Los abogados Eduardo y Gerardo González, por derecho propio y ambos en calidad de ciudadanos paraguayos, presentaron ante el Ministerio Público una denuncia en contra del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por varios presuntos hechos punibles, entre ellos enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.
“Nos presentamos en nuestro carácter de auxiliares de justicia con respecto a la situación generada con un funcionario público”, dice parte del documento que recuerda las numerosas publicaciones desde el año 2020, específicamente en el diario Última Hora.
En ellas “se manifestaba que llamaba la atención el aumento patrimonial del actual ministro del Interior, así como las denuncias en contra de varios fiscales por enriquecimiento ilícito, entre los cuales también se encontraba Giuzzio”, afirmó Eduardo González.
Recordó, además, las recientes publicaciones de La Nación, específicamente una investigación sobre compras de propiedades de Giuzzio durante el año 2020, en plena pandemia.
“Existen varias inconsistencias en sus declaraciones juradas, incluso una en la que menciona que (algunas deudas) son compromisos anuales. Sin embargo, en los documentos se puede ver que él hace un pago mensual y esto lleva a que se tenga que analizar por qué, o estamos ante un hecho punible de enriquecimiento ilícito o bien de declaración jurada falsa al no corresponder lo que dice su declaración”, explicó el abogado.
“Siempre fueron oscuras sus actuaciones como funcionario del Estado tanto en la Fiscalía como en la Senad, y ahora como ministro del Interior y con esto le damos una oportunidad a Arnaldo Giuzzio para que pueda explicar todo eso”, concluyó Eduardo González.
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Denuncia de Giuzzio en Seprelad, puntapié de la operación montaje
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
- Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.
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Plan de acción para la innovación verde
La Política de Innovación Verde es un nuevo modelo de desarrollo sostenible que se está incorporando en la región de América Latina y el Caribe.
En este contexto, Paraguay, a través del (Conacyt) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentra realizando un exhaustivo estudio para conocer el panorama de la innovación verde en Paraguay, identificando tanto desafíos como oportunidades cruciales para el país en su camino hacia la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico.
En este marco, el pasado 26 de abril, el especialista Joannes Granja Ibarretxe llevó a cabo la presentación de resultados preliminares del “Estudio de oferta-demanda y diseño de política de innovación verde en Paraguay”, momento en el cual resumió todo lo relevado con respecto a las necesidades, oportunidades, así como el marco normativo vinculado a la mitigación y adaptación al cambio climático en el territorio paraguayo.
Además, se identificaron líneas de acción que podrían catalizar una transición exitosa hacia una economía descarbonizada.
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Coronel Oviedo: mujer denuncia intento de desalojo
Feliciana Sosa Mendoza es una joven madre que hace 11 años reside en una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de la ciudad de Coronel Oviedo. La misma denuncia que desde hace ocho días sufre la intrusión en su vivienda de su exsuegra, quien ahora le exige que abandone la casa y presenta en su contra una denuncia por usurpación.
“Si bien la adjudicación de la casa salió a nombre de esta señora, la ocupante de la casa desde que se construyó soy yo, porque yo era pareja de su hijo y un tiempo después nosotros nos separamos y eventualmente la que quedó ocupando la casa siempre fui yo. La señora nunca ocupo la casa, hasta que el sábado pasado se presentó en mi casa en compañía de sus hijos y nietos invadiendo mi casa y me terminaron denunciando a mí como que ocupo a la fuerza el lugar”, relató Sosa en conversación con La Nación/Nación Media.
La misma dijo que hizo la denuncia formal ante la comisaría de la zona, pero finalmente hicieron lugar a la denuncia de su exsuegra; a pesar de esto también presentaron la causa ante un juzgado para que se determine quien debe ocupar la vivienda, atendiendo que si bien la adjudicación se dio a nombre de una persona, es otra la que ocupa el inmueble hace más de una década.
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“Como es un territorio social, la casa se había pagado todo en su momento al comienzo de los trámites, la adjudicación salió a nombre de la señora, pero yo le había entregado la suma de 4.200.00 para abonar por la vivienda; pero según me indicaron quienes manejan el tema de la administración de territorio social la vivienda es de quien la ocupa”, indicó la denunciante.
Sosa explicó que hasta el lunes, fecha para la cual está fijada la audiencia ante el juez, ella debe continuar en su vivienda la cual también está habitada ahora por su exsuegra y sus nietos quienes según denuncia constantemente la maltratan verbalmente y la amenazan con que lograrán el desalojo.
“Yo hace una semana no puedo ir a mi lugar de trabajo porque temo que si salgo de mi casa cuando vuelva ya no pueda ingresar; tengo una hija pequeña de cinco años quien padece de autismo y sufre mucho porque desde que estas personas ingresaron a mi vivienda se dedican a hacer fiestas y escuchar la música a todo volumen, hecho que hace sufrir muchísimo a mi hija porque es muy sensible a los ruidos y se pasa llorando”, contó la denunciante.
