El abogado Ricardo Preda se refirió sobre el paro de transportistas que para­lizó la libre circulación de los ciudadanos y señaló que un eventual acuerdo entre el Gobierno y los camione­ros para despejar las rutas no los exonera de los hechos punibles cometidos por los trabajadores del sector, y el proceso en la Fiscalía igual debe continuar, tras la denuncia presentada por varios gremios bajo su patrocinio.

“El acuerdo no exonera la comisión de un hecho puni­ble. Si ellos revén su posi­ción podría servir ya en el marco de un juicio como una cuestión de atenuar la eventual sanción, pero no exime de la comisión del hecho punible”, explicó el abogado en una entrevista con canal Trece.

Sostuvo que los camione­ros pueden ser procesa­dos por coacción, coacción grave, coacción a órganos constitucionales y priva­ción ilegítima de libertad por el cierre de rutas que realizan desde la semana pasada en varios puntos del país. Explicó que también ponen en riesgo la vida de las personas al estacionar sus camiones en la ban­quina porque obstaculizan la visual, principalmente en horas de la noche.

Mencionó que los líderes de los camioneros insta­ron a sus colegas a realizar actos que atentan contra los derechos de terceros e incluso que los cabecillas marcharían sin piedad por Asunción si no se promulga la ley como ellos exigen, lo que implica una clara coac­ción a los órganos que deben definir las leyes.

“No hay presencia del Estado. Que negocie una persona, un particular para que se libere ya denota una ausencia absoluta del Estado. Aparte de la res­ponsabilidad penal, quie­nes han propiciado esto, sean políticos o camione­ros, están sujetos a la posi­bilidad de una demanda”, agregó.

La Cámara de Senadores aprobó en general el pro­yecto de ley de fletes. Los legisladores dejaron sin efecto el 25% de ganan­cia que exigieron desde un principio los represen­tantes de la Federación de Camioneros del Paraguay, pero continúa la medida de fuerza.