Tras la acción de inconstitu­cionalidad promovida por la Itaipú Binacional para impe­dir que los gastos sociales sean auditados, la Contralo­ría General de la República (CGR) ratifica que tiene potestad para realizar la fis­calización financiera.

Sobre el punto, el direc­tor jurídico del mencio­nado ente contralor, Darío Ortega, afirmó que la insti­tución aguardará el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Era algo que estaba dentro de las previsiones de la Con­traloría, es más el pedido de intervención judicial, el juez también había remitido los antecedentes a la Corte. En consecuencia, ahora vamos a esperar el trámite que le da”, sostuvo en contacto telefó­nico con la 780 AM.

Dijo que en principio la Corte está obligada a hacer un examen formal de la pre­sentación y puede incluso rechazar in limine la acción presentada por Itaipú. “Si es que le da trámite, vamos a esperar la copia de traslado, luego vamos a esperar la opi­nión del fiscal del Estado y luego pasa a estado de sen­tencia”, explicó con relación al procedimiento a seguir en caso de que la acción sea admitida por la máxima ins­tancia judicial.

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Recordemos que desde la Itaipú argumentan que allí no hay cuentas nacionales, sino binacionales, y desde la Contraloría no se comparte ese criterio. Ortega indicó que desde el 2012 todos los ingresos que tiene el lado paraguayo en la hidroeléc­trica forman parte de las cuentas nacionales. Sostuvo que tampoco es correcto ale­gar que se necesita también autorización del lado brasi­leño para poder auditar del lado paraguayo. “Espera­mos que la Corte no demore mucho en dar una respuesta”, concluyó.

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