Un proyecto de ley “que regula la acti­vación de líneas de telefonía celular” se encuen­tra en estudio en la Cámara de Diputados. La iniciativa es impulsada por el colorado Walter Harms.

El proyecto aguarda ser estudiado en plena­ria, teniendo en cuenta el incremento de denun­cias sobre estafas realiza­das con números telefóni­cos (celulares), habilitados irregularmente con identi­dades falsas o utilizadas de manera indebida.

Igualmente, los casos de extorsiones que se perpe­tran ya sea desde el interior de las cárceles, así como por parte de grupos especializa­dos en cometer todo tipo de “aprietes”, como los episo­dios de sextorsión que pulu­lan en los últimos tiempos.

En la actualidad no existe prácticamente impedi­mento para habilitar chips sin muchos trámites.

El parlamentario explicó que el proyecto de ley pre­tende regular la activación de líneas de telefonía celu­lar a fin de evitar el uso indebido de identidad de las personas.

“Se establece que la acti­vación de la línea de telefo­nía celular sea un acto for­mal, personalísimo, y evitar así que personas con malas intenciones utilicen la iden­tidad de terceros para fines delictivos”, destacó.

La legislación prevé que las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular deberán exigir al usuario la presentación de la cédula de identidad vigente y una foto­copia de la misma.

Igualmente, se deberá com­pletar formularios elabora­dos para el efecto, los cuales deberán contener datos per­sonales, una referencia per­sonal y la firma del solicitante ante el responsable de la acti­vación, quien igualmente fir­mará el formulario y entre­gará una copia del mismo al usuario. “Cuando la activa­ción sea solicitada a través de una tercera persona, esta deberá estar autorizada por el titular solicitante mediante carta poder con certifica­ción de firma ante escribano público”, aclaró.

En otro artículo del proyecto se especifica que “las empre­sas proveedoras del servicio de telefonía celular, antes de proceder a la activación de la línea solicitada, deberán ase­gurarse de que los datos sean los correspondientes al soli­citante, para lo cual podrán confirmar los datos suminis­trados con la persona ofrecida como referencia personal”.

Por último, el proyecto de ley contempla fuertes multas por incumplimiento. Esti­pula que en caso de incum­plimiento de lo establecido por parte de las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular, “estas serán multadas, por cada caso, a través de la Comi­sión Nacional de Telecomu­nicaciones (Conatel), con un equivalente a quinien­tos (500) jornales diarios”, cifra que equivale a unos 44 millones de guaraníes.