El abogado Ricardo Preda señaló que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no es una institución que pueda recibir denuncias sobre hechos punibles relacionados al lavado de activos. Esta declaración fue en relación con la denuncia formulada por el actual ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, ante dicha institución.
“La Seprelad no es un órgano que esté facultado para recibir denuncias, ni investigar hechos punibles, sino que es una institución que analiza reportes y operaciones sospechosas, y una vez que detectan alguna situación, se dispone su remisión al Ministerio Público para que se analice si existe o no un hecho punible”, explicó.
“Si yo, Giuzzio o cualquier persona, sea funcionario o no, crea que alguien cometió un hecho punible, entonces tiene que formular denuncia ante el Ministerio Público o, en todo caso, ante la Policía Nacional”, añadió Preda.
Otro punto que recordó fue que todo lo que maneja Seprelad es confidencial y si algo siendo analizado se divulga, entonces se viola la ley de lavado de dinero.
Esto implica que si el titular de Seprelad, Carlos Arregui, divulga informe relacionado a cualquier caso violaría la Ley Nº 1015/97 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
Finalmente, recordó que el Artículo 31 de la citada ley refiere: “Todas las personas que desempeñen una actividad para la Seprelad y cualquiera que reciba de ella información de carácter reservado o tenga conocimiento de sus actuaciones o datos de igual carácter, estarán obligadas a mantener el secreto profesional”.
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Inan ordena el retiro preventivo de edulcorante denunciado por contaminación con hongos
El pasado 17 de abril, una joven tecnóloga en alimentos advirtió a través de redes sociales sobre un edulcorante en el que comprobó existían rastros de moho, el cual podría afectar de manera grave la salud de los consumidores. Ante esta denuncia viral y la formalizada posteriormente ante el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (Inan) el mimo emitió un comunicado el día de hoy.
El documento reza cuanto sigue: “El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (Inan) comunica que se ha solicitado a la empresa Carlos Gabriel Céspedes Becker (R.E. N.º 26854716/ 1) el retiro preventivo del mercado nacional del siguiente producto: Edulcorante de mesa a base de glicósidos de esteviol de marca Ka’a vital lotes: N.º 0133 y N.º 0146 con fecha de vencimiento 07/12/2024 y 03/04/2025 respectivamente”.
Desde la institución confirmaron que se realizaron análisis preliminares al mencionado producto y se comprobó la presencia de contaminación por hongos filamentosos o moho, recomendando a los consumidores que hayan adquirido el producto del lote mencionado que se abstengan de consumirlo evitando así cualquier tipo de reacción adversa.
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Luego de que la usuaria de “X” Gabi Silguero advirtiera sobre el mal estado en el que se encontraba este producto del cual según la misma había probado varios envases todos con la aparente presencia de los hongos, otros usuarios empezaron a manifestar que los productos que tenían también estaban contaminados, hecho que alertó aún más a las autoridades sanitarias.
Según las informaciones con las que se cuenta sobre este tipo de hongos, es que la ingesta prolongada del mismo podría provocar desde dolores estomacales crónicos, alteraciones inmunológicas, renales, neurológicas, hasta cáncer o malformaciones fetales.
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Emiliano Rolón designa a nuevo fiscal para investigar a Abdo Benítez y su gavilla
El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles en el marco de la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.
La decisión fue dada conocer en el transcurso de este viernes mediante la Resolución n.° 986 firmado por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Segovia reemplazará en el proceso investigativo a su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said. Hay que señalar que la imputación inicial contra el líder del movimiento Fuerza Republicana y su gavilla estuvo a cargo de los agentes Aldo Cantero y Giovani Grisetti, quienes terminaron siendo apartados de la causa.
Además de Abdo están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos atribuidos a los mismos son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Le robaron su celular, vaciaron su cuenta bancaria y hasta retiraron un préstamo
A través de sus redes sociales, una ciudadana denunció cómo su hermana, que había sido víctima del robo de su celular durante el fin de semana en un local comercial, ahora ya no cuenta con sus ahorros que estaban en su cuenta bancaria y que además habían solicitado un préstamo a su nombre, aprobado y desembolsado.
