El gerente de Prestacio­nes Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, explicó a modo de cuantifi­car el impacto económico que implicaría la aplicación del Fallo y Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en favor de los 126 marinos mercantes, que presentaron una acción de inconstitucionalidad al topeo de las pensiones jubilatorias en el 2016. En ese sentido, señaló que solo en el primer mes demandaría el pago aproxi­mado de G. 30.000 millones para los 30 marinos que hoy en día están jubilados.

A fin de explicar el impacto que traería el cumplimiento del fallo de la Corte, Halley señaló que la demanda de inconstitucionalidad fue pre­sentada por 126 marinos mer­cantes, un colectivo laboral meritorio y sacrificado que tienen la particularidad que cotizan sobre montos muy elevados, por encima de los G. 50 a 100 millones men­suales. En la misma condi­ción hay muchos otros traba­jadores como los cotizantes de las binacionales, zona del este, los productores sojeros, etc. Indicó que de los 126 deman­dantes, hoy ya están jubilados 30 cotizantes.

Asimismo, señaló que la Ley Orgánica del IPS existe el haber jubilatorio, que esta­blece un techo de hasta 10 salarios mínimos, que hoy hace casi G. 23 millones. “La Ley del IPS dice eso, porque el modelo que tenemos es de reparto solidario, o capitaliza­ción colectiva, o fondo común. Lo que significa que aquellos que ganan bien, subsidian o financian a los que ganan poco. De manera a que aquellos que ganan poco, el salario mínimo o un poco más, tengan la segu­ridad que al reunir los requisi­tos el fondo común les financie su jubilación hasta la muerte, ese es el motivo de topear el haber jubilatorio, conforme a las cláusulas de capitalización colectiva”, explicó.

En ese sentido, señaló que al declarar inconstitucional esos artículos de capitalización colectiva, fallando en contra del tope jubilatorio, el modelo pasa a una capitalización indi­vidual. Entonces, el IPS va a tener que devolver al jubilado lo que cotizó, sin tope alguno. Indicó que no se puede cam­biar un modelo previsional, por vía de un fallo aunque sea de la Corte Suprema.

“Sumando todos los habe­res jubilatorios superiores, que habrá que regularizar; el primer golpe sería de 30.000 millones de guaraníes (5 millo­nes de dólares), solo el primer mes, para pagar a esos 30 jubi­lados nomás. Porque va a ser la regularización retroactiva al mes de jubilación de cada uno. A partir del mes siguiente, ya percibirían los 50, 80 o 100 millones de guaraníes de haber jubilatorio, de forma mensual y ahí se tiene un despropósito”, explicó.

A lo que añadió, que en un sis­tema jubilatorio como el para­guayo, en el que el haber jubila­torio, el más exuberante sea el fondo parlamentario en algu­nos casos, hasta para esa caja eso es vergonzoso, una jubi­lación de G. 80 millones; “no tiene sentido, es irreal para una economía como la nues­tra”, aseguró.

Además, señaló que el IPS tiene hoy en día a 6.092 trabajado­res que están cotizando por encima de G. 22 millones. Es decir, que en la medida que este grupo de personas vayan adquiriendo derecho a la jubi­lación de aquí en adelante, y este fallo se concreta, se con­firma; van a reclamar basados en la jurisprudencia que crea este fallo.

“Si no hacemos reforma ahora, hasta el 2065 se utilizaría las reservas técnicas, los ahorros de fondos de pensiones, para pagar los beneficios, porque los aportes no serán suficien­tes y para entonces se agotaría. Este fallo de la Corte modifica la naturaleza de capitalización colectiva, a capitalización indi­vidual, y que cada uno reciba según lo que puso, sin tope, ese horizonte, 2045, se viene para acá, aproximadamente, en 10 o 15 años”, advirtió.

En cuanto al comunicado emi­tido por la previsional, Halley reiteró que el fallo es una “ame­naza real” sosteniendo que “no tiene pie ni cabeza. Nues­tra gestión desde hace años es contarles a todos como se está administrando tu dinero. Hay un peligro y no voy a mentir, en eso yo no quiero entrar. Ahora si el discurso político circuns­tancial es que todo está tran­quilo, está bien, pero yo y mi personal como técnicos tene­mos que advertir. Nosotros no estamos tranquilos hasta que ese fallo no sea anulado, está la amenaza, tenemos que rever eso”, enfatizó.

Agregó que en los 74 años de la legislación vigente del IPS, es la primera vez que se tiene un fallo de esta dimen­sión por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “No solo este fallo manifiesta cierta debili­dad analítica de ese nivel, sino el Poder Judicial en sí tiene que hacer una revisión total de su mirada hacia lo social. Un ejemplo claro es que aten­demos en salud vía amparo a gente que no son aseguradas, está bien o mal, yo creo que está mal porque el IPS es de sus aportantes no de la ciuda­danía, pero para la ciudadanía lo siento mucho está la parte pública”, finalizó.

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