Ante la denuncia presentada por el abogado Ricardo Preda, en representación de varios sectores industriales y de la producción del país, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, conformó un equipo de agentes fiscales bajo la coordinación del fiscal adjunto Jorge Sosa. El equipo está integrado por Carmen Bogado, Eugenio Ocampos y Alcides Corvalán.
La Fiscalía dispuso también que los fiscales adjuntos de las diferentes áreas, a nivel país, deben organizar equipos de trabajo respectivos y coordinar tareas con el fiscal adjunto Jorge Sosa para recepción de denuncias de la Policía Nacional.
Preda solicitó al Ministerio Público investigar a los camioneros que llevan adelante una medida de fuerza para lograr aprobar un proyecto de ley que pretende fijar el precio del flete. El profesional señaló que se están cometiendo varios hechos delictivos, y pidió que sean investigados y castigados. Además, considera inconstitucional el proyecto de ley que los camioneros pretenden que sea sancionado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo. “Fuimos testigos del discurso de los dirigentes Roberto Almirón y Ángel Zaracho y ahí claramente había un mensaje, el de: ‘si no aprueban nuestra ley, marcharemos sin piedad en la capital’, parece una frase de Hitler. Estamos creando un monstruo. No podemos permitir como sociedad que un grupo minoritario nos imponga algo a todos los demás ciudadanos, ante la mirada cómplice del Estado paraguayo”, advirtió el letrado, en comunicación con el canal GEN. Indicó que se han visto actos violentos, amenazas y coacción a órganos constitucionales, cuando exigen a un órgano constitucional del Estado, como el Legislativo, resolver en un sentido dado.
La denuncia fue promovida por la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod).
Repudian coacción de libertades
Ante la creciente preocupación por el avance de un plan que está atentando contra las condiciones de las libertades y el desarrollo del sector privado que se sustentan en el respeto de las leyes dentro del marco de la Constitución Nacional, el Club de Ejecutivos sumó su voz de repudio contra el accionar de la Asociación de Camioneros que cuenta con el apoyo de un sector político.
Emitieron un comunicado en el cual manifiestan que este sector está queriendo coartar el derecho de ser libres para elegir. Cuestionan además la inaceptable exposición de un senador perteneciente al Frente Guasu, que alienta a un estado de violación de la convivencia pacífica y de trabajo para todos los ciudadanos, en alusión al senador Sixto Pereira. “Nos indica que su única intención es la destrucción del trabajador paraguayo, del emprendedor, del trabajador independiente y de las cadenas productivas que permiten sostener los ingresos de tantas familias”, expresa parte del documento.
Asimismo, repudian el nuevo modelo de país que busca imponer este sector, a través de violencia, atropellando las libertades y la Constitución Nacional, bajo el amparo de un sector político.
Piden no afectar derechos de terceros
El ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, lamentó ayer el cierre de rutas de los camioneros y pidió respetar los derechos de terceros porque la medida de fuerza de los trabajadores del sector atenta contra la Constitución Nacional, como el libre tránsito. “Es inconstitucional, se debe hacer cumplir las leyes y se debe garantizar la libre circulación. No se puede afectar los derechos de terceros, desde todo punto de vista es repudiable”, manifestó el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en comunicación con la radio 1080 AM.
Sostuvo que el reclamo de los representantes de la Federación de Camioneros del Paraguay puede ser justo, pero se debe garantizar el libre tránsito para todos los pobladores del país, como establece la Constitución Nacional y las demás normativas vigentes.
Castiglioni indicó que la Fiscalía debe intervenir de forma inmediata con la Policía Nacional para despejar las rutas porque está empezando el desabastecimiento en algunos productos, como la leche y el combustible, especialmente en el interior del país. “Es una vergüenza que estén perjudicando a millones cerrando las rutas, el Ministerio Público tiene que intervenir de inmediato. No solo están afectando a las grandes empresas, también a los pequeñas. Hemos conversado con varias industrias sobre la situación, en especial con la industria láctea”, agregó el secretario de Estado.