El contralor general de la República, Camilo Benítez, no descarta recurrir al Poder Judicial si continúa la negativa de los directores de las binaciona­les a permitir las auditorías en sus instituciones. Afirmó que aguardará la reglamen­tación de la ley para ir calen­darizando el inicio del trabajo. Adelantó que prevé iniciar con las auditorías en setiembre.

“Vamos a firmar la reglamen­tación para definir el calenda­rio. La idea que yo tengo, como establecen dos por año, hacer cada seis meses una. Lo que me gustaría es iniciar en setiem­bre porque desde agosto es un mes muy intenso con todas las auditorías (...)”, expresó a radio 1° de Marzo.

“Ahora tenemos que sacar una resolución para una reglamen­tación de la ley, así como dis­pone la ley misma, a los efec­tos de hacer el calendario de inicio de las auditorías y las metodologías que serán utili­zadas. Eso vamos a hacer esta semana”, sostuvo el contralor, en diálogo con la 1080 AM.

Explicó, además, que se inten­tará nuevamente ingresar a ambos entes binacionales, pese a la resistencia de los directores, particularmente de Itaipú. Benítez se mostró dubitativo en cuanto a que esta vez se permita el control, aun­que ya exista una legislación que así lo dispone. “Yo no creo que las autoridades de Itaipú no accionen contra la ley. Es decir, creo que van a accionar porque es el criterio que tie­nen ellos, que la Controlaría no tiene la potestad de poder auditarles y que eso atenta contra el tratado y la sobera­nía brasileña”, dijo.

Recordó que las autoridades de Itaipú accionaron contra la anterior resolución de la Con­traloría General de la Repú­blica, que ordenó la auditoría basada en normas constitu­cionales. “Ahora, con esta ley, yo calculo que accionarán. Ojalá que no porque nos aho­rrarán muchísimo trabajo. Nosotros vamos a ir firmes hacia adelante hasta donde nos dejen. Y vamos a utilizar esta ley que obviamente es una herramienta mucho más fuerte”, enfatizó.

Benítez advirtió que si nueva­mente las autoridades se opo­nen a las auditorías, desde la Contraloría también se impul­sarán acciones ante la Justicia para dar cumplimiento a la ley.

Por otro lado, Benítez men­cionó que hay dos recursos impulsados, uno presentado por la binacional en contra de la resolución de la Contralo­ría para el inicio de la audi­toría financiera a los fondos socioambientales, y la otra acción fue impulsada por la Contraloría ante la negativa de proveer la información requerida. “Yo solicité una medida judicial, un amparo judicial para que me den esa documentación, y el juez envió a la Corte por vía con­sulta porque entendía que existían normas constitu­cionales que podrían estar en juego. Llegó a la Sala Cons­titucional y el doctor Anto­nio Fretes amplió al pleno este caso en particular que tiene que estudiar la Corte”, refirió.

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