El Poder Ejecutivo promulgó la ley que eleva la pena carcela­ria por invasiones de inmue­bles ajenos. En conferencia de prensa realizada en la sede del Comando en Jefe, el secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presi­dencia, Hernán Huttemann, y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, argumenta­ron los motivos que llevaron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a tomar la decisión de promulgar la ley sancionada el miércoles por la Cámara de Diputados.

Huttemann dio a conocer los alcances del Decreto 6830 con el que se modi­fica el marco penal vigente para los casos de invasio­nes de la propiedad privada. Fundamentó la celeridad con la que el jefe de Estado se expidió sobre el proyecto de ley. “Este proyecto de ley, si bien se sancionó el día de ayer y hoy a primera hora hemos recibido esta propuesta en la Presiden­cia, el análisis ya se venía realizando con anteriori­dad”, explicó al mencionar que desde el Ejecutivo ya se venía conversando con los mismos proyectistas.

Manifestó que se trabajó coordinadamente con el Poder Legislativo, por lo que una vez que la ley ingresó en el ámbito del Ejecutivo “la decisión ya estaba práctica­mente tomada”.

Sobre el texto promulgado, el ministro ratificó que la ley prevé la modificación del artículo 142 del Código Penal que tipifica la con­ducta de invasión de inmue­ble ajeno. “Lo que prevé esta modificación, de un delito que ya estaba en el Código Penal paraguayo, es que toda persona de manera individual o colectivamente que ingrese a un inmueble ajeno con violencia o clan­destinidad será sancionada con una pena privativa de libertad de hasta seis años”, indicó.

Huttemann aclaró que, en el caso de que la persona que ingrese realice esta conducta con la intención de instalarse en el inmueble o tener algún tipo de daño patrimonial, la pena privativa será de hasta diez años.

A su vez, la ministra de Jus­ticia, Cecilia Pérez, recordó que es facultad de los jueces, según cada caso y de acuerdo a los presupuestos, determi­nar si la persona tendrá que guardar prisión preventiva. Esto teniendo en cuenta que este punto no se modificó.

“La modificación que tene­mos con esta promulga­ción del marco penal. Esto implica que el juez puede decretar una sentencia condenatoria en caso de encontrar las pruebas sufi­cientes entre seis meses a seis años de lo que se con­sidera como tipo base. Y un agravante aumentaría el marco penal hasta diez años”, indicó.

La secretaria de Estado aclaró que no necesaria­mente implica el decreto de prisión preventiva auto­mática en el caso de pro­cesamiento, porque en el 2019 el Congreso Nacio­nal volvió a modificar la Ley 4431/11, devolviendo al juez la facultad de ana­lizar los presupuestos de la prisión preventiva que debe darse conjuntamente al momento de resolver sobre la privación de liber­tad durante el proceso.

“Ratificamos que es el Poder Judicial el que realmente va a aplicar la ley, interpre­tando de acuerdo a los ele­mentos que obren en cada caso concreto”, concluyó.

La UIP expresó su apoyo a la promulgación de la ley de invasiones.

La Unión Industrial Para­guaya (UIP) expresó, mediante su cuenta de Twi­tter, el apoyo a la promulga­ción de la ley que aumenta las penas carcelarias por invasión de la propiedad privada.

El gremio afirma que sin seguridad jurídica no habrá inversiones, trabajo, ni recur­sos para financiar mejoras en salud, educación y seguridad para todos los paraguayos.

Desde la UIP entienden que la promulgación de la men­cionada ley “es un paso dema­siado importante hacia la mayor seguridad jurídica, tan necesaria para el desa­rrollo económico y social”.

Así también señalan que la mencionada legislación será un elemento disuasivo para quienes han hecho del fla­gelo de la invasión un ins­trumento extorsivo, bajo la permanente manipulación política a algunos sectores de la sociedad.

Resaltaron además que solo con el respeto estricto al Estado de Derecho se ten­drán las condiciones para lograr el tan acuciante desa­rrollo económico, que traerá consigo oportunidades para todos los paraguayos.

El ex fiscal general Óscar Latorre afirmó que, mientras la ley no se cumpla, seguiremos soportando la acción de estos sectores.

El ex fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre afirmó que los políticos populistas que respaldan las manifesta­ciones violentas y utilizan a los campesinos e indíge­nas para lograr cumplir sus fines personales deben ser imputados por el Ministe­rio Público.

“La Policía Nacional debe detener a estos delincuen­tes que pretenden coaccio­nar al Congreso para seguir invadiendo inmuebles aje­nos. Lo que está ocurriendo es una vergüenza y los polí­ticos que apoyan estas manifestaciones violentas también deben ser imputa­dos por la Fiscalía”, men­cionó.

“Es imposible defender la vio­lencia programada de estos manifestantes, que mere­cen ser imputados y presos porque la ley así lo impone. Mientras la ley no se cum­pla, seguiremos soportando la acción de políticos populis­tas que utilizan a indígenas y campesinos”, sostuvo.

El abogado nuevamente instó a la ciudadanía a permanecer en alerta ante políticos que pretenden instalar una agenda de caos en el país con la finalidad de impulsar una crisis social.