El analista económico Amílcar Ferreira sostuvo ayer que no existen las condiciones de cumplir con la exigen­cia del sector público, de vetar la Ley 6603 de “Con­solidación económica”, que prohíbe el aumento de salarios a los funciona­rios públicos. Explicó que este año es absolutamente imposible de cumplir con cualquier aumento en el sector público debido a la crisis económica como con­secuencia de la pandemia.

En comunicación con La Nación, el especialista explicó que las condicio­nes económicas del país no están dadas para elevar salarios en el sector público debido a que el Estado viene arrastrando un déficit fis­cal del 6,1% a raíz de la pandemia del año pasado; mientras que este año se proyecta un déficit de 4,1%. “El nivel de endeudamiento ya llegó a un techo, por eso no están dadas las condi­ciones para elevar salarios”, precisó.

Amílcar Ferreira.

Asimismo, Ferreira remarcó que el sector público fue prácticamente el único sector que estuvo cobrando el salario com­pleto durante toda la pande­mia, sin sufrir descuentos. Indicó que el sector público prácticamente no hizo un esfuerzo similar como lo hizo el sector privado, que tuvo que ajustar cinturones por la caída de las ventas, y el cierre de sus comercios.

Insistió que por la situación económica, y la baja recau­dación fiscal, es imposible hablar de aumento sala­rial para el sector público. “Creo que el funcionario público debe comprender esto, que el Paraguay está en una situación delicada, y absolutamente no hay con­diciones para elevar sala­rio este año, tampoco para el presupuesto del año que viene”, explicó.

Al respecto, señaló que se debería esperar que las recaudaciones fiscales ten­gan un crecimiento econó­mico y se recomponga el próximo año y, tal vez para el 2023 podrían haber con­diciones diferentes. “Pero en este momento, hasta sería una irresponsabilidad hablar de aumentos salaria­les cuando no hay ingresos para cubrir esos aumentos. Así de simple, hay que pos­tergar todas las solicitudes de aumentos de salario, y el sector público que cobró todo su salario durante toda la pandemia debe compren­der que el resto del país, el sector privado que no tra­bajó, hizo un gran esfuerzo para contribuir con los impuestos y de esa manera permitir el financiamiento para que el sector público siga cobrando su salario al 100%. Es el momento de que ellos acompañen y comprendan la situación”, acotó.

EXIGEN VETO DEL EJECUTIVO

Ayer varios sindicatos del sec­tor público se manifestaron en Asunción contra de la ley de consolidación económica, en rechazo a la prohibición del aumento salarial de los fun­cionarios estatales. Entre los trabajadores presentes estu­vieron los de Petropar, Dina­tran y Puertos, además de los miembros de la Confedera­ción de la Clase Trabajadora.

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Exigen recursos para ollas populares

Pobladores de los bañados Sur y Norte de Asunción se manifies­tan sobre la avenida Mariscal López frente a Mburuvicha Róga, donde piden el veto del presidente Mario Abdo Benítez a la Ley 6603 de Consolidación Económica que destinaba recursos eco­nómicos para la realización de ollas populares en los barrios carenciados de la capital y otros puntos del país.

Los manifestantes están en contra del recorte de presupuesto a las ollas populares que alimentan a miles de familias y significan un gran apoyo a la alimentación familiar para barrios carencia­dos. Exigen a Mario Abdo Benítez una respuesta inmediata al grito de “¡Las ollas no se cierran!”.

“Exigimos que el Presidente vete parcialmente la Ley de Conso­lidación Económica, ya que Diputados sacó el presupuesto que iba a ser utilizado para las ollas. La ley autorizaba la entrega de 5 millones de dólares para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para las ollas populares”, dijo Cira Novara, vocera de los pobladores.

La Cámara de Diputados se ratificó en su versión original sobre el proyecto de ley “que establece medidas transitorias de con­solidación económica y de contención social para mitigar el impacto de la pandemia del covid-19”, que retira el presupuesto destinado para las ollas populares. En ese sentido, el documento fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su promulgación.

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