Cuando el Paraguay sea evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la prueba más importante será demostrar la eficacia y eficiencia en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El análisis se dará en el segundo semestre de este año, ratifica Carmen Pereira, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“En todos los casos, no solo de Paraguay, el cambio de paradigma de la evaluación, de la anterior evaluación a la que fuimos sometidos, es el tema de la eficiencia y la eficacia que es un nuevo proceso por el cual todos pasamos”, explicó la experta en diálogo con canal GEN.
“Todos los países estamos en ese proceso en el cual no es suficiente decir tenemos una norma, la estamos aplicando. Hay que tener evidencias de esa aplicación”, acotó.
Dejanos tu comentario
Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
- Por Cinthia Mora
Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema paralelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta institución advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos manejos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.
La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normativas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
Las recomendaciones dadas por el organismo especializado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tampoco constancia de implementación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
RECOMENDACIONES SIN APLICAR
Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todos las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes hasta agosto de 2023.
Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrieron los sumarios respectivos contra los funcionarios responsables de las filtraciones y tampoco se pudo encontrar rastro alguno de aplicación de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.
En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado. Una investigación periodística reveló en julio de 2023 documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.
Dejanos tu comentario
Crimen en Taguató: cámara de apelación sigue sin resolver condena contra acusados
A un año de la condena de primera instancia contra los seis acusados por el terrible cuádruple homicidio ocurrido en la estancia Taguató de Mariscal Estigarribia, Chaco y hasta la fecha el tribunal de apelación de Filadelfia no resolvió si confirma la sentencia condenatoria o no de los condenados. La familia de los fallecidos pide que el caso se decida en segunda instancia.
Los camaristas del Chaco Emigdio Castillo, Shirley Romero y César Denis Macoritto, son los que deben decidir si confirman la condena contra los acusados por el cuádruple homicidio. En el terrible crimen ocurrido en julio de 2019 fallecieron Alcibiades Ayala Coronel, su esposa Francisca Nidia Núñez y sus dos nietos pequeños.
En el mes de diciembre del año pasado la querella adhesiva representada por la abogada Celeste Martínez Mussi presentó un nuevo urgimiento al tribunal de apelación para que pueda resolver si corresponde ratificar las condenas dictadas en primera instancia.
Te puede interesar: Segunda imputación contra Miguel Prieto se tramitará en juzgado de Asunción
Condena
En primera instancia, el Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Amado Yuruhan, Rosana Ortiz y Fanny Cáceres había condenado a 30 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad, totalizando 40 años de pena privativa de libertad, a Vicente Ramírez y su esposa Elizabeth Duarte Villalba, acusados por el cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
El colegiado también condenó a 12 años y 6 meses de cárcel a Cesáreo González, tras ser encontrado culpable por el delito de abigeato y producción de documentos no auténticos. Mientras que los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado.
Podes leer: Asalto en Villa Morra: encapuchados llevaron recaudación de local gastronómico
Dejanos tu comentario
Filtración Seprelad: en puertas de destrabar proceso penal de Mario Abdo y su gavilla
El proceso penal por siete hechos punibles que enfrentan el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, por la filtración de información de la Seprelad, debe destrabarse en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes de sala son los ministros de justicia Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diesel.
Los altos magistrados deben resolver la recusación infundada que presentó el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado Carlos Arregui, contra los camaristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Fleitas.
El ministro Benítez Riera es el preopinante en el presente caso y el mismo ya emitió su voto sobre la recusación contra los camaristas. Ahora, el expediente pasó al gabinete del ministro Diesel, quien deberá votar igualmente, ya sea en el mismo sentido o en disidencia, para luego emitir su voto el ministro Ramírez, sobre el planteamiento dilatorio de la defensa del imputado Arregui.
Te puede interesar: Detienen a una persona por robo de mercaderías en un local comercial
Una vez que se tengan los votos de los tres altos magistrados, se tendrá la resolución sobre la recusación que pesa sobre el Tribunal de Apelación. En caso de ratificarse la competencia de los camaristas, estos deben decidir sobre la recusación de la jueza Cynthia Lovera. Esta, a su vez, una vez que cuando sea confirmada, deberá estudiar más doce chicanas presentadas por los abogados de los imputados en el presente caso.
Hasta el momento, los abogados defensores de los imputados solo se dedican a presentar incidentes dilatorios, debido a que la imputación fiscal está bien elaborada y sostenida, conforme a los elementos de prueba que se recolectaron durante la etapa investigativa.
Entre las chicanas que se presentaron en el referido expediente judicial, se encuentra el recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia de fecha 14 de marzo de 2024, que admite el acta de imputación. Todos los imputados presentaron este recurso que es al solo efecto de dilatar el caso.
Imputación
En el presente caso, están imputados: Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola.
Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Dejanos tu comentario
Reacción policial debe mejorar
La viceministra de la Mujer, Silvia Blasco, manifestó que uno de los aspectos fundamentales para que sea efectivo el combate a la violencia contra la mujer mediante la implementación de las tobilleras electrónicas es mejorando la capacidad de reacción policial, si no se avanza en este punto, no se obtendrán los resultados esperados, sostuvo.
“Podemos tener todo el proyecto de la ley de las tobilleras, pero la reacción inmediata debe realizar la Policía Nacional y se debe constatar si tienen recursos humanos para reaccionar. Eso lo analizamos de manera interinstitucional, de que no podíamos ser irresponsables en lanzar esta ley de las tobilleras sin primero trabajar en esa primera reacción inmediata que es la Policía”, afirmó.
En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, la viceministra señaló que la cartera ha sido parte de una serie de reuniones que se llevaron adelante de manera interinstitucional donde se estudió la puesta en funcionamiento de la ley de las tobilleras electrónicas, que pese a que fue sancionada en el 2017, carecía de una reglamentación que imposibilita su aplicación.