La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó la apertura de una investigación penal para que se analice la denuncia formulada por la abogada Gilda Burgstaller, quien recurrió al Ministe­rio Público solicitando que se investigue a los que resul­taren responsables directos de los presuntos hechos puni­bles de homicidio y lesión de confianza de los cuales fue víctima la ciudadanía para­guaya. Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz son los encargados de realizar la investigación, y llegar, si es posible, hasta los responsa­bles de los hechos denuncia­dos.

La denuncia menciona que el actuar del Gobierno de turno es absolutamente negligente y doloso, atendiendo a que las autoridades facilitaron con su falta de acción que más de 8.000 paraguayos hayan per­dido la vida a causa del covid-19 y las familias que han que­brado en el intento de salvar la vida de sus parientes, solven­tando los elevados gastos que genera la enfermedad.

Del mismo modo, refiere que el Gobierno no utilizó los recursos que fueron libera­dos para la compra de vacu­nas, camas de terapia, medi­camentos, insumos, equipos de protección para el personal médico, y que esto conllevó a que muchos de ellos hayan perdido la vida intentando salvar a otros y también un gran perjuicio patrimonial.