La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable inter­nacionalmente a Paraguay por violar la independencia judicial al haber destituido de forma arbitraria e irre­gular a los ex ministros de la Corte Suprema de Justi­cia de nuestro país Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernán­dez Gadea, quienes fueron separados de sus cargos vía juicio político en el año 2003. La Corte IDH argu­mentó el fallo señalando que “se configuró una seria afectación a la independen­cia judicial, en tanto fueron irrespetadas las garantías de estabilidad y de protección frente a presiones externas que ampara la función de las juezas y los jueces que es deber del Estado salvaguar­dar”, refiere parte de la reso­lución del organismo inter­nacional.

La Corte IDH dispuso una indemnización de US$ 480 mil para Ríos Ávalos y US$ 250 mil para los familiares de Fernández Gadea. En total el Estado deberá abonar la suma de US$ 780 mil para los dos ex ministros de la máxima ins­tancia judicial.

La denuncia ante la Corte IDH fue elevada el 3 de octu­bre del 2019, pasando todos los procesos establecidos hasta la notificación de la resolución de convocatoria a audiencia, que se concretó el pasado 14 de diciembre del 2020.

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El 7 de octubre del 2019, la Corte Suprema de Justicia envió una notificación al Con­greso ordenando la reposición del doctor Bonifacio Ríos Áva­los en su cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, lo que no fue acatado por el Congreso Nacional bajo el ale­gato de que se trataba de una cuestión política y no jurídica.

Sin embargo, ya en el 2003, Ríos Ávalos, junto con Car­los Fernández Gadea (falle­cido en junio del 2010), ambos destituidos vía jui­cio político, recurrieron a la Corte Interamericana, pero recién en el 2019 la Sala Constitucional resolvió que el ex ministro debía ser res­tituido en el cargo.

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