Las absurdas y disparatadas exposiciones que hiciera el ministro Arnaldo Giuzzio fueron refutadas con expresiones y hechos.

Mientras el minis­tro del Interior, Arnaldo Giuzzio, seguía con su “guerra con­vencional”, advirtiendo a través de un medio colega que “no toda la carta está aún en el asador”, el Ministerio de Hacienda ponía “toda la carne sobre la mesa” anunciando la colocación de bonos del Tesoro por 196.460 millo­nes de guaraníes (aproxi­madamente 28 millones de dólares) a través de la Bolsa de Valores de Asun­ción (BVPASA).

Una operación corriente en los últimos años, pero esta con el contraste de que el encargado de la seguri­dad ciudadana había voci­ferado ante la Comisión Permanente del Congreso que “esta no es una Bolsa de Valores, sino una bolsa de delincuentes”. Estaba haciendo el papel de peón en el juego de las inter­nas del Partido Colorado atacando directamente al principal adversario polí­tico que tiene el movimiento oficialista.

Acusó al líder de Honor Colo­rado de “bastardear todas las instituciones” y “utilizar (a su favor) el sistema financiero”. Sin embargo, unos días des­pués, el gobierno –del que Giuzzio forma parte– comu­nicó lo que ya se explica al principio: la Bolsa de Valores, había sido, es lícitamente apta para colocar bonos oficiales. En todo caso, la otra bolsa, la de gatos, estaba en otro sitio.

“Los interesados en adqui­rir esos títulos del Estado pueden hacerlo a través de las casas de bolsa que ope­ran en el mercado de valo­res”, explica el escrito difun­dido por el Ministerio de Hacienda.

La institución más violenta­mente agredida por Giuzzio es utilizada por el Gobierno para la colocación de sus bonos y cuya transacción se efectivizará el próximo mar­tes 15 de febrero. Con justifi­cada razón, analistas del área económica, políticos y econo­mistas habían alertado sobre “el terrorismo financiero” en que había incurrido el minis­tro del Interior, poniendo en riesgo todo el sistema por su irresponsabilidad, mala fe y absoluto desconocimiento de cómo funciona. Ahora solo le quedan dos opciones: emular al perro de la Biblia o renun­ciar.

Siguiendo el hilo de esta tele­novela de bajo presupuesto –pero de alto costo para el pue­blo– y con pésimos actores, el vicepresidente de la Repú­blica, usurpando funciones del Poder Ejecutivo, convoca a su despacho a las autorida­des de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bie­nes (Seprelad), de la Comi­sión Nacional de Valores y del Banco Central del Paraguay (BCP).

Felizmente, declaró el diputado colorado Walter Harms, “el Directorio del Banco Central del Paraguay, presidido por una persona institucionalista, le hizo ‘pito catalán’ al llamado del vicepresidente Velázquez porque esa convocatoria es competencia única y exclu­siva del Poder Ejecutivo, que está representado por el presidente de la República”.

La reunión desarrollada el lunes 7 de febrero en la sede de la Vicepresidencia de la República fue anodina, insí­pida e insulsa. Pero había que continuar con la come­dia mediática. El blanco ele­gido fue la fiscala general del Estado por su presunta inac­ción para castigar “el lavado de dinero que proviene del contrabando”, según la sub­jetiva versión del vicepre­sidente Hugo Velázquez, casualmente candidato a la Primera Magistratura de la Nación. Y también, casual­mente, sus bien posiciona­dos adversarios son del movi­miento Honor Colorado.

El primero en reaccionar a las absurdas y disparata­das exposiciones del minis­tro Giuzzio fue el presi­dente del Banco Nacional de Fomento, Manuel Ochi­pintti. Refutó con elegancia las acusaciones del minis­tro del Interior, explicando con precisión los procedi­mientos técnicos y legales, a más de un riguroso control, aplicados para garantizar el manejo trasparente del dinero, tanto a nivel inter­nacional como local.

El mismo día en que Hacienda informó sobre la colocación de estos nuevos bonos, la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA dio a cono­cer un comunicado en el cual asegura que cuenta “con una estructura de control que está reglada por leyes nacio­nales y normas internaciona­les en lo que respecta a la pre­vención del lavado de dinero y financiamiento del terro­rismo (Ley 1.015/97)”.

“Nuestros procesos y fun­cionamiento están ade­cuados a las recomen­daciones emitidas por el organismo internacional Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoameri­cana), que se dedica a la prevención y el combate del lavado de activos y el finan­ciamiento del terrorismo. Nuestros estados conta­bles son auditados por la empresa de renombre mun­dial Ernst & Young; for­mamos parte de la Fede­ración Interamericana de Bolsas (FIAB) como miem­bro titular, siendo, además, miembro de la Asociación de Depositarias Centra­les de Valores de América (ACSDA)”, continúa.

El extenso, pero esclarece­dor comunicado convierte en cenizas las falacias del minis­tro Giuzzio. En lo único en que se acertó fue en su equi­vocación acerca del refrán por él citado: “Todas sus cartas fueron a parar al asador”. O, si lo prefieren, se fue al mazo con su propio “bluff”.

La reunión desarrollada el lunes 7 de febrero en la sede de la Vicepresidencia de la República fue anodina, insípida e insulsa. Pero había que continuar con la comedia mediática.

Estaba haciendo el papel de peón en el juego de las internas del Partido Colorado atacando directamente al principal adversario político que tiene el movimiento oficialista.

Refutó con elegancia las acusaciones del ministro del Interior, explicando con precisión los procedimientos técnicos y legales, a más de un riguroso control.