La Comisión Anticon­trabando de la Cámara de Senadores reci­bió ayer al senador colorado Martín Arévalo y al director de Aduanas, Julio Fernández. Ambos fueron citados para aclarar las denuncias realiza­das uno contra otro, ocasión en que los dos se ratificaron en sus acusaciones.

Arévalo negó una vez más cualquier tráfico de influen­cias en Aduanas y reclama a Fernández la falta de pre­caución en el cuidado de las mercaderías decomisadas por contrabando.

“Estoy acá para defender derechos del Estado, creo que hay un daño patrimo­nial de casi US$ 3 millo­nes que podían ser para el Ministerio de Salud, no puede quedar impune, la gente responsable debe pagar con sus bienes el hecho”, sostuvo.

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Además, negó el supuesto tráfico de influencias para lograr la contra­tación de dos per­sonas en Adua­nas y aseguró que es una “cortina de humo”, por­que alegó que jamás pidió a nadie, y nadie le ofreció algo a cambio. “¿De qué tráfico de influencias hablamos?”, recriminó.

“Creo que es un montaje para desviar la atención de lo que pasó”, explicó el sena­dor. Denunció que Aduanas no se interesó en hacer un seguimiento al robo de las mercaderías. “Un año no movió el expediente la Fis­calía”, cuestionó.

Por otra parte, hizo referen­cia al contrato con el depósito Gical, mencionando que no era res­ponsabilidad del estableci­miento la cus­todia de las mercaderías. Por eso responsabiliza al director de Aduanas por no establecer la seguridad necesaria o buscar seguros para resguardar las cargas millonarias que ya pertene­cían al Estado.

“Hubo un complot, fue un hurto, no había guardias, ni alarmas, nada, el único guar­dia salió”, declaró el senador. Ante este hecho, el legisla­dor presentó la denuncia de hurto de las mercaderías el 24 de agosto del 2020 en el depósito Gical, luego las mercaderías res­tantes denunció que se vendieron a EMEKU, a un costo menor.

Reiteró que Julio Fernández es res­ponsable institu­cionalmente de las mercade­rías robadas. “Escuchamos que responsabiliza a Gical, es mentira, por contrato el director tenía que precau­telar las cargas. Aduanas libera el depósito y una rosca mafiosa se pone de acuerdo para robarle al Estado, mer­caderías declaradas en comi­sos”, concluyó.

Por su parte, el director de Aduanas, Julio Fernán­dez, también se ratificó en su denuncia inicial con­tra el senador. Expuso una estructura que se monta para el contrabando de electrónica, donde el legis­lador trata de influenciar para colocar a funciona­rios en cargos estratégicos que permitan el tráfico de electrónica.

Al retirarse de la Sala de Sesiones sostuvo que después de sus acusa­ciones trabaja más tranquilo, sin visi­tas ni llamadas. “Solo denun­cio el tráfico de influencias, les soy sin­cero, desde que pasó eso (la presenta­ción de denuncia de tráfico de influen­cias al senador) tengo una tranquilidad trabajando, nadie me visita, poca gente me está llamando por telé­fono”, expresó. Todos los sectores marcaban visita en su despacho de Aduanas, como desde empresarios y despachantes, explicó, pero “hoy estoy siendo más pro­ductivo”, alegó al retirarse.

Durante su declaración en la comisión, el director expuso la solicitud del senador para la designación de Miguel Medina como administra­dor de Terport San Antonio. Así como los mecanismos utilizados para adulterar los contenedores para que el ingreso sea legal y su rela­ción con estructuras que se manejan para el tráfico de electrónica.

“No es un tango que se baila entre dos, hablamos de una coreografía, habla­mos de importadores, fun­cionarios de Aduanas, des­pachantes y siempre algún padrino detrás de este tipo de negocios”, expresó.

Fernández explicó que en los despachos de las firmas de Gregorio Cubilla (se declaró dueño de la carga de contra­bando), intervino 282 veces Miguel Medina y 223 veces Luis Pereira, quie­nes fueron reco­mendados del senador.

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