patrimonial al Estado”, puntualizó.

“Si bien existieron ciudadanos que fueron con las mejores intenciones, también tenemos que ser claros y decir que hubo políticos que financiaron esto para generar un escándalo y esta es una realidad que se probó en el expediente. Claramente el objetivo era generar daños y generar caos”.

Juan Sosa Bareiro, abogado penalista y ex profesor universitario, realizó un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue candidato al Consejo de la Magistratura por el movimiento Convergencia para el periodo 2020 - 2023.