La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) benefició en forma ilegal a la empresa Icrop SA para que se quede con el 70% de la recaudación de la explotación del negocio clandestino de las máquinas que operan en las calles. El ente regulador privatizó y delegó sus funciones en favor de una misteriosa empresa que estaría ligada a un político. La firma recauda en concepto de canon cerca del US$ 1 millón por mes, sobre la base de 25 mil máquinas. En la comisión de Hacienda del Senado advirtieron que se estaría frente a un supuesto esquema de lavado de dinero.
- POR JORGE TORRES.
- “LA CAJA NEGRA”. UNICANAL.
La Comisión Nacional de Juegos de Azar a través de una resolución y sin licitación previa otorgó a una empresa privada la facultad de censar, catastrar, explotar y cobrar un canon mensual por la explotación de máquinas callejeras de juegos de azar que operan en la clandestinidad. El caso fue revelado por una investigación del Grupo Nación la semana pasada.
La resolución número 34 de fecha 8 de octubre del 2020 del ente regulador, que beneficia a la empresa ICROP SA, autoriza la “nueva modalidad” de explotación con intervención en la operación del juego de azar de máquinas electrónicas de calle en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte o de azar. Se calcula que la firma ICROP SA mueve alrededor de US$ 1 millón por mes por la recaudación del canon.
Mediante esta resolución y sin licitación ni informe técnico ni jurídico que avale la decisión, la Conajzar autorizó a esta empresa privada para que realice el censo, catastro, fiscalización y hasta el cobro de un canon por cada máquina en funcionamiento.
El argumento de las actuales autoridades de la Conajzar, para justificar la decisión de delegar sus propias funciones y tercerizar el cobro del canon, tiene relación con incapacidad de control del negocio y la situación de hecho que se traduce en la proliferación indiscriminada de las máquinas chinas en sitios no destinados a juegos de azar.
Violentando su propia ley marco, además de otras resoluciones y decretos sobre juegos de azar, la Conajzar categorizó el negocio de las máquinas chinas como “una nueva modalidad de juego de azar de explotación transitoria” procediendo así a legalizar, a favor de una empresa privada, un negocio clandestino.
En la resolución en favor de ICROP SA estipulan que la empresa deberá abonar de forma mensual al Estado la suma de un jornal mínimo (G. 80 mil) por cada máquina censada, registrada y explotada efectivamente bajo la “nueva” modalidad. Sin embargo, de acuerdo a documentos recogidos por “La Caja Negra” la empresa cobra entre 450 mil y 300 mil por cada máquina. De esta manera la empresa ICROP SA se embolsilla más del 70% de lo recaudado por cada máquina.
En Paraguay la explotación y fiscalización de los juegos de azar se encuentran regulados por la Ley 1016 que establece el marco regulatorio para todas las personas físicas y jurídicas que deseen instalar y operar juegos de azar.
El artículo 4 de la Ley 1016 establece que la planificación, control y la fiscalización de los juegos de azar, de las actividades dedicadas a su explotación serán ejercidos por la Conajzar. Es decir, las facultades y atribuciones de la comisión poseen carácter legal y son indelegables.
Es decir, la propia ley de la Conajzar establece los límites y las atribuciones para la explotación de juegos de azar. Las máquinas de calle o máquinas chinas, como se conocen comúnmente a la explotación de juegos de azar callejeros, operan en total clandestinidad ya que se ubican fuera de las salas de juegos, por ende escapan a todo tipo de control, incluso del control municipal.
La Municipalidad de Asunción, en marzo de este año, resolvió declarar la inaplicabilidad de la resolución de la Conajzar por atentar contra el principio de la autonomía municipal. Consideran que no puede una resolución ajena al municipio disponer dónde se habilitarán locales de juegos de azar bajo la falsa premisa de “nueva modalidad”. Anuncian que pedirán a la Corte Suprema declarar la inconstitucionalidad de la resolución.
Se calcula que existen unas 25 mil máquinas distribuidas en todo el país, aunque tampoco se tiene un registro oficial y se especula que podrían llegar hasta 150 mil, número casi imposible para nuestro país. Pero partiendo de datos recabados desde la Conajzar serían 25 mil las máquinas callejeras clandestinas que operan a nivel país y la empresa ICROP SA recaudaría cerca del US$ 1 millón solo por el cobro del canon. Y el 30% de esta recaudación trasladarían al ente regulador. De esta forma, la propia Conajzar “legalizó” un negocio clandestino y encima delegó sus funciones.