La Asociación de Muni­cipalidades de Alto Paraná, integrada por 22 municipios, se pronunció sobre el proyecto de ley que convierte en crimen la inva­sión de propiedad privada. La agrupación manifestó el apoyo a la sanción de la modi­ficación planteada por la ban­cada de Patria Querida en la Cámara de Senadores.

La nota fue remitida al pre­sidente del Senado, Óscar Salomón, y está firmada por el presidente de la Asociación de Municipalidades, el inten­dente de Iruña, Justo César Gamarra, en representación de los 22 municipios. “Es sumamente preocupante el incremento de las invasiones a propiedades privadas argu­mentadas en el hecho de que cada paraguayo tiene derecho a poseer un pedazo de tierra, en la mayoría de los casos uti­lizan la fuerza para el ingreso con ayuda de los políticos inescrupulosos”, dice parte de la nota remitida al titular del Congreso.

Además, se señala en el texto que estos políticos se bene­fician de esta situación a espaldas de los ciudadanos humildes que permanecen de manera ilegal en las pro­piedades, amedrentando a los propietarios, a los traba­jadores e incluso a las auto­ridades. “Esta práctica causa perjuicios a los verdaderos productores y ciudadanos que trabajan la tierra produ­ciendo alimentos”, se men­ciona.

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También se refiere a que los organismos auxiliares nece­sitan herramientas legales más claras y severas para san­cionar las invasiones. “Las tipificaciones actuales no brindan seguridad jurídica a los productores que labran la tierra para el sustento de sus familias y aportar al país alimentos y circulantes de divisas para el desenvolvi­miento del Estado, es nues­tro deseo trabajar en paz y tranquilidad”, puntualiza el comunicado.

BUSCARÁN UNIFICAR PROYECTOS

El senador colorado Anto­nio Barrios considera opor­tuno que se logre sancionar a quienes infringen la ley y no respetan la propiedad pri­vada. Espera que el pleno de la Cámara Alta acompañe las dos propuestas planteadas que buscan penalizar las invasiones y, por otra parte, plantea la suspensión de los subsidios a quienes invaden propiedad privada.

“Presentamos el proyecto de ley para convertir en crimen las invasiones, en simultáneo se presentó otro, la idea es unificar (los proyectos) por­que coinciden, así se forta­lecen los votos para dar san­ciones porque las invasiones son una epidemia en el país”, aseguró el legislador en con­tacto con la 650 AM.

En ese sentido, recordó los abu­sos que se dieron en el caso de la estancia Pindó y otras invasio­nes que existen hoy en día, por lo que insistió en que “es una necesidad que sea castigado (el invasor), debe ser un crimen y ser sancionado”, indicó.

En Colonias Unidas exigen respeto a la propiedad privada

Afirman que las invasiones generan un ambiente hostil cargado de incertidumbre y caldo de cultivo para los que ejercen la política al margen de la ley.

El consejo de administración de la Cooperativa Colonias Unidas Agropecuaria Indus­trial Limitada manifestó su acuerdo respecto al proyecto de ley que propone tipificar como crimen la invasión de propiedad privada e insta a la Cámara de Senadores a la aprobación del planteamiento.

Argumentan que el Estado de Derecho garantizado en la Constitución exige el respeto a la propiedad privada y que todas las cuestiones relativas a la posesión se resuelvan en instancias administrativas o judiciales respectivas.

La propuesta legislativa plan­teada por senadores de varias bancadas será tratada en la sesión ordinaria de este jueves 2 de setiembre. En ese sentido, los directivos de la mencionada cooperativa, consideran que la invasión de inmuebles sola­mente “genera un ambiente hostil, cargado de incertidum­bre y caldo de cultivo para los que ejercen la política al mar­gen de la ley, y, que al final de cuentas, perjudica a ambas partes, interrumpiendo el ciclo productivo, sin llegar a discu­tirse el fondo de la cuestión”, expresa parte del comunicado.

Asimismo, los miembros de la cooperativa expresan su apoyo total al planteamiento presentado por legisladores de la Cámara Alta, sobre tipificar como crímenes las invasiones de propiedad privada e instan a la Cámara Alta a la aprobación.

Cabe señalar que el Senado analizará dos proyectos rela­cionados entre sí. Por una parte, el que plantea que la invasión de propiedades pri­vadas sea tipificada como crimen y no como un simple delito. Por otra parte, trata­rán el proyecto que suspende el subsidio estatal a quienes estén procesados por invasión de tierra.

Comunidad indígena pide elevar penas a ocupaciones

Bajada Guazú remitió una nota a los senadores en la que expresaron su apoyo a la aprobación del proyecto.

La comunidad indígena Bajada Guazú, liderada por Mario Cayetano Oliveira Benítez, remitió ayer al titu­lar del Congreso Nacional, el colorado Óscar “Cachito” Salomón, una nota en la cual respaldan los proyec­tos de ley presentados en la Cámara Alta, que pretenden elevar las penas contra los invasores de las propieda­des privadas, y tipificar el hecho punible como un cri­men y ya no un delito.

“Hemos tomado conoci­miento por el comunicado emitido por el Consejo de Líderes Indígenas, dirigido por Derlis López, por el cual manifiestan su rechazo al proyecto de ley que modi­fica el artículo 142 de la Ley 3440/2008, que modi­ficó el artículo 142 de la Ley 1160/1997, Código Penal, aludiendo que este ame­drenta los derechos de las comunidades indígenas”, sostiene la nota.

El líder indígena confirmó que su comunidad no se adhiere a tal manifiesto y, por el contrario, solicita a los legisladores aprobar el proyecto de ley.

“Nos encontramos comple­tamente ajenos a todo lo expresado, es por eso que, al contrario, deseamos por este medio hacerles lle­gar a los senadores nuestro acuerdo y conformi­dad con el citado proyecto, reiterando nuestro apoyo a la defensa de la propie­dad privada, lo cual debe­ría ineludiblemente garan­tizarse paralelamente a la correcta y eficiente imple­mentación de las políticas públicas dirigidas a los pue­blos indígenas”, sostienen.

Las iniciativas pretenden establecer una condena de hasta 6 años de cárcel y, en caso de que se produzca daño patrimonial, que la pena llegue hasta a 10 años de privación de libertad.

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