Paraguay y Brasil inician el año sin haber logrado un acuerdo sobre el precio de la tarifa de Itaipú: nuestro país pide mantenerla, el vecino apuesta a bajarla. Los representantes paraguayos creen que habrá un entendimiento antes de que el consejo de la entidad binacional vuelva a reunirse el próximo 23 de febrero.

La revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú es el tema central de debate en los últimos dos años. La clase política y la ciu­dadanía son conscientes de la necesidad de lograr un trato justo para el país y precaute­lar así su soberanía. En esta segunda entrega de la serie de publicaciones que lleva adelante La Nación sobre las claves de Itaipú, el inge­niero Ángel María Recalde, ex titular de la Adminis­tración Nacional de Elec­tricidad (Ande) y ex direc­tor paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), analiza la problemática de la revisión y más específica­mente el costo del servicio de electricidad (CSE), que final­mente define la tarifa.

Recalde explica que el ser­vicio de la deuda (interés + amortización) hasta el 2021 representaba en torno a 2.070 millones de dóla­res. La idea que cobró más fuerza en la opinión pública fue la de mantener la tarifa para que se siga recaudando lo mismo que el año pasado (3.291 millones de dólares) y distribuir entre los dos países lo que se utilizaba para pagar la deuda, esto significaría un poco más de 1.000 millones de dólares al año de ingresos adicionales para cada país, a partir del 2023.

“La idea es muy buena, ya que representaría ingresos genuinos muy importan­tes para el país, pero se debe considerar que esta situa­ción (dinero a distribuir) no está contemplada en el Anexo C, obligando esto a realizar una revisión anticipada del Anexo antes de la fecha pre­vista (agosto/2023)”, precisa el ingeniero.

Es importante recordar que Brasil y Paraguay inician el año sin haber logrado un acuerdo sobre el precio de la tarifa de Itaipú. Sin embargo, los representantes paragua­yos creen que habrá un enten­dimiento entre las partes, incluso, antes de que el con­sejo de la entidad binacional vuelva a reunirse el próximo 23 de febrero.

De acuerdo con comentarios de especialistas en el tema, refiere Recalde, se tendrían que haber realizado las ges­tiones para adelantar la revi­sión y la misma, con aproba­ción parlamentaria incluida, tendría que haberse finiqui­tado para setiembre del 2021.

Para el ex titular de la Ande, es evidente que el Gobierno Nacional ha tomado real inte­rés en el tema ya muy tarde, cuando era inminente bajar la tarifa para el 2022. En ese sentido, detalla que Para­guay propuso a Brasil man­tener para el 2022 la tarifa vigente en el 2021 (22,60 US$/ kW-mes), mientras que las autoridades brasile­ñas proponen que el Anexo C sea aplicado y con ello bajar la tarifa en la proporción de la disminución del servicio de la deuda.

Recalde es categórico sobre este escenario y sostiene que aún hay mucho por hacer y para ello se debería definir primero qué es lo que más conviene a Paraguay y llevar en consideración aspectos muy importantes como:

1. Considerar la situación financiera de la Ande y el impacto que tendría en las tarifas actuales de esta empresa en los consumido­res locales (si se mantiene o si baja la tarifa de Itaipú).

2. Introducir nuevos concep­tos en el CSE, como ser la crea­ción de un fondo para gran­des mantenimientos de las máquinas instaladas hace casi 40 años; de un fondo especial para desarrollo del sector eléctrico de los paí­ses; de gastos sociales (hoy se incluye dentro de gastos de explotación).

3. Incluir la construcción de la exclusa de navegación (pre­vista en el Anexo B) y desarro­llar el proyecto de instalar dos máquinas adicionales (habría que incluirlo en el Anexo B).

4. Aumentar los montos en conceptos de royalties y resar­cimiento por las cargas de administración, en atención a la existencia de una nota reversal que prevé el ajuste de los mismos en proporción al aumento real del costo de la obra y del costo de la ener­gía producida. Los valores ini­ciales del Anexo C para esos conceptos en el transcurso del tiempo fueron afectados por un factor multiplicador (FM) 4 (en el año 1992), pero el mismo tendría que actua­lizarse a la fecha con un FM 8. Dicho de otra manera, los ingresos por ambos concep­tos podrían duplicarse.

5. Proponer que el crono­grama de contratación sea de 3 años.

6. Decidir si es conveniente que Itaipú siga vendiendo potencia o si debería vender energía.

A estos 6 aspectos, el ex pre­sidente de la Ande suma otros como proponer la revisión del Acuerdo Tri­partito firmado por Para­guay, Brasil y Argentina, que fija el comportamiento aguas abajo de la central en cuanto a la variación hora­ria y diaria de la altura del río Paraná y de la velocidad superficial de las aguas en la frontera fluvial común entre los tres países (desembo­cadura del río Yguazú en el Paraná, más conocida como Triple Frontera).

La lista sigue con obtener un acuerdo comercial con el Brasil; para el efecto, se deben integrar los siste­mas eléctricos; proponer la revisión del Tratado, modi­ficando su artículo XIII que impide la libre disponibili­dad de la energía no utili­zada en el país del 50% de energía producida por la Central, que tenemos dere­cho a adquirir; proponer la revisión del Anexo A, a los efectos de lograr la coges­tión plena, y proponer la inclusión en el Anexo B de la instalación de dos máqui­nas adicionales.

En este contexto, es crucial que nuestras autoridades y repre­sentantes jueguen sus mejores cartas durante las negociacio­nes futuras con el Brasil para lograr resultados que sean beneficiosos para nuestro país.