La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, señaló que una de las prioridades del momento es agilizar la tramitación de expedientes. Indicó que la máxima instancia judicial realiza esfuerzos al respecto.
“Se ha trabajado en acordadas y planes de descongestión del sistema penal, enfocados en la posibilidad de aplicar soluciones alternativas al juicio. El sistema no sólo se concentra en el aspecto punitivo. Lo punitivo es la última ratio. La ley establece mecanismos de solución alternativa de conflictos que están ahí justamente para impedir que todos los conflictos que ingresan al sistema penal lleguen necesariamente al juicio oral y puedan ser resueltos mucho antes de llegar a esa instancia”, manifestó.
En otro contexto significó que no se puede hablar de instancias superiores y que es error sostener que una causa se eleva a juicio oral u otro nivel.
“Ninguno es superior jerárquico al otro. Se eliminó la recurribilidad del acto de apertura a juicio justamente porque hay otro tribunal que puede controlar si las formalidades de esa audiencia preliminar y el consecuente acto de apertura se hicieron correctamente”, apuntó.
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Buscan modificar Código Penal para combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
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Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.
“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.
“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.
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La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.
Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.
La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
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La Corte dispuso que Kattya González no vuelve al Senado
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
Luego de la incidentada sesión, González anunció que iba a recurrir a instancias internacionales para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstitucionalidad ante la Corte.
Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expulsión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía inviable su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de esperarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instancia donde recurrir y definitivamente se queda sin banca en el Senado.
LIBELO ACUSATORIO
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.