El titular de la Dirección de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, señaló que se abrió pesquisa en torno la supuesta sobrefacturación en la construcción de una planta de molienda de caña de azúcar, para Petropar, en la localidad de Mauricio José Troche.
Una denuncia al respecto sostiene que la empresa Estructura Ingeniería SA, cuyo director Felipe Huerta y propietario Alberto Palumbo, presentó la oferta más cara, pero que en contrapartida ganó la licitación para concretar la obra.
“Ayer se notificó la adjudicación, hay diez días para presentar las objeciones, hay un participante más. También podemos hacer consultas por el precio que se mencionó, con respecto al precio de referencia y el precio final de la empresa oferente”, respondió Seitz, al ser abordado por el tema.
Agregó que las ondulaciones de precios para una licitación pública, puede adjudicarse a precios 15 % por encima o 25% por debajo de costos de referencia. El dueño de la empresa, Alberto Palumbo, había prestado una residencia-oficina al vicepresidente Hugo Velázquez, quien ocupaba ocasionalmente la misma, ubicada a cuadras de la residencia de Mburuvicha Róga.
Palumbo figura como proveedor del Estado, y la cercanía con el poder Ejecutivo fue motivo de polémica por ese episodio mencionado. Ahora se instaló de nuevo la controversia, por el hecho de que la empresa que construyó la planta de molienda tiene antecedentes de polémica por otros casos de provisión de bienes y servicios al Estado.
El tema de las conexiones que mantienen algunas empresas proveedoras con referentes del Ejecutivo comenzó a ganar preeminencia en los medios, a partir de la prematura campaña desatada por el vicepresidente Hugo Velázquez, en la que se visualizan potenciales focos de favores que el número dos del Ejecutivo estaría tejiendo tanto en el sector público como privado.
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Funcionaria municipal aparece ligada a firma mimada por Prieto
Una funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este y su entorno familiar aparecen ligados una empresa beneficiada con millonarios contratos por la administración de Miguel Prieto. La firma inició como un club nocturno, pero terminó convertida en una constructora mimada por la comuna esteña.
- Por Juan Carlos Lezcano
Lumma Magdalena Silva Battochi no solo es funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, sino que ella y una hermanastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021.
En 2021, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un conocido club nocturno en el este del país.
MODESTA FUNCIONARIA
Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipalidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000.
Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.
La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada días atrás por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millonarias adjudicaciones de contratos a la empresa ligada a esta última.
CIEN VECES SU SUELDO
Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funcionaria comunal.
La accionaria mayoritaria es Lilian Gregoria Graciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones.
Actas posteriores revelan que Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez.
Samara registró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por la funcionaria comunal.
De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Benítez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de hermanas” en posteos realizados sobre fechas especiales para ambas.
DE GOLDEN ROUGE A SCDE
De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público y a documentos a los que tuvo acceso LN, la firma que se encuentra en la mira se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada de la administración Prieto y a la que adjudicó contratos por G. 10.706 millones para refacciones en escuelas, obras viales en menos de dos años. Los fondos provienen del Fonacide.
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba entre sus actividades el “servicio de bebidas”.
Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió mudarse a una nueva sede.
El 9 de julio de 2021, Lilian Benítez Villalba acudió como presidenta del directorio de la firma a solicitar el cambio de denominación y también de las actividades declaradas por la empresa.
Como actividades secundarias declararon “construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción”. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Entre los accionistas de la asamblea del cambio de denominación figuraban, siempre según el acta notarial, Lilian Gregoria Graciela Benítez y Lumma Magdalena Silva Battochi, quien como mencionamos líneas arriba es la funcionaria denunciada.
CERCANOS A PRIETO
Como representantes de la firma contratista aparecen Samara Aguirre y Lilian Graciela Benítez.
Aguirre tiene fotografías en redes sociales en las que aparece en cumpleaños infantiles compartiendo junto al intendente Prieto y a la concejal Valeria Romero, una de las personas de confianza del jefe comunal.
Por su parte, Lumma Silva Battochi está casada con Juan Quiroga, quien es director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.
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Presidente Peña saludó a periodistas en su día
El presidente Santiago Peña usó sus redes sociales para expresar su saludo a los comunicadores ayer viernes, día en que se recordó el Día del Periodista. “Compañeros del trabajo diario. Compartimos un momento especial con los comunicadores de diversos medios que siempre nos acompañan, acá en la Presidencia. A través de ellos, hago llegar mis mejores deseos a todos los periodistas del país en su día”, señaló, acompañando el mensaje con la prensa asignada a la cobertura de Presidencia.
“Desde el Ejecutivo reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión para que realicen sin impedimento alguno su noble tarea”, señaló en otro mensaje.
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Firma argentina invertirá USD 12 millones en aceitera
- Ciudad del Este. Agencia regional.
El gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, dio la bienvenida a una empresa argentina que instalará una aceitera en Hernandarias. Fue en la mañana de ayer en una reunión en sede del gobierno regional donde el grupo de directivos estuvo encabezado por el empresario Hernán Falcón, dueño de la empresa Allocco del vecino país, dedicada a la producción de equipamiento para aceiteras.
