El abogado José Ignacio González Macchi explicó que la Ley 5033/13, que reglamenta la declara­ción jurada (DDJJ), bási­camente deroga al 243 del Código Penal sobre la declaración falsa desde el momento que permite la rectificación cuando no exista un proceso abierto.

“Hay distintas formas de declaración jurada en el ordenamiento jurídico. La Ley 5.033 permite previa­mente, antes de ir a lo penal, establecer si existió o no una rectificación o retracción. Una ley posterior deroga reglamentaciones anterio­res”, explicó el profesional del derecho en comunica­ción con la radio 650 AM.

Sostuvo que la Ley 5033 establece los criterios y los procedimientos previos a lo penal y si no ocurre lo establecido en la norma­tiva, la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) puede remitir al Ministe­rio Público, pero no puede investigar de entrada cuando hay una rectifica­ción en las declaraciones juradas de orden adminis­trativo.

González Macchi indicó que no toda omisión en las declaraciones jura­das puede tomarse como declaración falsa porque la ley establece clara­mente una herramienta jurídica totalmente válida como es la rectificación, haciendo referencia al caso del ex presidente de la República Horacio Car­tes.

“Desconozco puntual­mente cuál es la situación del ex presidente Car­tes. La cantidad de fun­cionarios públicos que están en igual situación, rectificando sus decla­raciones de renta y no solamente una vez, sino múltiples veces porque la propia ley permite, la ley obliga en el ingreso y en el egreso”, agregó el abogado.

El ex presidente de la República Horacio Car­tes rectificó sus declara­ciones juradas e incluyó la sociedad offshore Dominicana Acquisition SA, adquirida en Panamá en el 2011 mediante OMC Group.

Desde la propia Contra­loría General de la Repú­blica admiten que esto es un procedimiento normal entre todos los funciona­rios del sector público.