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En cuanto al motivo de que llevo a su exsuegra a reclamar el inmueble, Feliciana manifestó que realmente desconoce que la motivo a estar actuando así ahora, ya que la mujer cuenta con su casa propia y es de una familia que cuenta con recursos económicos, no obstante argumentó que es posible que la mujer quiera vender ahora el inmueble.
“Yo en medio de la desesperación inclusive le propuse a esta señora salir de la casa, pero con la condición de que ella me pague el dinero que yo ya invertí en el lugar, ya que luego de mudarme mande construir una muralla en todo el predio además de una cocina como extensión de la casa para que la misma sea más cómoda y tenga más lugar, de todos esos gastos yo tengo comprobantes, pero aun así su respuesta fue que para que realice reformas en un sitio que no me pertenece”, remarcó la denunciante.
Feliciana Sosa remarcó que lo único que desea es que esta persona entienda que no la puede desalojar de un espacio en el cual ella lleva 11 años viviendo y encargándose de todos los gastos, asegurado que continuara con los procesos legales debidos para que estas personas no continúen con la invasión.
Datos clave.
- Feliciana Sosa Mendoza es una joven madre quien hace 11 años reside en una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucia de la ciudad de Coronel Oviedo.
- Hace ocho días su exsuegra llego a la vivienda acusándola de que habría usurpado el inmueble de manera irregular y desde ese momento se encuentra en el lugar en compañía de sus nietos e hijos.
- Feliciana realizó la denuncia a las autoridades y debe aguardar la determinación de un juez para que las personas que están en su casa puedan desalojarla
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Aumento de la recaudación: valoración positiva y un problema
Los importantes incrementos logrados desde el Ministerio de Economía, específicamente por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ( DNIT) de más de 457 millones de dólares en estos días, resulta auspicioso, por un lado, y por el otro, también puede convertirse en un problema.
Por un lado, el aumento de la recaudación es una forma de calzar los gastos previstos en el presupuesto del mismo modo que contribuye a la reducción del déficit fiscal, hecho que impacta sobre la inflación puesto que se podrá pagar los gastos públicos con dinero genuino sin tener que apelar a la emisión monetaria.
No obstante, y por otro lado, sucede que cuando la recaudación aumenta también puede convertirse en un problema si eventualmente el ingreso de los nuevos fondos obtenidos se vuelcan a financiar las solicitudes que llegan al Congreso que terminan en reprogramaciones presupuestarias.
De manera que estamos ante un hecho en el que merece ser congratulado el Gobierno. Se está haciendo una labor eficiente en esa permanente búsqueda de conseguir recursos para el cumplimiento del plan de trabajo establecido en el Presupuesto de Gastos.
La atribución recaudatoria por parte del Estado en categoría de aumento de los ingresos sin tener que aumentar la carga impositiva, esto es, sin tener que apelar al aumento de los tributos pagados por los contribuyentes, significa que la actividad de la DNIT está mostrando eficiencia recaudatoria propia y necesaria en cualquier lugar del mundo.
Aumentar los ingresos tributarios mediante la creación de nuevos impuestos o subir los existentes en ningún modo es un camino correcto para un país que necesita crecer más allá incluso del 6 por ciento anual del producto interno bruto (PIB).
Dicho esto, también resulta que por la coyuntura propia de la política similar en todos los países ocurre que cuando aumentan los ingresos en las arcas estatales se da inmediatamente un sinnúmero de solicitudes para disponer de esos nuevos fondos ingresados.
Esto no es de extrañarnos porque como sabemos la política responde a los requerimientos de sectores que desean disponer de dinero. Lo que sí debe ser una cuestión a tomar muy en serio es que los requerimientos no se conviertan en una herramienta para disponer del nuevo dinero ingresado para actividades donde claramente no se están usando de modo transparente los recursos de los que se disponen.
Especialmente el Congreso debe mostrarse responsable por lo que el Ejecutivo va logrando como lo es este caso el aumento de nuevos ingresos; caso contrario, se estaría dando una situación donde volveríamos a estar en el mismo lugar desde donde se partió para que el déficit fiscal se vuelva a subir.
De darse esta situación, lamentable por cierto, entonces quiere decir que el esfuerzo no solo del poder administrador en manos del Ejecutivo sino de los mismos contribuyentes que pagan sus obligaciones tributarias sería un sin sentido y provocaría en poco tiempo problemas para la economía nacional.
El déficit fiscal volvería a subir para así preparar un camino peligroso por las solicitudes de más y más gastos sin correspondencia y rendición de cuentas para finalmente encontrarnos ante el indeseable escenario de crear o subir los impuestos.
Celebramos el aumento de la recaudación que lleva a cabo el Gobierno sin tener que aumentar tributos, pero también decimos que los nuevos fondos ingresados no sean comprometidos para financiar a sectores y programas, que primero deben rendir cuentas con transparencia del dinero del que ya disponen.