Esto fue informado por el secretario de Industria y Comercio de la Gobernación de Alto Paraná, Esteban Wiens, quien participó de la reunión. La empresa se llama Aceitera Alto Paraná SA y cuenta con un inmueble de cinco hectáreas en Hernandarias, donde será construida la planta. Está ubicado a 400 metros del futuro Corredor Metropolitano del Este.
El proyecto de inversión es de 12 a 15 millones de dólares, a ser ejecutado por etapas en su producción, hasta llegar al refinado y embotellado del aceite. Emplearía a un mínimo de 60 trabajadores directos e indirectamente necesitará de cientos de productores, según Wiens.
El grupo que se reunió con el gobernador, además de Hernán Falcón, estuvo conformado por la representante legal de la empresa en Paraguay, Claudia Mendoza, y por Franco Berastegui, encargado de desarrollar la planta aceitera en Alto Paraná. Se trata de un ingeniero industrial, dueño de una aceitera de Argentina, según dijo Mendoza, a La Nación/Nación Media.
La empresa pretende seleccionar jóvenes para enviarlos a capacitarse en Argentina, para luego trabajar en la industria aceitera. Como parte de este trabajo, el grupo visitó también una universidad privada de la zona que cuenta con la carrera de ingeniería industrial.
Mendoza informó que el empresario se reunió ayer con el intendente de Hernandarias, Nelson Cano, y se habló sobre la posibilidad de empedrar la calle de acceso a la futura planta, ya que hoy es camino de tierra todavía. “Prácticamente solo ese sería el problema, pero hubo compromiso para resolver eso”, dijo.
Allocco es una empresa de provisión de equipos para la industria aceitera, según fue presentada a las autoridades. Tiene más de 50 años y ocupa una posición de liderazgo en desarrollos de ingeniería para el procesamiento de semillas oleaginosas y una consolidada presencia en la región.
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Reglamento UE 1115: el Ejecutivo debe decidirse por el comercio internacional sin intervencionismo estatal
- Por Víctor Pavón
Cuando todo parecía encauzarse para bien en relación a las exportaciones de nuestros productos como la soja, la carne, el cuero y la madera, para el comercio con la Unión Europea (UE) y por el cual el Ejecutivo nacional tenía una posición correcta de no ceder ante exigencias de otros países, días atrás sin embargo el Gobierno emite el Decreto 1541 que muestra otra tendencia.
El presidente Santiago Peña dijo el año pasado en las Naciones Unidas: “Los países en vías de desarrollo no podemos postergar nuestro desarrollo por exigencias unilaterales que rayan la arbitrariedad”, afirmación certera sobre lo que había que hacer en relación a exigencias que podrían perjudicar al país.
Con referencia concreta al Reg. 1115 de la UE dijo: “Paraguay hará valer su soberanía”.
Del mismo modo, la Cancillería junto como el Ministerio de Agricultura y Ganadería afirmaban que las exigencias de la UE son de cumplimiento imposible para Paraguay, más tomando en cuenta que nuestra producción se hace de modo sostenible protegiendo el medioambiente.
Luego el Gobierno se presenta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que junto con 60 países sostienen acerca de la necesidad imperiosa de reducir las “distorsiones al comercio agrícola” así como medidas exigidas de “modo unilateral”.
Al respecto, alguien que sabe y mucho sobre todo esto, el Ing. Santiago Bertoni, exministro de Agricultura y Ganadería, afirmó que “la norma n.° 1115 de la UE se trata de una barrera comercial a los productos agrícolas, con condiciones exageradas sobre el sector privado”.
De igual modo los verdaderos protagonistas, los que saben lo que pasa en el campo, se hacían escuchar. Los sectores gremiales mediante sus representantes refieren que el Reglamento 1115 no puede ser una imposición ni menos aún convertirse en una normativa internalizada en nuestro territorio perjudicando al campo y que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Mientras tanto, la UE venía diciendo que el Reglamento 1115 se aplicaría con o sin acuerdo del Mercosur. Matteo Sartori, quien estuvo por nuestro país, dispuso en carácter de donación de euros 10 millones para el Gobierno, como una forma de ayuda para ir cumpliendo los requisitos ambientales del Reglamento 1115.
Y ¿ahora? El Decreto presidencial 1541 del 16 de abril pasado, viene a cambiar la tendencia correcta del Gobierno con relación al Reglamento 1115. Dice que se deben iniciar las tareas para implementar sistemas de trazabilildad socioambiental para la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales.
En el Considerando del Decreto se lee: “...las recientes normativas de trazabilidad socioambiental adoptadas por mercados extranjeros...” “...que el Estado debe adoptar”... para contar con “una plataforma de trazabilidad ambiental”.
Esta decisión del Gobierno es estatista, contraria a los intereses del sector privado rural que serán convidados de piedra de aprobarse la “nueva trazabilidad”, documento de cumplimiento obligatorio hecho por burócratas que, sentados en cómodos sillones, se dedican a estorbar a los emprendedores.
Es de esperarse que el Ejecutivo tome en cuenta que el comercio y la producción son tareas del sector privado y que el Estado debe garantizar la propiedad y la seguridad para que la gente coopere para intercambiar más y mejores bienes y servicios, tanto dentro como fuera del país. Y esta es la mejor forma de defender la soberanía y la producción del Paraguay.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.