El contralor general de la República, Camilo Benítez, no descarta recurrir al Poder Judicial si continúa la negativa de los directores de las binacionales a permitir las auditorías en sus instituciones. Afirmó que aguardará la reglamentación de la ley para ir calendarizando el inicio del trabajo. Adelantó que prevé iniciar con las auditorías en setiembre.
“Vamos a firmar la reglamentación para definir el calendario. La idea que yo tengo, como establecen dos por año, hacer cada seis meses una. Lo que me gustaría es iniciar en setiembre porque desde agosto es un mes muy intenso con todas las auditorías (...)”, expresó a radio 1° de Marzo.
“Ahora tenemos que sacar una resolución para una reglamentación de la ley, así como dispone la ley misma, a los efectos de hacer el calendario de inicio de las auditorías y las metodologías que serán utilizadas. Eso vamos a hacer esta semana”, sostuvo el contralor, en diálogo con la 1080 AM.
Explicó, además, que se intentará nuevamente ingresar a ambos entes binacionales, pese a la resistencia de los directores, particularmente de Itaipú. Benítez se mostró dubitativo en cuanto a que esta vez se permita el control, aunque ya exista una legislación que así lo dispone. “Yo no creo que las autoridades de Itaipú no accionen contra la ley. Es decir, creo que van a accionar porque es el criterio que tienen ellos, que la Controlaría no tiene la potestad de poder auditarles y que eso atenta contra el tratado y la soberanía brasileña”, dijo.
Recordó que las autoridades de Itaipú accionaron contra la anterior resolución de la Contraloría General de la República, que ordenó la auditoría basada en normas constitucionales. “Ahora, con esta ley, yo calculo que accionarán. Ojalá que no porque nos ahorrarán muchísimo trabajo. Nosotros vamos a ir firmes hacia adelante hasta donde nos dejen. Y vamos a utilizar esta ley que obviamente es una herramienta mucho más fuerte”, enfatizó.
Benítez advirtió que si nuevamente las autoridades se oponen a las auditorías, desde la Contraloría también se impulsarán acciones ante la Justicia para dar cumplimiento a la ley.
Por otro lado, Benítez mencionó que hay dos recursos impulsados, uno presentado por la binacional en contra de la resolución de la Contraloría para el inicio de la auditoría financiera a los fondos socioambientales, y la otra acción fue impulsada por la Contraloría ante la negativa de proveer la información requerida. “Yo solicité una medida judicial, un amparo judicial para que me den esa documentación, y el juez envió a la Corte por vía consulta porque entendía que existían normas constitucionales que podrían estar en juego. Llegó a la Sala Constitucional y el doctor Antonio Fretes amplió al pleno este caso en particular que tiene que estudiar la Corte”, refirió.
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