El abogado constitucionalista Marcelo Duarte aseguró que el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, no puede hacer campaña ni postularse a ningún cargo mientras ocupa la silla presidencial. “Su intención revela, además de su ineptitud, que no tiene conciencia de la responsabilidad de su cargo”, afirmó el también ex senador. “No puede destinar su tiempo y atención a ninguna otra cosa que no sea la administración del país. No puede hacer campaña, ni inscribirse a cualquier postulación”, afirmó.
Así se refirió a las declaraciones del mandatario que admitió que analiza postularse para presidir la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR). “Voy a ganar las elecciones, pero no voy a asumir”, dijo ayer el jefe de Estado, afirmando que de esa manera no violará la Constitución Nacional. “No voy a ocupar ambos cargos de manera simultánea”, subrayó.
Dejanos tu comentario
Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
Dejanos tu comentario
La extitular de Petropar, primera condenada del entorno de Abdo
Patricia Samudio, extitular de Petropar, fue condenada a cuatro años de prisión por las compras irregulares durante la pandemia de coronavirus. De esta manera se convirtió en la primera del entorno del expresidente Mario Abdo Benítez en ser condenada por hechos de corrupción.
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió ayer en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
SUPUESTA COIMA DE NARCO
Otro de los procesados del entorno de Mario Abdo Benítez es el exsenador y exministro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio.
El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que alquiló una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marques.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
OTRO AMIGO DE NARCOS
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.
Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY. En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
ABDO, ARREGUI, FERNÁNDEZ, GIUZZIO Y ESPÍNOLA
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.
Dejanos tu comentario
Ordenan embargo de empresa de la familia de esposa de Abdo por deuda
El Instituto de Previsión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recuperar en esta nueva administración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un consorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.
El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la previsional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tenemos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.
EL PROPIO IPS TRANCÓ ACUERDO
Llamativamente, durante la administración anterior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del consorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, llamativamente el IPS y el consorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.
“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excepción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese entonces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millones aproximadamente lo que debía”, señaló González en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.
La previsional ganó el juicio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sorprendentemente” el Consejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extrajudicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescindido ese acuerdo extrajudicial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el director jurídico.
HOMOLOGACIÓN
Tras ese acuerdo extrajudicial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homologación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homologación mataron todo el juicio”, según las explicaciones del director jurídico.
“Revisando los antecedentes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permitiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.
Dejanos tu comentario
Diez fechas claves de la operación “garrote” orquestada desde Seprelad contra Cartes
El operativo de montaje y filtración de información confidencial desde la Seprelad arrancó en el mes de diciembre de 2021 con una reunión clave entre funcionarios de la Seprelad y una oscura personaje del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la asesora venezolana del presidente. El operativo fue “craneado” desde la propia Seprelad con funcionarios ajenos a la institución, quienes dejaron rastros que permitieron a la Fiscalía descubrir la trama y fundamentar su imputación con base en 42 elementos. De acuerdo al acta de imputación fiscal existen 10 fechas claves que revelan cómo se ejecutó la operación.
- Por Cinthia Mora
La causa abierta contra Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Espínola se sustenta en elementos de sospechas irrefutables que sostienen la tesis del Ministerio Público. Todos los elementos fueron colectados con aval y control judicial.
De acuerdo al relato de hechos, datos y fechas consignados en el acta de imputación de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, el operativo de “garrote político” de la Seprelad tuvo fecha de inicio y una sucesión de hechos conectados con el objetivo de montar y filtrar un informe de inteligencia para perjudicar a los enemigos políticos de turno.
Todo arrancó con una reunión entre autoridades de la Seprelad y la asesora “fantasma” del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la venezolana sobre quien no aparecen datos oficiales.
LA CRONOLOGÍA - PARTE 1
Esta reunión aparece registrada en fecha 16 de diciembre de 2021 a las 9:40 en la sede de la Seprelad. Del encuentro participaron Carlos Arregui, Carmen Pereira, Arnaldo Giuzzio y Daniel Farías, este último en calidad de asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior y la asesora fantasma de Abdo, Verioska Velazco, quien se habría presentado como “asesora externa” de la Presidencia de la República, sin que exista acto administrativo que la designe como tal.
Otra reunión que aparece es la del 29 de diciembre de 2021 entre Carlos Arregui, Carmen Pereira y René Fernández, ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Las reuniones en las oficinas de la Seprelad eran constantes y el que participaba con frecuencia, sin ser funcionario de esta institución, era Daniel Farías, quien en ese momento se encontraba comisionado y prestaba servicios en el Ministerio del Interior bajo órdenes de Arnaldo Giuzzio.
La cronología continúa con la fecha 26 de enero de 2022, cuando el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presenta una denuncia en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Seprelad, esta institución no estaba facultada a recibir denuncias sobre comisión de hechos punibles.
Tras la denuncia presentada por Giuzzio contra Cartes se sucedieron hechos llamativos y vinculados entre sí. Ese mismo día, 26 de enero de 2022, el Poder Ejecutivo nombra como viceministra de la Seprelad a Carmen Pereira, quien hasta entonces ocupaba el cargo de directora general de Análisis Financiero y Estratégico. Pereira es apuntada como la mano derecha de Arregui y “cerebro” del montaje de informes de inteligencia.