Flopi Piccinini, a través de su cuenta de X, dio detalles e inclusive reveló el momento en que su hermana fue despojada de su celular mientras realiza compras en un centro comercial capitalino. En las imágenes de circuito cerrado se puede visualizar como dos mujeres que se encontraban simulando ser clientas observan a la víctima y el contenido de su cartera. En un momento dado, luego de un par de señas entre ambas, se ve a una de las mujeres llevándose el celular rápidamente.
Tras percatarse de lo ocurrido, las hermanas procedieron a realizar la denuncia en la Comisaría 6.ª de Asunción, donde, según la hermana de la víctima, activaron la última ubicación del dispositivo y el GPS registraba que el mismo se encontraba en una gomería cercana al Jardín Botánico, pero a pesar de contar con esta información, los efectivos policiales no acudieron hasta el sitio para corroborar si alguna de las implicadas estaría en el lugar.
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Según el relato de la joven, la sorpresa más desagradable la tuvieron cuando su hermana retiró al día siguiente un nuevo aparato celular y se encontraba vinculando todas sus cuentas. Cuando la misma ingresó a su aplicación bancaria se percató que no solo habían transferido a diversas cuentas el dinero ahorrado, sino que también se solicitó un préstamo por más de 50.000.000, el cual fue aprobado y desembolsado por el banco.
“Ella fue a dicho banco donde le habían indicado que dentro de dos semanas le iban a dar una respuesta. Dos semanas, siendo todos sus ahorros de toda su vida y dando créditos aprobados sin que ni siquiera fuera ella la persona responsable. Sin querer hacerse cargo”, expresó en uno de sus posteos Flopi Piccinini.
La misma manifestó que ya realizaron las denuncias correspondientes ante la Dirección de Delitos Económicos de la Policía Nacional y aguardan una respuesta del banco, ya que cuentan con las evidencias que respaldan que su hermana no fue la que realizó dichas transacciones, pero que lo que realmente necesitan es que se dé con el paradero de los responsables.
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Montaron oficina paralela de Seprelad para perseguir a Cartes
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la operación ordenaron que funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal se encarguen de recopilar y acceder a toda información sobre Cartes y sus empresas, montar un informe con información falsa y tergiversada, para luego filtrar a los medios de comunicación aliados al gobierno de Abdo.
- Por Cinthia Mora
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema utilizando la fachada institucional, que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de sus enemigos políticos Horacio Cartes y Santiago Peña, con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
El Ministerio Público sostiene en su investigación que el esquema funcionaba de la siguiente manera: Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad ordenaron y acomodaron una “oficina paralela” dentro de la institución con el único objetivo de investigar a Horacio Cartes.
Para llevar adelante este objetivo, se montó una oficina paralela que funcionaba dentro mismo de la Seprelad desde donde operaban funcionarios ajenos a la institución realizando actividades por fuera de sus atribuciones. La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
Las personas designadas para realizar dichas “tareas” fueron Daniel Farías Kronawetter, funcionario de Tributación y comisionado en ese entonces al Ministerio de Interior, recién a partir de junio de 2022 fue comisionado oficialmente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero; y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ambos sin ser funcionarios de la Seprelad habrían contribuido de manera significativa a la elaboración del Informe de Inteligencia 10/2022, al redactar el documento secreto que sirvió de base para ese informe.
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registradas los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir a los partícipes del hecho. En el acta de imputación se precisa que el documento secreto fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
El “documento secreto” era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich, siendo que estas personas no revestían el carácter de investigados ni existían señales de alerta respecto a los mismos.
El trabajo de “investigación” realizado por esta oficina paralela dentro de Seprelad se tradujo luego en un informe de inteligencia (el número 10/2022) al que se introdujo, según la tesis del Ministerio Público, información tergiversada y falsa para perjudicar la imagen del expresidente Cartes y a sus empresas.
La acusada por los propios funcionarios de la institución como “cerebro” de la operación montaje y filtración, la viceministra Carmen Pereira, ordenó vía correo electrónico, el 28 de marzo de 2022, que el documento secreto elaborado por Farías y Fernández sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería remitido luego al Ministerio Público. Con esto daban la fachada de “institucional” a un proceso de investigación llevado a cabo en paralelo y por funcionarios ajenos a la institución.
Si bien los personajes involucrados al operativo de oficina paralela Farías y Fernández eran funcionarios públicos, actuaron realizando actividades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.
PROCESO TRABADO POR CHICANAS
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores presentaron, hasta el momento, dos recusaciones y una larga lista de chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia, quienes deben expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.