La senadora Geor­gia Arrúa, del Par­tido Patria Querida (PPQ), denunció la asisten­cia del Gobierno a un grupo de invasores en la localidad altoparanaense de Itakyry. El conflicto vincula a varios indígenas liderados por supuestos activistas de dere­chos humanos. Al respecto, la legisladora señaló que pedirá informes a las insti­tuciones involucradas en el hecho.

“Voy a pedir informe sobre eso, es una vergüenza. Los propietarios tienen títulos y pagan sus impuestos al día, pero el Indi envía a los indígenas a sus tierras y la SEN les provee de insumos y materiales para construir en tierra ajena. Es decir, para el Indi y la SEN, los títulos del Indert no tienen valor”, sostuvo la parlamentaria en comunicación con el diario La Nación.

Desde el pasado 14 de agosto, seis familias due­ñas de propiedades priva­das viven lo que sería una verdadera pesadilla, ya que sus terrenos fueron invadi­dos por unos 100 indígenas bajo el amparo de políticos, activistas, oficiales de Jus­ticia y el propio Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). Afirman que existe una equivocación por parte de las autoridades y espe­ran una solución.

Según el argumento de la representante legal de una de las familias afecta­das, Michelle Betancourt, todo se da a partir de una medida cautelar emitida el 30 de julio por Magalí Zavala, jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.

Por otra parte, la senadora Georgia Arrúa se refirió también al ataque violento de un grupo de invasores registrado ayer en la Gana­dera Pindó, ubicada en el departamento de Canin­deyú.

“Es un grupo de delin­cuentes, los campesi­nos paraguayos que son labriegos y viven del producto de la tierra no cometen actos así. Toda esa zona de Canindeyú sufre por la ausencia del Estado y vive en zozobra porque los grupos arma­dos de narcos que que­man reservas para plan­tar marihuana hacen lo que quieren. Incluso, usan a los indígenas y jóvenes campesinos como mano de obra barata”, dijo.