El mismo día de la designación de Pereira como viceministra, la denuncia presentada por Giuzzio contra Cartes ante la Seprelad fue derivada a un asesor de análisis financiero de Seprelad, Guillermo Preda Galeano, también imputado en la causa.
El 9 de febrero de 2022, el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Omar Legal solicita a la Seprelad que informe si en los últimos 10 años se han elaborado informes de inteligencia relacionados a Horacio Cartes. Dando curso a esta solicitud fiscal y excediendo en lo solicitado, se recabaron datos e informes relacionados a Cartes y sus empresas y monta un informe de inteligencia.
El 18 de febrero de 2022 el funcionario de la Seprelad, quien respondía a las órdenes de Carmen Pereira, Francisco Pereira Cohene, solicita y recibe información de parte del funcionario Derlis Ruiz sobre datos recabados hasta la fecha sobre Horacio Cartes y la empresa Tabacalera del Este SA.
Para ese entonces, en la Seprelad ya funcionaba una oficina “paralela” desde donde se accedía a toda la información relacionada a Cartes y sus empresas, el encargado de este “trabajo” era un funcionario que no pertenecía a la institución, Daniel Farías, asesor de Arnaldo Giuzzio.
La investigación de los fiscales Cantero y Grisseti pudo determinar dónde y quiénes elaboraron los informes que luego fueron filtrados a los medios. En los archivos de la Seprelad se encontraron los metadatos (huellas digitales) del documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández que luego sirvieron de base para el informe de inteligencia financiera, el número 10/2022
DOCUMENTO SECRETO. CRONOLOGÍA - PARTE 2
Aquí aparece una fecha clave: el 26 de marzo de 2022 a las 17:48. Es el registro del documento en formato word creado por Daniel Farías y luego editado por última vez, ese mismo día, por René Fernández. Dicho archivo era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y a la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich.
Ni Farías ni Fernández eran funcionarios de Seprelad al momento en que elaboraron el proyecto de informe de inteligencia. Tampoco poseían ningún tipo de atribución legal para hacerlo.
Este mismo archivo en formato Word fue remitido, el 28 de marzo de 2022, vía correo institucional, por Carmen Pereira a Francisco Pereira con la instrucción de que sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería remitido al Ministerio Público.
La Fiscalía sospecha que el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia 10/2022. Ni Peña ni Boidanich revestían al carácter de investigados en el marco de dicho informe de inteligencia.
INFORMACIÓN “ESPONTÁNEA” A EE. UU.
El operativo de montaje y filtración incluyó un capítulo especial que también dejó rastros en los archivos de la Seprelad. El 31 de marzo de 2022, a las 8:58, Carmen Pereira remitía vía correo electrónico indicaciones para que el archivo Word (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
Este revelador documento fechado el 1 de abril de 2022 fue enviado a EE. UU. tres meses antes de que la Embajada norteamericana en nuestro país diera a conocer en Paraguay una lista de personas declaradas significativamente corruptas.
En la cronología de hechos relatada en el acta de imputación se incluyen dos fechas más que corresponden a hechos de carácter público y notorio, innegable por parte de los acusados: el discurso político del expresidente Mario Abdo Benítez del 8 de mayo de 2022, cuando afirmó que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio.
Esta información de carácter confidencial habría sido expuesta por Mario Abdo Benítez con el objetivo de desacreditar al expresidente Horacio Cartes, ya que ambos se encontraban en ese momento disputando el cargo de presidente de la ANR.
El 20 de mayo de 2022, a las 8:43, se “afinaban” los últimos detalles de lo que sería el informe de inteligencia remitido a la Fiscalía. El funcionario Guillermo Preda remite por correo al analista Derlis Ruiz los cuadros de salarios de Peña y Boidanich.
La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boidanich y Santiago Peña. Esta información se extrajo del documento en formato Word elaborado por Farías y Fernández el 26 de marzo de 2022. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligencia con la presunta finalidad de que se inicien investigaciones de carácter penal en contra de dichas personas.
EL “GARROTE” Y LOS MEDIOS. CRONOLOGÍA - PARTE 3
En la misma fecha, 20 de mayo de 2022, tan solo 17 minutos después de que el funcionario Guillermo Preda Galeano envíe los cuadros de salarios de Peña y Boidanich para ser incorporados al informe de inteligencia, el secretario privado de la Presidencia, Mauricio Espínola, publicaba los mismos datos en su cuenta de red social X.
El informe de inteligencia 10/2022 elaborado en estas circunstancias y tras las filtraciones registradas recién fue remitido al Ministerio Público a las 15:21 del día 20 de mayo y fue descargado por la entonces fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, en fecha 23 de mayo de 2022.
Todo el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad contó con la estrecha colaboración de los medios afines al abdismo. El diario Abc Color publicó el 28 de mayo de 2022 la noticia “Fulminantes datos sobre red montada por Horacio Cartes”, en la que se encuentran diversos datos e informaciones textuales que únicamente se encontraban en el informe de inteligencia 10/2022.
Todo el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad contó con la estrecha colaboración de los medios afines al abdismo.
De acuerdo a la tesis de la Fiscalía fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligencia con la presunta finalidad de que se inicien investigaciones de carácter penal en contra de dichas personas.