Los abogados Alfredo Enri­que Kronawetter, Jorge Kro­nawetter y César Alfonso, en representación de la acu­sada Patricia Ferreira, presi­denta de la firma Imedic SA, acusada por falsificar factu­ras de la firma Eurofarma, presentaron una apelación general contra la resolución de la jueza Clara Ruiz Díaz, quien fijó para el 29 de junio la audiencia preliminar donde se debía definir si los tres acu­sados enfrentarán un juicio oral y público. Ferreira está acusada por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medica­mentos no autorizados y aso­ciación criminal, por la falsifi­cación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nues­tro país.

El escrito de los abogados de la acusada señala que no se presentó en tiempo y forma el requerimiento conclusivo del Ministerio Público. Con la presentación hecha por los citados profesionales del derecho se evidencia que la apelación es al solo efecto de dilatar el presente caso, por lo que la jueza y la Corte deben tomar carta en el asunto y si amerita iniciar un sumario contra los abogados por dila­tar el presente caso.

En el presente caso también están acusados Nidia Godoy Ojeda, directora titular de Imedic, y Néstor Domingo Ramírez Giménez, despa­chante de la Dirección Nacio­nal de Aduanas.

ACUSACIÓN

La acusación fiscal refiere que se falsificaron diez facturas de la firma Eurofarma, que posi­bilitaron el ingreso a nuestro país de medicamentos de la India y China cuya calidad se pone en duda. Asimismo, señalaron que los medica­mentos ingresados a Para­guay fueron negociados y dis­tribuidos peligrosamente al mercado nacional.

La extensa acusación dice: “Estas perso­nas han sido protagonistas de hechos propios y diferencia­dos con una fenomenología fáctica que en gran medida las conecta firmemente con un común denominador, preci­samente la decisión operati­vizada por Ferreira Pascotini, Godoy y Ramírez para unirse y perpetrar graves conductas que dieron consistencia a uti­lidad a la organización crimi­nal que lograron erigir para alcanzar sus metas atenta­torias contra bienes jurídicos tutelados por el Paraguay”.

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