Ante la negativa de la Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), amparándose en el secreto bancario para evitar un allanamiento, se procedió a recurrir a una ley especial que avala al Ministerio Público a acceder a documentaciones relacionadas al caso que se investiga, un supuesto lavado de dinero entre Nicolás Leoz y el banco Atlas.
La orden para acceder a los documentos, solicitada por el Ministerio Público, fue firmada por el juez de Delitos Económicos y Crimen Organizado Humberto Otazú, quien realizó este procedimiento ante la negativa de la institución que supervisa el sector bancario.
Otazú señaló para el canal GEN y Universo 970 AM que la postura de la Superintendencia de Bancos pone en alto riesgo al Paraguay, teniendo en cuenta la evaluación del Gafilat que será próximamente. “Ese fue el argumento que utilizó el Ministerio Público y se constituye en un razonamiento lógico, jurídico y podría ser político, en cuanto al efecto país. Estamos a puertas de una evaluación de Gafilat. Realmente me sorprendió, por el buen trabajo que se viene realizando con la Seprelad, el BCP y la misma Superintendencia”, mencionó.
El juez explicó que existe una ley especial y que permite a ciertas instituciones usarla de herramienta válida para acceder a documentos que son focos de investigaciones, y entre los entes que pueden utilizar esta ley se encuentran el Poder Judicial, la Fiscalía y sus agentes fiscales. “Supongo que pudo no haber existido algún asesoramiento correcto con respecto a lo que dice esta ley especial. Esa circunstancia tendría ese contexto. Hubo un mal entendimiento y mal asesoramiento, no se evaluaron las circunstancias y la solicitud”, dijo Otazú.
El juez de Delitos Económicos y Crimen Organizado agregó que cuando el secreto bancario se levanta por ley, se debe dar fiel cumplimiento a la petición. Señaló que el funcionario responsable de la Superintendencia de Bancos podría tener un proceso penal en el caso de que hubiese existido perjuicio o retraso en la información.