La Cámara de Sena­dores rechazó el pro­yecto de ley de expro­piación del inmueble que corresponde a la estancia Pindó (Curuguaty, departa­mento de Canindeyú). Por amplia mayoría de 22 votos contra 11 a favor, el plena­rio abortó la propuesta de ley presentada por el Frente Guasu en el 2014.

En el tratamiento, los legisla­dores en mayoría argumen­taron que el proyecto de ley es inconstitucional y violato­rio a varias normativas, entre ellas el Estatuto Agrario y Ambientales, que impide lle­var adelante cualquier plan­teamiento de expropiación.

Representantes de la Agro­ganadera Pindó califican a la invasión como violenta y de ribetes que pueden dejar pre­cedente que pueden poner en peligro propiedades invadidas en otras zonas del país.

La Comisión de Reforma Agra­ria había emitido dos dictáme­nes, uno por la aprobación y otro por el rechazo, del docu­mento planteado por el Frente Guasu que apuntaba a favore­cer a los invasores.

El senador de Patria Que­rida Fidel Zavala planteó el rechazo del proyecto, argu­mentando que existe un atro­pello a la propiedad privada, considerando que la transfe­rencia de las tierras se verificó dentro de las normas legales de la época.

Puntualizó que existen 12 denuncias desde el 2012 por deforestación, daño al medio ambiente, tráfico de rollo y robo de vehículos. Otros legis­ladores apuntaron que los inva­sores también verificaron otra actividad ilegal como el cultivo de marihuana.

Por su parte, el senador Enri­que Riera dijo que muchas invasiones son financiadas por comerciantes, “trafican­tes de madera que meten a la gente, consiguen el apoyo político, mediático y de paso hacen plantaciones de mari­huana”. Subrayó que secto­res de la oposición utilizan el tema de las invasiones de inmuebles privados como herramientas para engañar y atraer a personas dispues­tas a violar la ley, para con­seguir compensaciones eco­nómicas.

El senador de Frente Guasu, Hugo Richer, justificó durante su exposición en la Cámara Alta el supuesto cultivo de marihuana dentro de las tierras invadidas en el establecimiento agroganadero Pindó SA, en el departamento de Canindeyú. El legislador, quien ya había sido denunciado por apoyar al grupo de invasores, hecho fil­mado en videos que fueron viralizados en redes sociales, mencionó que era muy probable que existan plantaciones de marihuana en el asentamiento. “La pobreza extrema de nuestros compatriotas los ha llevado a ese rubro. No me consta (el cultivo en la invasión al establecimiento Pindó ) pero esto es ante la falta de producción y la falta de mercado”, expresó. Vaticinó que no tendrían los votos suficientes para lograr la expropiación de una parte del estable­cimiento agroganadero Pindó SA. “Continuaremos con la lucha por las tierras malhabidas y tenemos suficientes elementos, si el Estado quiere, puede investigar. Para ello le ofreceremos toda la documentación que tenemos al respecto”, afirmó.

“Es un primer paso para poner fin a 9 años de invasión y daño ambiental irreversible”, dijo.

El bloqueo del proyecto de ley de expropiación de la estan­cia Pindó generó reacciones de alivio en sectores del Parla­mento. El senador Fidel Zavala, del Partido Patria Querida, dijo que se impuso la razón jurídica en el Legislativo. Indicó que el intento de favorecer a los inva­sores, y de buscar blanquear sus acciones, ha sido derrotado. “La verdad siempre llega. El pro­yecto de expropiación de la estancia Pindó, presentado por el Frente Guasu, fue rechazado. Un primer paso para poner fin a 9 años de invasión y daño ambiental irreversible”, afirmó.

Las idas y vueltas para llegar a una definición del litigio deter­minaron el mapa de posicio­nes de las distintas facciones que conforman la Cámara Alta. El proyecto estuvo “dormido” durante varios años, y su traída al tapete se verificó en las últimas semanas, siem­pre de la mano del FG. A favor de la expropiación que benefi­ciaba a invasores estuvieron acompañando a los luguistas algunos del liberalismo, ade­más del PDP y algunos congre­sistas de la ANR.

Señaló que desde el gremio estuvieron abo­gando por el rechazo de la propuesta.

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli, mostró su satisfacción con el resultado que se logró en la Cámara Alta. Indicó que era lo que estaban esperando porque era una situación muy difícil de justificar una legisla­ción que confrontaba a varias otras leyes incluso la Consti­tución. Dijo que desde el gre­mio estuvieron abogando por el rechazo de la propuesta por­que si se llegaba a aprobar, se iba a legalizar delitos de invasiones, ambientales, y otros delitos.

“Estaba claro que el Esta­tuto Agrario no permite que sean expropiadas propieda­des a favor de invasores. En el Senado se hizo lo que se tenía que hacer. Hubiera sido un pésimo precedente que se apruebe la expropiación de la propiedad privada para favore­cer a invasores que son delin­cuentes y están cometiendo graves delitos ambientales”, afirmó. Indicó que ahora lo que corresponde es que las insti­tuciones responsables hagan cumplir la ley, pues la invasión de la estancia Pindó ya lleva 9 años de ocupación ilegal.

Ex ministro dijo que ahora espera que en breve se ponga fin al largo proceso.

El ex ministro del Ambiente Rolando de Barros celebró que, tras un largo proceso, se lograra ganar la primera batalla en el caso de la estan­cia Pindó. El ingeniero sostuvo que por fin se hizo justicia, al ser rechazado este proyecto de ley de expropiación, que quebrantaba todos los prin­cipios legales establecidos en la Constitución y un abierto atropello y violación a la pro­piedad privada, y sobre todo la degradación y devastación de los recursos naturales que posee la estancia Pindó.

Señaló que ahora espera que en la brevedad también se ponga fin al largo proceso de invasión y atropello violento que se viene dando desde hace 9 años. “Se arrasó con más de 4.000 Há de reserva forestal, para su directa comercialización de produc­tos y subproductos foresta­les para enriquecimiento de cúpulas políticas de izquierda que son los incitadores y pro­pulsores de las invasiones, pero siempre con fines o inte­reses personales y económi­cos, no con fines sociales como quieren hacer creer”, enfatizó.